Durante las últimas semanas, tras la reciente aprobación de la Ley N°21.600, mejor conocida como “Ley SBAP” y que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el inicio de su implementación no ha pasado desapercibida para una industria en particular: la salmonera.
Un reciente oficio emanado por el Ministerio de Medio Ambiente a los servicios públicos, informando sobre la entrada en vigencia de esta regulación y la suspensión del otorgamiento de concesiones en trámite, ha desatado una serie de injustificados cuestionamientos desde el gremio salmonero, quienes han señalado que con este oficio se estaría “ahogando” su actividad. Incluso han llegado a señalar que la ministra de la cartera tiene una posición ideologizada respecto a la salmonicultura.
En este sentido, es importante tener presente que la Ley SBAP tuvo 9 AÑOS de tramitación legislativa en el Parlamento, la cual en su artículo 92 señala que “(…)….para el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área”…. Esto referido a algunas categorías de áreas protegidas: Reservas Nacionales, Áreas de Conservación de Múltiples usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas.
Lo que no está diciendo la industria salmonera es que el artículo en cuestión fue aprobado en el año 2017 por la Comisión de Medio Ambiente del Senado y el 2019 por la Sala, siendo posteriormente modificado en la Cámara de Diputadas y Diputados, para luego –en una cuarta instancia– volver a su redacción original, siendo aprobado por ambas cámaras del Parlamento sin necesidad de pasar por una Comisión Mixta.
Lo que llama la atención de todo este despliegue mediático por parte del sector salmonero, es el cuestionamiento a una legislación que tuvo un largo proceso de tramitación y en el cuál ellos tuvieron más de una oportunidad de opinar sobre el tema que hoy cuestionan y al parecer no lo hicieron. En cambio, fue evidente su preocupación por algunos artículos en la última etapa de tramitación del proyecto de ley SBAP y, de hecho, fueron bastante agresivos para hacer valer su posición al respecto, pues hubo artículos que fueron rechazados debido a su influencia en Comisión Mixta. Entonces, ¿por qué ahora hacen tanto ruido? ¿qué les preocupa? Ellos dicen que el empleo, pero estos argumentos se distancian de la verdad, ya que si una concesión no ha sido otorgada menos puede tener trabajadores asociados, y justamente lo que hace el oficio del ministerio es informar que se suspende la tramitación de nuevas concesiones -no de las existentes- hasta la adecuada implementación de la ley.
Por otra parte, desde Fundación Terram nos llama profundamente la atención la poca preocupación que tiene esta industria por cumplir con las regulaciones vigentes en materia de concesiones, asociadas a la Ley Ambiental y a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).
Solo en materia ambiental, durante el año 2023 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha iniciado más de 35 procesos sancionatorios a empresas del rubro salmonero por sus centros de cultivo en el mar. Estos procesos sancionatorios tienen -en su mayoría- que ver con incumplimientos ambientales relacionados con el permiso ambiental que se les otorgó. A este ejemplo se puede sumar el bullado caso de Nova Austral que está actualmente en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), solo por dar algunos ejemplos.
En este sentido, resulta lamentable observar una industria tan enardecida en contra de una legislación, cuestionando el actuar del gobierno de turno e incluso del parlamento que aprobó la ley, pero que no es capaz de mirarse a ella misma y mucho menos se compromete en forma efectiva con el cumplimiento de la legislación vigente.
