A casi 43 años del lanzamiento del proyecto y de su primera emisión de 27 horas ininterrumpidas de transmisión televisiva, la Teletón de Chile atraviesa hoy un complejo punto de inflexión, con recambio fallido de ejecutivos clave y un cuestionamiento público de La Red por mayor transparencia en cómo se comunican su gestión financiera y sus inversiones.
¿Fin de ciclo?
Difícil resulta hoy tratar de explicarse cómo –en medio de un segundo año de pandemia covid y de un ir y venir de cuarentenas- la Fundación Teletón logrará realizar su programa televisivo de recaudación de fondos para mantener el funcionamiento de sus 14 centros regionales de rehabilitación a niños y adolescentes con problemas de motricidad.
El estallido social obligó a suspender la Teletón 2019, trasladándose a abril del año pasado, ocasión en que Chile comenzaba a encerrarse fruto de la llegada de los primeros casos contagios por coronavirus. Por ello, la emisión del programa fue reducida en horas y se trasladó especialmente a las redes sociales y plataformas móviles, con un mínimo despliegue de producción en terreno. No obstante, se recaudaron más de 34 mil 700 millones de pesos, la cifra más alta de su historia.
En plena planificación de la versión 2021 de esta obra social, cohabitando con un intenso calendario de elecciones políticas, surgieron voces críticas y de sospecha por parte del periodista Víctor Gutiérrez, Director Ejecutivo de La Red. Hace una semana anticipó que su canal se bajaría del evento si no se transparentan en su totalidad las inversiones y sistemas de administración financiera de los fondos de la Fundación Teletón.
A esta crítica -que instala en la opinión pública un halo de sospecha sobre un tema sensible en el contexto país actual-, se suma la reciente renuncia de la Directora Ejecutiva de la Fundación, Javiera de la Cerda, quien había asumido el cargo a fines de diciembre pasado. Había llegado a reemplazar a Ximena Casarejos, quien por 43 años dirigió y coordinó este evento. Y ante esta nueva baja, asumió en forma interina Benjamín Díaz, actual gerente de marketing.
Obra solidaria y rol del Estado
La misión de la Fundación Teletón refiere a “una institución sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora, en el mejoramiento de su calidad de vida y en el desarrollo de sus capacidades para lograr su inclusión social”. Busca hacer visible la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y, mediante la campaña de recaudación masiva anual, unir a Chile en una instancia de solidaridad y orgullo nacional, de acuerdo a lo informado en su Memoria 2020.
Más allá del éxito obtenido por Mario Kreutzberger, Don Francisco, como gestor y rostro principal de esta obra social, la discusión de fondo respecto del programa televisivo y el modo de financiamiento lleva décadas de crítica, como las formuladas en los primeros años de emisión por el escritor Enrique Lafourcade, principalmente ligada al tipo de show televisivo que se emitía.
Impulsada por sectores ciudadanos de nuevas generaciones de las clases medias y populares movidos por la sospecha y por la demanda de un mayor Estado en el rol de rehabilitación en este campo, fue creciendo en las últimas décadas una crítica y desafección respecto de esta obra social, que debería transformarse en un derecho social público garantizado y no radicarse a donaciones solidarias. También se traspasó esa impresión negativa a la figura de Don Francisco y su rol como rostro articulador de las recaudaciones.
El complejo tinte corporativo empresarial
La demanda de Gutiérrez al condicionar su participación en la versión 2021 de este evento, que cuenta con el apoyo permanente de la Asociación Nacional de Canales de Televisión (ANATEL), puso acento en la participación de empresarios en la gestión máxima de la Teletón.
Esto hizo eco de críticas al núcleo de empresarios que conforman su directorio y los ámbitos en los que se desempeñan, que volvieron a cobrar fuerza después del estallido social. Incluidas figuras anteriores, como Carlos Alberto Délano, uno de los dueños del Banco Penta, ligado al financiamiento irregular de campañas UDI, sancionado junto a su socio Carlos Eugenio Lavín y obligados a tomar cursos de ética empresarial en la Universidad Adolfo Ibáñez. También se puso el acento en la figura del lobista Enrique Correa como asesor del directorio.
En la actualidad, el Presidente del Directorio es Daniel Fernández, un ejecutivo que participó de la dirección de empresas públicas como Enap, Metro y TVN, para terminar impulsando el abortado proyecto de generación eléctrica de HidroAysén. Lo integran además el propio Kreutzberger, en calidad de Director Honorario; Ximena Casarejos como Vicepresidenta; Patricio Jottar, Gerente General de Empresas CCU del Grupo Luksic, como Vicepresidente; Alfredo Schönherr, Director de Farmacias Ahumada (FASA) como Tesorero y Humberto Chang, médico Urólogo de Clínica Las Condes como Secretario. Completan la lista de directores Liliana Escobar, Subdirectora Médica de Red Salud; Ignacio Cueto, codueño y Presidente de LATAM; Lázaro Calderón, Gerente General de Empresas Ripley y Guillermo Tagle, Presidente de IM Trust – Credicorp Capital.
Se trata de un entramado de empresas y grupos que representan a la élite económica chilena, fuertemente cuestionada con las protestas sociales de los últimos años y representantes de un Chile defensor y principal beneficiado del modelo económico neoliberal puesto en jaque con el plebiscito constituyente y los recientes resultados de la elección de este organismo que redactará la nueva constitución chilena.
El daño a la imagen de la Teletón originado por La Red llega semanas después que el propio Kreutzberger anunciara que esta sería su última Teletón. Y coincide con la renuncia de su actual Directora Ejecutiva.
Caminos de salida
Ante un contexto país de alta sospecha en las instituciones públicas y privadas, en el empresariado y en los partidos políticos, la actual controversia que cruza a la Fundación Teletón requiere una urgente búsqueda de caminos de salida.
En primer lugar, se debe aclarar –más allá de la información auditada por Deloitte en sus memorias anuales- cómo, dónde, cuánto y en qué invierte sus recursos financieros la Teletón. Así se despejará la crítica levantada por Gutiérrez y que condiciona la participación de La Red en la versión de este año.
Como segundo paso, asumir que el programa televisivo de 27 horas es un esfuerzo que poco aporta al interés ciudadano por seguir donando solidariamente recursos para sostener la obra. Cuestión que ni con la pandemia decayó en su ánimo, pero que sostenidamente en el tiempo tiene menos visionado desde la TV, con sus rostros y artistas vistos también como figuras de un país que benefició a pocos y se sirvió del resto.
Y la última y quizá mayor acción de transparencia debería ser una fuerte reingeniería corporativa que abra cupos en su directorio a la participación de representantes ciudadanos que validen también la inclusión social en la conducción de esta obra. Mario Kreutzberger goza aún de una credibilidad fuerte en amplios sectores ciudadanos y ese capital, así como su visión al crear esta iniciativa solidaria en 1978 y mantenerla por más de cuatro décadas, puede servir para articular que otros sectores sociales se sumen y aporte directamente en la gobernanza de la Teletón en un Chile que comienza a redibujar su institucionalidad.
