La derecha, incluido el gobierno, está jugando con fuego. Y se puede quemar las manos. El acuerdo alcanzado el pasado 15 de noviembre por la mayoría de los partidos políticos, incluidos los que integran la coalición oficialista, buscaba abrir un cauce de solución política a la profunda crisis social que vivía el país recurriendo al titular de la soberanía, el pueblo de Chile, para que resolviera si quería una nueva constitución escrita en una hoja en blanco y de ser así, decidiera quienes debían redactarla-una convención mixta o una íntegramente elegida-, o si, por el contrario, mayoritariamente rechazaba tal posibilidad y mantenía la actual institucionalidad.
Andrés Allamand, que hasta el último minuto intentó impedir la firma del acuerdo, inventó aquello del “rechazo reformista”, una fórmula no contemplada en el acuerdo, para legitimar el rechazo, con la oferta de introducir reformas menores, más bien cosméticas, a la actual institucionalidad.
Sebastián Piñera fue más allá. Sosteniendo que lo sustantivo era el resultado y no los caminos, propuso un “decálogo” de contenidos esenciales que a su juicio debía contener la Constitución. Una versión ligeramente más sofisticada del rechazo reformista con el que busca ordenar a su coalición, tensionada por serias diferencias respecto del proceso constituyente.
Todas las encuestas serias señalan que la opción por el apruebo se impondrá por una amplia mayoría, que incluso puede superar los dos tercios. Es por esta razón que algunos personeros de la derecha intentan vanamente mimetizarse con el apruebo, en tanto que otros apuestan a una baja participación que le reste legitimidad al proceso. Y acortar las distancias entre el apruebo y el rechazo.
algunos personeros de la derecha intentan vanamente mimetizarse con el apruebo, en tanto que otros apuestan a una baja participación que le reste legitimidad al proceso.
Pero la verdadera batalla constitucional la derecha dura la librará en la convención constituyente. Primero con la elección de convencionales, en donde confían que una sola lista de derecha les permita convertirse en la primera minoría y superar la barrera del tercio que requiere para intentar mantener la llave de las reformas. En tanto que la oposición, dividida y fragmentada en listas alternativas, sin contar con las listas de independientes, neutrales o no neutrales, disperse sus fuerzas en varias listas, sin unidad de propósitos o acuerdos de contenidos esenciales que debiera contener una nueva constitución redactada en democracia. “Nosotros, a diferencia de la izquierda, sostenía el vocero de gobierno, tenemos claro lo que hay que defender en la Constitución”.
Pero la verdadera batalla constitucional la derecha dura la librará en la convención constituyente.
“Nosotros, a diferencia de la izquierda, sostenía el vocero de gobierno, tenemos claro lo que hay que defender en la Constitución”.
Aún está pendiente la redacción del reglamento acerca de los procedimientos para lograr acuerdos, Pablo Longueira lo ha expresado con claridad meridiana “Si no se acepta que en el reglamento inicial haya una votación del conjunto al final (doble ratificación), entonces no hay reglamento y no hay propuesta a los chilenos. Nos quedamos con la Constitución de 1980”.
Una tesis recogida oficialmente por el gobierno, como lo expresara el ministro de la SEGPRES, Cristián Monckeberg, en una indebida intromisión en el proceso constituyente, señalando que el texto final debía ser aprobado por al menos dos tercios de los convencionales antes de ser sometida al plebiscito ratificatorio. Dichos que fueron ratificados por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, señalando que una eventual nueva Constitución debía ser coherente y no inconexa.
El punto generó más de una discusión entre los partidos que gestaron el acuerdo (como en casi todos los temas incluidos en él. Entre ellos, el de los dos tercios para aprobar los contenidos). Al final se acordó que lo resolvieran los propios miembros de la convención.
Pero el verdadero espíritu del acuerdo del 15 de noviembre fue que ningún sector tuviera poder de veto y menos la capacidad de abortar el proceso constituyente.
Pero el verdadero espíritu del acuerdo del 15 de noviembre fue que ningún sector tuviera poder de veto y menos la capacidad de abortar el proceso constituyente. El quorum de dos tercios establecidos es un incentivo a los consensos. La idea es que cada sector extreme los esfuerzos para arribar a acuerdos y allí en donde no sea posible, dejar que sea el nuevo parlamento el que legisle sobre la materia. Esa es la filosofía de la hoja en blanco. En ningún caso que a falta de acuerdos se mantengan los preceptos de la actual constitución. Y menos que se pueda bloquear el proceso.
Esa es la filosofía de la hoja en blanco. En ningún caso que a falta de acuerdos se mantengan los preceptos de la actual constitución.
La opción de rechazo al proceso constituyente es perfectamente legítima, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo del 15 de noviembre, pero si se impone la opción por el apruebo, como indican todas las encuestas, entonces los convencionales deben sujetarse a los términos establecidos en el acuerdo. En su letra y en su espíritu.
La tensión social
La derecha puede apostar por el bloqueo al proceso constituyente. “Disputar artículo por articulo la Constitución de Jaime (Guzmán) a los bolivarianos”, como sostiene Pablo Longueira. Ello implica, nada menos, que frustrar las enormes expectativas ciudadanas en una nueva constitución redactada en democracia. Pero corre el enorme riesgo que este esfuerzo le explote en las manos.
“Disputar artículo por articulo la Constitución de Jaime (Guzmán) a los bolivarianos”, como sostiene Pablo Longueira.
El país vive un clima de enorme tensión social, apenas contenido por la pandemia. Si ya explotó el pasado 18 de octubre, con una impresionante masividad y hechos de violencia, nadie puede dimensionar adecuadamente la ira y frustración acumulada por los más de dos millones de chileno(a)s que han perdido sus empleos, de familias que han visto reducidos sus ingresos a menos de la mitad y el fantasma del hambre y extrema necesidad por los efectos de la pandemia.
Se conjugan todos los elementos necesarios para un nuevo estallido social. El país enfrenta una verdadera pandemia social. Con un gobierno debilitado y en su fase final, que no está haciendo lo necesario para prevenir un nuevo estallido 2.0, como se ha descrito. Una derecha insensible a las demandas ciudadanas, refractaria a los cambios, que busca abortar el proceso constituyente y restaurar el orden anterior al estallido. Y una oposición escasamente conectada con los movimientos sociales, dividida y fragmentada, distraída en escaramuzas, sin capacidad de procesar sus diferencias y unirse para levantar una alternativa de futuro.
Una derecha insensible a las demandas ciudadanas, refractaria a los cambios, que busca abortar el proceso constituyente y restaurar el orden anterior al estallido.
El país no tan sólo necesita de una nueva Constitución redactada en democracia que le abra camino a los cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda. Se requiere terminar con los privilegios que obstruyen construir una sociedad más justa e igualitaria. Un país en donde se distribuya de manera más justa y equilibrada el poder. En donde se reconozca a sus etnias originarias, se reparen los agravios y se reconozcan sus derechos. Amigable y respetuoso con el medio ambiente.
Joaquín Lavín, con sus habituales ambigüedades, intenta sumarse a quienes sostienen que el país debiera encaminarse hacia un Estado social y democrático de derechos, que supone un nuevo pacto fiscal, una nueva relación entre trabajo y capital un robusto sistema de protección social, con igualdad de oportunidades y resultados. Una superación del llamado Estado subsidiario, por uno proactivo y solidario. Un nuevo modelo de desarrollo inclusivo, sustentable y sostenible.
Es posible concederle el beneficio de la duda a algunos sectores de la llamada derecha social, en donde parece buscar insertarse el alcalde Lavín.
No es la derecha dura que está por el rechazo y busca frustrar el proceso constituyente, la que puede colaborar a construirlo. Tampoco este gobierno, que ha caído en la irrelevancia y juega sus descuentos. Es posible concederle el beneficio de la duda a algunos sectores de la llamada derecha social, en donde parece buscar insertarse el alcalde Lavín. Lamentablemente son minoría en su sector y su aparente conversión a los idearios socialdemócratas es muy reciente e incipiente.
Son los sectores populares y progresistas los que le han abierto el camino a los grandes cambios que ha experimentado el país a lo largo de su historia. Fueron las luchas obreras y de los trabajadores los que abrieron ese camino. Fueron los gobiernos radicales, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. El viejo Partido Radical, la Falange Nacional y luego la Democracia Cristiana. El partido Socialista y el Partido Comunista. Luego se agregó el Frente Amplio. Los millones de chilenos que reconquistaron la vía democrática en un plebiscito organizado en dictadura. Los gobiernos de centro izquierda, más allá de sus déficits, errores o insuficiencias. El progresismo en su más amplia diversidad.
Son los sectores populares y progresistas los que le han abierto el camino a los grandes cambios que ha experimentado el país a lo largo de su historia.
Y son estos mismos sectores, el movimiento social unido a los partidos progresistas, los que tiene como tarea asegurar una masiva participación y ganar ampliamente este nuevo plebiscito. Asegurar el éxito del proceso constituyente y construir una alternativa de mayorías que le cambie el rumbo al país, encaminándolo por la senda de los cambios y transformaciones que Chile necesita.
Y son estos mismos sectores, el movimiento social unido a los partidos progresistas, los que tiene como tarea asegurar una masiva participación y ganar ampliamente este nuevo plebiscito.
Un antiguo dirigente sostenía que una regla de oro de la política era sumar y multiplicar. Nunca restar o dividir. Una regla que muchos dirigentes políticos parecen haber olvidado. O quizás nunca la aprendieron.
Nunca restar o dividir. Una regla que muchos dirigentes políticos parecen haber olvidado. O quizás nunca la aprendieron.
