Por Álvaro Díaz
Hace aproximadamente un año, casi medio centenar de personas de centro-izquierda suscribimos una carta señalando que el juicio contra el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio da Lula, no respetaba el debido proceso y que fue una maniobra para sacarlo de la carrera presidencial. Lo hicimos habiendo estudiado las evidentes anomalías del caso, donde aparecían claras señales indirectas de colusión del juez Moro con los fiscales y algunas prominentes figuras del establishment político de centro-derecha.
Hace aproximadamente un año, casi medio centenar de personas de centro-izquierda suscribimos una carta señalando que el juicio contra el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio da Lula, no respetaba el debido proceso y que fue una maniobra para sacarlo de la carrera presidencial.
Asumimos esa posición sabiendo que seríamos criticados porque muchos creerían que lo de Brasil era una suerte de espejo de lo que ocurría en Chile, vale decir que la justicia en ese país era imparcial y de que el juicio contra Lula demostraba, sin duda alguna, de que era un corrupto. Así ocurrió. En medio del silencio del gobierno, hubo una dura crítica en los editoriales de El Mercurio y La Tercera, así como de destacados periodistas críticos de la corrupción en Chile sea por TV o en la prensa escrita. También, algunos dirigentes de izquierda, consideraron inaceptables las supuestas “justificaciones” de la corrupción y el “doble estándar” que habríamos asumido al defender a Lula. Incluso hubo quienes, habiendo suscrito la carta, expresaron públicos arrepentimientos por haberlo hecho.
Los hechos posteriores demostraron que estaban profundamente equivocados, pero también evidenciaba que leyeron superficialmente los antecedentes, que no detectaron inconsistencias, ni prestaron debida atención a la evidencia de que aquel proceso judicial no respetaba el debido proceso.
Al poco tiempo, fue elegido Bolsonaro, un personaje con un discurso autoritario en lo político, conservador en lo cultural y neoliberal en lo económico. Un individuo que consideraba a Trump su héroe máximo y que saludó militarmente a John Bolton, el extremista asesor de Seguridad Nacional de EEUU. Su venida a Chile y sus declaraciones de admiración por Pinochet envalentonaron a la extrema derecha, pero también generaron repulsa social generalizada.
Pasó el tiempo y hace una semana el website “The Interceptor” decide divulgar el 1% de un vasto material con los chats entre el juez Moro y los fiscales dirigidos por Dallagnol. Lo que ese material evidencia es la estrecha colusión y coordinación entre jueces y fiscales para asegurar que Lula sería condenado y preso antes de poder participar en las elecciones presidenciales. Ello fue una actividad ilegal, expresamente prohibida por la Constitución y las leyes brasileñas, así como las de Chile. Se trata de una conducta que violó la esencia de los principios del debido proceso en un Estado Democrático de Derecho.
Pasó el tiempo y hace una semana el website “The Interceptor” decide divulgar el 1% de un vasto material con los chats entre el juez Moro y los fiscales dirigidos por Dallagnol. Lo que ese material evidencia es la estrecha colusión y coordinación entre jueces y fiscales para asegurar que Lula sería condenado y preso antes de poder participar en las elecciones presidenciales.
Quien dirige el website “The Interceptor” es el abogado y periodista Gleen Edward Greenwald, ganador del Premio Pulitzer 2014. Es el mismo que siendo periodista en The Guardian, develó los papeles de Edward Snowden, un subcontratista que trabajaba para el el programa de vigilancia masiva PRISM que la NSA y la CIA dirigían desde EEUU.
Quien dirige el website “The Interceptor” es el abogado y periodista Gleen Edward Greenwald, ganador del Premio Pulitzer 2014. Es el mismo que siendo periodista en The Guardian, develó los papeles de Edward Snowden, un subcontratista que trabajaba para el el programa de vigilancia masiva PRISM que la NSA y la CIA dirigían desde EEUU.
El material divulgado no ha sido desmentido. En efecto, Moro y Dallagnol ponen el grito en el cielo acerca de la ilegalidad del hackeo, exigen investigación de la Policía Federal. Los diarios de Brasil divulgan sus declaraciones, pero también olvidan que el juez Moro hizo un hackeo ilegal del teléfono de la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff, para grabar e inmediatamente divulgar una conversación de ella con Lula. En su tiempo, ello fue reconocido como práctica ilegal en los medios, pero ni fiscales o tribunales jamás procesaron a Moro. Todo le estaba permitido en aquellos tiempos.
El escándalo de los chats Moro-Dallagnol tomó de sorpresa a todo el sistema político brasileño. Lo que se daba por cierto se ha derrumbado. Los diarios y noticieros TV que hicieron de Moro una suerte de héroe nacional, recién comienzan a reaccionar. La TV Globo que controla el 70% del mercado nacional de televisión, optó por defender a Moro y todo el pacto político-judicial que conspiró para sacar a Lula de la carrera presidencial. Otros medios, como Folha de Sao Paulo, han adoptado un enfoque algo más crítico. Pero todos saben que vendrán nuevas revelaciones y que estas pueden involucrar a medios, políticos de la vieja guardia de centro-derecha, así como a Bolsonaroy su entorno.
El escándalo de los chats Moro-Dallagnol tomó de sorpresa a todo el sistema político brasileño. Lo que se daba por cierto se ha derrumbado. Los diarios y noticieros TV que hicieron de Moro una suerte de héroe nacional, recién comienzan a reaccionar.
El escándalo Moro-Dallagnol presenta un enorme desafío ético, moral y democrático al sistema político, judicial y de medios en Brasil. Sin embargo, también es un desafío para Chile.
Los políticos, editores, periodistas en nuestro país que se apresuraron en condenar a Lula y a cuestionar a quienes lo apoyamos, pasaron por alto el doble fenómeno de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Ambos procesos no son lo mismo. En el primer caso, la judicialización de la política es la extensión de la lucha política hacia el terreno judicial, donde unos políticos acusan a otros de “corrupción” con el sólo propósito de que sea procesado y que su prestigio moral sea cuestionado. Quien lo hace, sabe que los fallos que podrían declarar inocente a los acusados vendrán años después, pero que la acusación siempre quedará. Otra forma de judicialización de la política es realizar pactos implícitos o explícitos que los lleva a impulsar leyes correctivas, pero que al mismo tiempo frenan procesos judiciales por ambos bandos.
Si en Argentina existe una suerte de “lawfare” o guerra político-judicial como dice el Papa, en Brasil hay una coalición conservadora mayoritaria que apoyó directa o indirectamente al juez Moro, maniobra que ahora les estalla en las manos.
La politización de la justicia tiene otro sentido. Se refiere a cuando jueces y fiscales se politizan y usan la justicia como trampolín para tomar partido y obtener más poder. Aunque en el Chile pos 1990 siempre hubo la tentación, su manifestación es mucho menos evidente que en Argentina o Brasil. En cambio, en Argentina y Brasil ha pasado lo contrario. Si en Argentina existe una suerte de “lawfare” o guerra político-judicial como dice el Papa, en Brasil hay una coalición conservadora mayoritaria que apoyó directa o indirectamente al juez Moro, maniobra que ahora les estalla en las manos.
Durante el proceso, Moro dialogó con Bolsonaro como ha sido reconocido públicamente y obtuvo la promesa de que sería ministro. Una vez nombrado propuso un programa de leyes sobre seguridad y represión altamente regresivas, acariciando la posibilidad de ser candidato a presidente en cuatro años más.
Los chats no dejan dudas respecto a la evidente y deshonesta politización de Moro y Dallagnol, que se concentraron en condenar a Lula. Durante el proceso, Moro dialogó con Bolsonaro como ha sido reconocido públicamente y obtuvo la promesa de que sería ministro. Una vez nombrado propuso un programa de leyes sobre seguridad y represión altamente regresivas, acariciando la posibilidad de ser candidato a presidente en cuatro años más.
Por su parte, el equipo de fiscales dirigidos por Dallagnol utilizó el proceso Lava-Jato para lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ). El objetivo fue que parte de una multa de Petrobras a ser pagada al DoJ, fuese canalizada hacia un fondo de US$ 600 millones dirigido por Moro y Dallagnol para “combatir la corrupción en Brasil”. Una vez que se dio a conocer a la luz pública, este gigantesco fondo fue cuestionado por la Corte Suprema de Brasil, porque era evidente que había sido constituido de manera ilegal y que existían fundadas sospechas de sus fines políticos, vale decir que sería para financiar la campaña de Moro a la presidencia de Brasil.
El objetivo fue que parte de una multa de Petrobras a ser pagada al DoJ, fuese canalizada hacia un fondo de US$ 600 millones dirigido por Moro y Dallagnol para “combatir la corrupción en Brasil”. Una vez que se dio a conocer a la luz pública, este gigantesco fondo fue cuestionado por la Corte Suprema de Brasil, porque era evidente que había sido constituido de manera ilegal y que existían fundadas sospechas de sus fines políticos, vale decir que sería para financiar la campaña de Moro a la presidencia de Brasil.
Bolsonaro fue elegido presidente gracias a los malos candidatos de la centro-derecha tradicional, el atentado con cuchillo y una hábil campaña en las redes sociales. Sin embargo, Lula era una evidente amenaza porque siempre apareció primero en las encuestas. Por ello el aporte de Moro fue providencial. Con la complicidad de un bloque de jueces y fiscales que habían tomado partido político, Bolsonaro logró encarcelar a Lula y sacarlo de la contienda presidencial.
No podemos predecir el destino de Brasil, porque todo el optimismo del corazón siempre debe matizarse con el pesimismo de la inteligencia, pero tengo la esperanza que la democracia chilena no caiga en manos de un Bolsonaro nacional. Y también tengo la certeza de que quienes criticaron ácidamente, pero sin inquina, a los 41 suscriptores de la carta a Lula reflexionen sobre lo que ocurre en Brasil y construyan una opinión más informada y más madura sobre la enmarañada relación entre corrupción, politización de la justicia y judicialización de la política.
No podemos predecir el destino de Brasil, porque todo el optimismo del corazón siempre debe matizarse con el pesimismo de la inteligencia, pero tengo la esperanza que la democracia chilena no caiga en manos de un Bolsonaro nacional.
