El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF) se dirige respetuosamente a las y los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara y, por su intermedio, a la Cámara en su conjunto para representarles la alta preocupación generada por los contenidos del proyecto de ley que Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Mensaje 192-366), algunos de los cuales comprometen el desarrollo democrático del Estado y la sociedad.
- El proyecto de ley confunde y unifica las tareas de seguridad interna y externa al mezclar ámbitos de inteligencia que deben estar institucionalmente separados. Involucra a las FF.AA. en materias de orden interno y a las fuerzas de orden en la defensa.
- La propuesta del gobierno politiza e instrumentaliza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) al radicar el nombramiento de su responsable en el Presidente de la República, sin concurso del Senado. Define, en la práctica, la actividad del SIE como una política de gobierno y no de Estado arriesgando así convertirlo en policía política más que una entidad productora de inteligencia estratégica, como indicamos más adelante.
- El proyecto debilita el rol fiscalizador del Congreso, necesario para un SIE en democracia. No es suficiente la rendición semestral de cuentas para un efectivo control ciudadano. Se precisa que el Congreso participe en las etapas de diseño, gestión y evaluación de la política de inteligencia. Esto es especialmente necesario ya que el proyecto involucra a la ANI y FF.AA. en materias de orden público cuyo responsable es una figura política interpelable: el ministro del Interior. El proyecto tampoco considera la fiscalización presupuestaria, sobre todo considerando que la ANI dispone de gastos reservados. En la medida que el proyecto no menciona los agentes encubiertos en labores de contrainteligencia, esta fiscalización se hace más necesaria aún.
- Si bien es un avance que se incorporen al SIE otros organismos del Estado como el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería y el Servicio de Impuestos Internos, la propuesta de un Consejo Asesor de Inteligencia genera una instancia que perjudica la función directiva y coordinadora de la ANI, pues pone en el mismo nivel de conducción, sin distinción jerárquica ni funcional, a los organismos de inteligencia militares y policiales frente a sus respectivos ministros y a la dirección de la ANI. De esta forma, se altera el debido orden jerárquico.
- Si las FF.AA. entregan información residual de inteligencia y si el Consejo Asesor tiene como definición de campo lo interno nacional, no tiene sentido que éstas sean parte del mismo.
- Existe una contradicción de prerrogativas pues se establece que los comandantes en jefe de las FF.AA. determinarán la forma de la entrega de información, pero al mismo tiempo se establece que ésta deberá ser entregada según lo dispuesto por el director de la ANI. Igualmente, se indica que en caso las FF.AA. no cumplan con la entrega de información, la notificación del incumplimiento se dirige al Presidente, vía ministro de Defensa y no a través del director de la ANI.
- Es necesario precisar algunos aspectos institucionales de la ANI. El proyecto crea la figura de subdirector sin definir sus funciones. No avanza en establecer una necesaria carrera funcionaria en ella, ni tampoco se hace cargo de la promesa programática del Presidente de crear una Academia de formación en inteligencia.
- No se definen las amenazas a la seguridad interna, a no ser que éstas solo sean crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de personas y protección de infraestructura del Estado.
- Se amplían aún más los roles de las FF.AA. en labores de orden interno. En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del gobierno -que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.- les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones generando las bases de un Estado policial.
Hacemos un llamado al Congreso para que este proyecto de ley tan importante, para fortalecer la capacidad estatal en materia de inteligencia nacional, sea discutido sin la urgencia planteada, tal como lo ha solicitado la Comisión de Defensa de la Cámara, y que Ustedes abran un efectivo debate democrático -con el debido conocimiento experto- que permita mejorar una tarea que es atribución esencial del Estado y, al mismo tiempo, proteja efectivamente los derechos de toda la ciudadanía.
Santiago, 31 de mayo de 2020
Felipe Agüero, Gonzalo Álvarez, Rodrigo Cárcamo, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, José Luis Díaz, Galo Eidelstein, Carlos Gutiérrez, Luis Lobos, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz, Augusto Varas.
