Por Pedro Elia
La circunstancia que dos ministros de Estado, el de Interior y el de Justicia, hayan inmediatamente reaccionado contra el informe de la Sección Chilena de Amnistía Internacional (AI Chile) sobre la situación de los derechos humanos, no solamente se explica por la gravedad de las aseveraciones que contiene, sino principalmente por el peso y la credibilidad internacional de que goza Amnistía Internacional.
La circunstancia que dos ministros de Estado, el de Interior y el de Justicia, hayan inmediatamente reaccionado contra el informe de la Sección Chilena de Amnistía Internacional (AI Chile) sobre la situación de los derechos humanos, no solamente se explica por la gravedad de las aseveraciones que contiene, sino principalmente por el peso y la credibilidad internacional de que goza Amnistía Internacional.
Si otro organismo no gubernamental hubiese señalado que “el gobierno del Presidente Piñera nos debe derechos, acciones concretas que impliquen disminuir la deuda pendiente que tiene Chile sobre la temática” y que “ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda ha crecido en lugar de disminuir”, con seguridad no habría merecido tal reacción oficial.
“el gobierno del Presidente Piñera nos debe derechos, acciones concretas que impliquen disminuir la deuda pendiente que tiene Chile sobre la temática” y que “ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda ha crecido en lugar de disminuir”, con seguridad no habría merecido tal reacción oficial.
Según el informe, salvo con la promulgación de las leyes de Identidad de Género y del Mecanismo Nacional de Tortura, que lograron una “disminución de la deuda”, en todo el resto el gobierno presenta un aumento de la deuda en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Incluso, cuando valora la Ley de Identidad de Género, AI Chile sostiene que es “restrictiva para jóvenes de entre 14 y 18 años, y excluye por completo la infancia trans”.
El Ministerio de Justicia respondió con un documento escrito, que responde pormenorizadamente el informe, al que califica como “carente de objetividad” y con “marcado sesgo ideológico”. Es más, se advierte que, con este informe, AI comienza una “campaña” contra el gobierno, denominada “Pásale la cuenta a Piñera” que, obviamente, debido al carácter de AI, puede adquirir dimensión internacional. Algo que se advertiría como una reedición de las campañas contra la dictadura, lo que para el actual Gobierno sería intolerable.
Sin duda, la dimensión de esa reacción se explica porque Amnistía Internacional puede convertirse en un adversario formidable. Se trata de la más importante y prestigiada entidad internacional no gubernamental del mundo, en materia de derechos humanos.
Sin duda, la dimensión de esa reacción se explica porque Amnistía Internacional puede convertirse en un adversario formidable. Se trata de la más importante y prestigiada entidad internacional no gubernamental del mundo, en materia de derechos humanos. Desde que fuera creada, en 1961, por el abogado británico Peter Benenson, centró su mandato en la libertad para los presos de conciencia, privados de libertad solo por sus convicciones políticas, religiosas u otras, sin haber recurrido a la violencia. Presos de conciencia había en los países del socialismo real y en la Sudamérica militarizada y entonces A.I. ganó credibilidad por su independencia y objetividad. Además, su mandato incluía la lucha contra la tortura y la abolición de la pena de muerte. La Sección Chilena de AI fue creada en plena dictadura, el 16 de marzo de 1983, por Santiago Larrain, Jaime Esponda, Mafalda Larraín y Felipe Pozo, pero el mandato vigente les obligaba a trabajar por todos los países del mundo salvo el propio.
Presos de conciencia había en los países del socialismo real y en la Sudamérica militarizada y entonces A.I. ganó credibilidad por su independencia y objetividad.
Hace algunos años, el mandato de Amnistía Internacional se amplió a temáticas nuevas, tales como los derechos económicos, sociales y culturales, los pueblos originarios, la mujer, losniños y niñas, el mundo la diversidad sexual, etc. Pero, además, la modificación del mandato permitió a las secciones nacionales, ocuparse también de la situación en sus propios países.
Sin duda, Amnistía Internacional se ha constituido como un importante grupo de presión en las sociedades democráticas, que cuenta con una extendida plataforma de respaldo internacional, particularmente en Europa y los Estados Unidos. Por ello, se explica la preocupación del Gobierno por la circunstancia de que A.I Chile se estaría apartando de la “lógica del diálogo”, y su invitación a “un diálogo respetuoso y propositivo”.
El reclamo del gobierno, en cuanto el informe incurriría “en una confusión conceptual entre estándares de derechos humanos y el mérito de las políticas públicas”, no tiene destino. Podría ser comprensible tal reclamo si se dirigiese a los organismos de supervisión de las Naciones Unidas, que deben ceñirse a aquellos estándares y que jamás habrían calificado como un déficit en materia de derechos humanos que el actual gobierno haya decidido no continuar con el proceso constituyente que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet o haber revisado el Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado por la misma Administración. Pero no es eficaz hacerlo a una organización no gubernamental.
“en una confusión conceptual entre estándares de derechos humanos y el mérito de las políticas públicas”, no tiene destino. Podría ser comprensible tal reclamo si se dirigiese a los organismos de supervisión de las Naciones Unidas, que deben ceñirse a aquellos estándares y que jamás habrían calificado como un déficit en materia de derechos humanos que el actual gobierno haya decidido no continuar con el proceso constituyente que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet o haber revisado el Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado por la misma Administración. Pero no es eficaz hacerlo a una organización no gubernamental.
Igualmente, los organismos del sistema de Naciones Unidas no están en condiciones de aludir a la política migratoria de “poner orden en la casa” como atentatoria contra los derechos humanos, salvo que se estableciesen violaciones específicas y comprobadas (tuvieron que pedir disculpas por hablar de “expulsiones colectivas”) y tampoco pueden calificar como tal la decisión de marginarse del Pacto Global de migraciones.
Igualmente, los organismos del sistema de Naciones Unidas no están en condiciones de aludir a la política migratoria de “poner orden en la casa” como atentatoria contra los derechos humanos, salvo que se estableciesen violaciones específicas y comprobadas (tuvieron que pedir disculpas por hablar de “expulsiones colectivas”) y tampoco pueden calificar como tal la decisión de marginarse del Pacto Global de migraciones. Pero, a un grupo de presión internacional que ha asumido un enfoque de progresión política de los derechos humanos ello le es perfectamente posible. Y es lo que hace AI Chile en su informe.
Además de esta diferencia entre un organismo intergubernamental de derechos humanos y un grupo de presión internacional que actúa en el mismo ámbito, es elemental tomar nota del cambio generacional y metodológico ocurrido en el análisis jurídico de la vigencia y promoción de tales derechos.
Además de esta diferencia entre un organismo intergubernamental de derechos humanos y un grupo de presión internacional que actúa en el mismo ámbito, es elemental tomar nota del cambio generacional y metodológico ocurrido en el análisis jurídico de la vigencia y promoción de tales derechos.
La aparición, con inusitada fuerza, de nuevas temáticas como los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y de géneros, los pueblos indígenas, el medioambiente y las migraciones, que Amnistía Internacional ha incorporado inteligentemente en su mandato, marcan un límite con la época en que el centro de la preocupación eran los derechos individuales a la vida, la integridad personal y la libertad individual. Por ello, el Gobierno se queja de que, el informe de AI Chile omita “deliberadamente los esfuerzos institucionales realizados por el Gobierno de Chile para investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos”.
“deliberadamente los esfuerzos institucionales realizados por el Gobierno de Chile para investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos”
En este cambio generacional y metodológico destaca, por ejemplo, el análisis relacionado de las violaciones a los derechos individuales con los derechos de determinados grupos sociales, como lo hace el informe de AI Chile cuando se refiere al asesinato de Camilo Catrillanca como ejemplo del trato injusto y la criminalización del pueblo mapuche, en un análisis que abarca el uso de los medios de comunicación y el manejo comunicacional.
En este cambio generacional y metodológico destaca, por ejemplo, el análisis relacionado de las violaciones a los derechos individuales con los derechos de determinados grupos sociales, como lo hace el informe de AI Chile cuando se refiere al asesinato de Camilo Catrillanca como ejemplo del trato injusto y la criminalización del pueblo mapuche, en un análisis que abarca el uso de los medios de comunicación y el manejo comunicacional.
También este cambio se manifiesta en el diverso lenguaje y perspectiva de evaluación de la situación de los derechos individuales, por las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, del cual este informe de AI Chile es un ejemplo, cuando trata el derecho a la libertad personal, relacionándolo con “el derecho a manifestarse en espacios públicos”, específicamente de los estudiantes.
También este cambio se manifiesta en el diverso lenguaje y perspectiva de evaluación de la situación de los derechos individuales, por las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, del cual este informe de AI Chile es un ejemplo, cuando trata el derecho a la libertad personal, relacionándolo con “el derecho a manifestarse en espacios públicos”, específicamente de los estudiantes.
Además de este cambio metodológico, algunas de aquellas nuevas temáticas aún no han sido recogidas por instrumentos jurídicos del sistema universal o regional de derechos humanos, aunque sí por la discusión que se desarrolla en los organismos correspondientes de la ONU y la OEA y por la avanzada movilización social en distintos países.
Es desde esta perspectiva que el informe de AI Chile acusa que la objeción institucional de conciencia no permite aplicar adecuadamente la despenalización del aborto en tres causales.
Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de los tratados internacionales vigentes guarda silencio sobre el aborto en cuanto derecho humano, pero a partir de los instrumentos generales, se han adoptado documentos consensuados sobre la relación entre la objeción de conciencia y el derecho de la mujer a la asistencia médica. Es desde esta perspectiva que el informe de AI Chile acusa que la objeción institucional de conciencia no permite aplicar adecuadamente la despenalización del aborto en tres causales. Análoga situación de lagunas del Derecho positivo internacional reemplazadas por documentos de consenso afecta a otras materias, como la diversidad sexual, que incluye temas específicos a los cuales alude el documento de A.I. Chile, como son la filiación y la adopción por parejas del mismo sexo.
En conclusión, razonablemente, el gobierno chileno se ha alarmado por la reaparición de Amnistía Internacional, ahora como adversario político internacional formidable, pero si desea enfrentarlo correctamente debiese considerar su crítica no según la perspectiva casuística de los procedimientos individuales ante los organismos convencionales o la jurisdicción americana de derechos humanos, sino políticamente, según la lógica que siguen hoy los movimientos sociales de derechos humanos.
En conclusión, razonablemente, el gobierno chileno se ha alarmado por la reaparición de Amnistía Internacional, ahora como adversario político internacional formidable.
