El 29 de junio, 11 partidos unificaron las 123 solicitudes de juicio político al Presidente Bolsonaro que se habían acumulado en la Cámara de Diputados de Brasil en un solo documento, que incluye más de una veintena de cargos que a juicio de los firmantes fundamentan su remoción del cargo.
Encabeza la solicitud la mayor fuerza de la oposición -el Partido de los Trabajadores- pero también se han sumado algunas personalidades que hasta hace poco formaron filas en el oficialismo, la más sorpresiva de las cuales es la diputada Joice Hasselman del Partido Social Liberal quien hasta 2019 fue jefa de la bancada oficialista en la misma Cámara.
La amenaza del juicio político al Presidente se realiza en un momento en el que su popularidad registra los niveles más bajos desde que accedió al poder hace ya más de dos años con una votación del 55% del electorado. La última encuesta de Datafolha -una de las más consideradas- indica que el 54% de la ciudadanía está a favor del impeachment (era 49% en mayo) y que el 62% considera que Bolsonaro es incapaz de gobernar.
Pero no es solo la opinión pública la que comienza a dar la espalda al mandatario. También se han sumado a una oposición despiadada los principales medios y cadenas de comunicación que dominan el escenario informativo brasileño, de orientación conservadora, y que jugaron un papel central en la destitución del Gobierno de Dilma Rousseff y en la campaña de destrucción de imagen de Lula, liderada por el entonces juez Moro a través de la denominada operación Lavajato.
“O Estado”, tradicional periódico de la derecha dura paulista, afirma editorialmente que “Jair Bolsonaro ya no está en condiciones de permanecer en la Presidencia”. Agregando que se comporta “como un niño mimado… atormentado por una sucesión de desgracias morales, políticas, criminales y administrativas”. Folha de Sao Paulo, de orientación más liberal y moderada, describe al Presidente como “deshonesto, insincero, desprevenido, indeciso, autoritario y sombrío”. Asimismo, la poderosa e influyente cadena Globo se ha sumado a la campaña para incitar al Presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, a dar curso al impeachment. Él es la autoridad que tiene la facultad para dar curso al proceso de juicio político.
No es simple discernir los motivos que han llevado a un sector considerable de la derecha brasileña a profundizar una crisis política que supondría la segunda destitución de un Presidente por el Congreso en menos de cinco años. Resultan evidentes los efectos perniciosos del mal gobierno y la naturaleza arbitraria y divisiva del liderazgo presidencial, así como su capacidad para confrontarse con los otros poderes del Estado -Judicial y Parlamentario- e inducir la intervención política de las Fuerzas Armadas, en un nivel desconocido desde la recuperación democrática. Pero tampoco es descartable que exista el temor de que, de no producirse un cambio radical en el escenario político, todo indica que las posibilidades de que el próximo presidente del país sea Lula son muy altas. Todas la encuestan señalan que Lula vencería a Bolsonaro tanto en primera como en segunda vuelta, y en esta por un margen de más de veinte puntos. Y sectores muy influyentes de la derecha y el empresariado mantienen un rechazo visceral al expresidente, por razones difíciles de entender racionalmente. Bien miradas las cosas el Gobierno de Lula fue de un reformismo moderado y exitoso. Pero suele ocurrir que los sectores dominantes caigan presos de los fantasmas que ellos mismo inventan y alimentan.
La viabilidad del impeachment depende de que las fuerzas que lo impulsan logren alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La experiencia demuestra que, en regímenes presidenciales, si el gobierno logra mantener un tercio del parlamento a su favor queda a salvo de eventuales acusaciones constitucionales. Hasta hoy día Bolsonaro cuenta con un apoyo mayor gracias a su alianza con el conjunto de partidos que componen el denominado Centrao -o gran centro en castellano- multiformes y clientelares pero numerosos, y de las bancadas que representan a los evangélicos, los intereses de los agroexportadores y los ex miembros de las policías y las fuerzas armadas diseminados en estas y otras formaciones políticas. Es una alianza que requiere ser permanentemente reforzada a cambio de concesiones, sean políticas o prebendarias, que dan estabilidad al Gobierno, pero desmiente cotidianamente la promesa de Bolsonaro de realizar una gestión libre del clientelismo y de tutela de los partidos.
La pérdida de apoyo ciudadano del Gobierno tiene variadas explicaciones, pero dos parecen ser las más relevantes. Una es la desastrosa gestión de la pandemia del Coronavirus que ha significado que Brasil sea el segundo país del mundo con la mayor cifra de muertos. Estos ya suman más de 500 mil. Sistemáticamente, y hasta hoy día Bolsonaro se ha negado a reconocer la naturaleza y los efectos de la propagación de la enfermedad y a diseñar una política sanitaria coherente. Se ha instalado una Comisión Investigadora en el Congreso para evaluar la gestión sanitaria gubernamental. Cunden las imputaciones de un eventual genocidio. La segunda son la seguidilla de acusaciones de corrupción que involucran a la familia del Presidente, al área de salud del Gobierno y últimamente al propio mandatario. A los hijos y al Presidente se los acusa de haberse apropiado de las asignaciones de asesores cuando fueron parlamentarios, ya fueran estaduales o federales. A funcionarios del Ministerio de Salud, incluidos algunos militares, de millonarios sobornos con motivo de la compra de 20 millones de vacunas contra el Covid de un laboratorio indio.
Los procesos contra los hijos y los implicados del Ministerio de Salud están en curso. El Presidente no puede ser procesado por supuestos delitos cometidos antes de asumir el mando, sino al término de este. En cualquier caso, estos episodios tienden a destruir la imagen del hombre incorruptible que desde el poder iba a limpiar al Estado, con la que Bolsonaro realizó su campaña y ganó la elección de 2018.
El cuadro es el de un Gobierno acorralado que reacciona agresivamente. La última amenaza es que si no se cambia el sistema electoral la próxima elección presidencial de octubre de 2021 será fraudulenta. En Brasil existe un sistema de votación electrónica que es universalmente reconocido como seguro y transparente. Bolsonaro ha asegurado que se han producido fraudes sin aportar ninguna prueba, llegando a afirmar que “una elección sin voto impreso no podría ser considerada una elección”. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral ha defendido, obviamente, la transparencia del sistema y ha sido duramente atacado por Bolsonaro.
En medio de estas tensiones institucionales el Presidente del Tribunal Supremo Federal ha convocado a las cabezas de los tres poderes a un encuentro para reafirmar su compromiso con el orden constitucional. Bolsonaro aceptó la invitación, pero ha postergado su asistencia al encuentro por razones de salud.
En este complejo escenario el expresidente Lula se ha convertido en la principal figura de la oposición y en el liderazgo nacional de mayor peso. Ha logrado recuperar totalmente sus derechos políticos, luego que el Tribunal Supremo Federal anulara totalmente todas las sentencias que el Juez Moro pronunciara en su contra, y lo mantuviera detenido en Curitiba por más de un año. Los procesos pendientes han sido destinados a otros tribunales. En una reciente decisión ha decretado que las delaciones pactadas por Moro con la plana ejecutiva de la empresa Odebrecht son inválidas. Ha quedado en evidencia la parcialidad y los abusos jurídicos con que fueron llevados a cabo los procesos que lo involucraron.
Lula ha centrado su regreso a la primera línea de la política brasileña en la crítica al Gobierno por su manejo de la pandemia y en la necesidad de lograr un gran acuerdo nacional para enfrentarla, tanto desde el punto de vista sanitario, como económico y social. Ha evitado pronunciarse categóricamente sobre su eventual candidatura presidencial, pero es evidente su disposición positiva. Claramente apunta a ampliar su convocatoria más allá de los límites del PT.
Su encuentro con el expresidente Fernando Henrique Cardoso el 21 de mayo de este año ha tenido una fuerte carga simbólica. Adversarios enconados durante los últimos 25 años, su encuentro en un almuerzo “con mucha democracia en al menú” al decir de Lula, abre la esperanza de que las fuerzas democráticas de centro derecha y la izquierda brasileña puedan construir una convivencia que les permita defender la democracia y superar la actual crisis política. Fernando Henrique sostuvo que el apoyará la búsqueda de un candidato de su partido, pero que en segunda vuelta votaría sin duda por Lula frente a Bolsonaro. Vale recordar que hace solo hace poco más de dos años frente a la alternativa de Bolsonaro y Haddad, el candidato del PT, Cardoso se abstuvo.
