Tras poco más de dos meses de iniciado el trabajo de la Convención Constitucional, la praxis de este nuevo órgano transitorio y de sus miembros, más la agenda derivada de sus acciones y omisiones, sumados a la contaminación cruzada por la carrera presidencial, conforman un cóctel complejo para su legitimación y para la confianza ciudadana en la exitosa redacción final de una nueva Constitución Política.
Debut con viento en contra
Como si se tratara de otro meme sobre el Presidente Sebastián Piñera o de una nueva salida de madre de sus ministros, la instalación de la Convención fue irregular y no exenta de tropiezos. Primero técnicos o logísticos por la precariedad de recursos e insumos destinados por el Gobierno para dotar sus oficinas y plenarios. Luego, por el conocimiento del costoso evento de producción que se contrató para transmitir la extensa ceremonia inicial, interrumpida por manifestaciones callejeras pidiendo la libertad de los presos del estallido social que dilataron la llegada de los constituyentes.
Así vino el inmediato ruido interno de los distintos grupos en disputa, especialmente por representantes de derecha, incómodos tanto por estar en una posición de minoría incapaz de vetar iniciativas clave para la futura institucionalidad, como por la desconfianza en el nivel de conocimientos ad hoc del resto de los integrantes. Especialmente de representantes de las etnias y de la otrora Lista del Pueblo. Eso dio pie a reacciones clasistas de denuesto y burlas en redes sociales, como la que afectó a la machi Francisca Linconao, por parte de Rafael Hirmas Samur, un exejecutivo del Banco Bice, quien la fotografió durmiendo en pleno vuelo a Temuco y la insultó en un posteo en Twitter.
A esta entropía en sus sesiones –polémica por uso del mapudungún mediante-, se agregaron suspicacias fuera de nuestras fronteras, como las del expresidente uruguayo, José Mujica. En una entrevista para el vespertino La Segunda alertó acerca de los peligros de transformarse la Convención en una “bolsa de gatos”, si las peleas y disputas suben de nivel y no logran ser canalizadas para encausar reflexivamente el trabajo de redacción del nuevo texto constitucional.
Otro factor de división y peleas se produjo al interior de los constituyentes del Frente Amplio versus el Partido Comunista por las primarias presidenciales entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, que se plasmaron en polémicas públicas y retiros de apoyos para conformar las mesas de trabajo temático. Un espacio donde se dieron otras situaciones paradójicas, como en la Comisión de derechos humanos, donde la derecha propuso como integrante al excomandante en jefe de la Armada y ex edecán del general Augusto Pinochet, almirante Jorge Arancibia. Una medida -¿inocente?- que motivó el veto de sectores de izquierda para impedirle su ingreso a ella, de modo antidemocrático, demostrando también el autoritarismo implícito en esta reacción.
El otro Rodrigo Rojas
No es de extrañarse que la cobertura del trabajo de la Convención Constitucional pueda estar sesgada desde el inicio en los medios de prensa por la desconfianza de la derecha en el proceso mismo, buscando escudriñar en sus trabas y sus problemas, con la constante ayuda de voces expertas afines, convocadas a analizar desde fuera este proceso en notas, entrevistas, columnas y editoriales.
Tampoco es novedosa la desarticulada puesta en escena de los sectores afines al apruebo, cruzados por crecientes conflictos y disputas, aparte del surgimiento de situaciones al límite o fuera de lo ético, como el eventual contrato de parientes como asesores, lo que debió normarse sobre la marcha, hecho que se conoció al mismo tiempo que surgía la polémica por la petición del aumento en el monto de sus asignaciones.
Estas situaciones se dan en concomitancia con una carrera presidencial en donde la selección e inscripción del candidato de la dividida Lista del Pueblo se tradujo en su propia implosión. Sobre todo, después del rechazo del Servicio Electoral a la postulación de Diego Ancalao por la inscripción fraudulenta de 23 mil firmas de apoyo.
Difícil resulta entonces la cobertura del trabajo regular de la Convención y el despliegue de esfuerzos por aprobar su reglamento interno, demostrando capacidades e interés por el desarrollo de una labor a la altura de lo esperado.
Especialmente, con el último y reciente escándalo desatado por el constituyente Rodrigo Rojas Vade, un ícono de las marchas del estallido social, quien reconoció públicamente -luego de dar una entrevista a La Tercera- no padecer de cáncer, pese a haber hecho su campaña en esta condición y como un paciente ícono del maltrato por un excluyente y oneroso sistema de salud. Un hecho que dio la vuelta al mundo en las portadas de los principales medios de prensa de habla hispana, exaltando el fraude implícito en la acción de Rojas, quien presentó su renuncia al cargo (cuestión que debe ser resuelta reglamentariamente en los próximos días por la Convención).
¿Ethos cultural?
Una de las características del proceso de redacción de la nueva Constitución Política es la minoritaria presencia de militantes de partidos políticos, frente a la irrupción de independientes o representantes de organizaciones sociales que no tienen una clara adscripción política a alguna colectividad.
Un hecho valorado, en principio, se ha ido transformando en un problema, en la medida que han surgido situaciones o conductas reñidas con principios de probidad política en contextos de creciente demanda de transparencia. Situación que deterioró su apoyo en diversos estudios de opinión pública, donde crece la desconfianza en el buen término de este proceso.
Pero a condición de imparcialidad y justicia, esta Convención no escapa a las mismas lógicas como se resuelve la toma de decisiones en los espacios de poder político. Está influida por la misma forma de hacer política del resto de los partidos, por los mismos procesos de interacción y de toma de decisiones. Es decir, es reflejo de una cultura política, tal como la define el politólogo italiano Norberto Bobbio: “el conjunto de actitudes, normas y creencias, compartidas más o menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen como objeto fenómenos políticos”.
Por ello, condenar a la Convención por faltas a la probidad obliga a observar los anteriores procesos de financiamiento irregular de las campañas políticas, las donaciones de empresas como SQM, el caso del banco Penta, las facturas ideológicamente falsas, el MOP Gate y los sobresueldos, el caso Caval, la elección del presidenciable DC en 1989 conocido como Carmen Gate, el uso fraudulento de los gastos reservados y del presupuesto en el Ejército o en Carabineros… Solo por nombrar rápidamente algunos episodios del pasado reciente desde fines de la dictadura.
Visto así, las faltas éticas y problemas de los constituyentes no dejan de ser casi un juego de niños. Condenable, pero entendible como parte de nuestra identidad. De urgente resolución para no lesionar más su legitimidad ni contaminar la propuesta de una futura institucionalidad.
