La Comisión Chilena de Derechos Humanos demanda una completa y exhaustiva investigación por parte del Gobierno y del Ministerio Público, de los graves hechos de violencia ocurridos al término de la pacifica manifestación que se desarrolló en Plaza Dignidad, a un año de la Revuelta Social, actividad que convocó a cerca de 100 mil personas.
El hecho más grave, dice relación con la muerte de Aníbal Villarroel Rojas, de 24 años, quien, según versiones de testigos, habría sido «asesinado anoche (domingo 18 de octubre) en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho», disparados por funcionarios de Carabineros que cumplían funciones represivas en el sector.
A este hecho, se suma el incidente en que resultó herido a bala, en las cercanías de Plaza Dignidad, Ricardo Araya Romero, 37 años, padre del menor A.A., lanzado al Río Mapocho el pasado 2 de octubre, por lo cual se encuentra formalizado y en prisión preventiva, el excarabinero Sebastián Zamora. El padre del menor fue internado en el Hospital Sótero del Río, e intervenido quirúrgicamente.
La CChDH exige, además, una investigación exhaustiva de la participación del funcionario de la Armada en el incendio que destruyó completamente la Parroquia de la Asunción, en Santiago, en confusos incidentes que se desarrollaron durante la tarde de ayer. La participación de un funcionario de una institución del Estado, hecho reconocido por un comunicado oficial de la Armada, se suma a la situación del carabinero que, bajo el seudónimo Giovany Arévalo Álvarez, quien se infiltró en una olla común en la población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, sector Oriente de Santiago, para instigar a la población a atacar la Comisaría del sector.
A estos casos, también se suma la participación de dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detenidos en la ciudad de Temuco el pasado 6 de Agosto, por lanzar piedras a Carabineros, en el marco de una protesta que se desarrolló en esa capital regional.
Cabe destacar que a través de redes sociales también circulan diversas fotografías y videos, denunciando la presunta participación de otros funcionarios de instituciones uniformadas, en acciones de protesta.
La CChDH, junto con condenar y denunciar estos graves hechos, conmina al Gobierno a prestar toda la colaboración a las Fiscalías que asuman la tarea de investigar estos casos, a la vez que expresa su preocupación por la participación de agentes del Estado infiltrados, que con su accionar, buscan distorsionar el verdadero sentido de las masivas y pacíficas manifestaciones con que los chilenos y chilenas ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
Nos preocupa, por último, que todos estos graves hechos se producen en la víspera del histórico Plebiscito convocado para este 25 de Octubre, que dará inicio al proceso constituyente que pretende cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura cívico militar, principal obstáculo para establecer una verdadera democracia, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 19 de Octubre de 2020.-
