Por angas o por mangas la justicia chilena ha estado en cuestión históricamente. En tiempos de dictadura por la obsecuencia cómplice de la más alta magistratura – con notables excepciones que confirmaban la regla – ante crímenes de lesa humanidad. Con el retorno a la democracia se transita a una mayor transparencia con la renovación de la magistratura y su actuar en la tan postergada aplicación de justicia en aquella sensible materia, con la limitación de lo posible que marca la legislación “antigua”.
A comienzos del actual siglo entró gradualmente en vigencia la Reforma Procesal Penal, que dividió las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia en las causas penales, creándose las figuras del Ministerio Público y la Defensoría Penal. Se constituyeron así los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal para faltas, delitos y crímenes, ocurridos desde la fecha de aplicación del nuevo sistema.
Surgieron así nuevas autoridades como la del Fiscal Nacional. Valga esta breve descripción del actual sistema judicial, reiterando la vigencia de la Corte Suprema como máxima autoridad de este poder del Estado.
Para muestra un botón. Hace algunos meses los 19 jueces de la Corte Suprema rechazaron por unanimidad una acusación constitucional presentada por parlamentarios opositores en contra de Jorge Abbott- Fiscal Nacional – que aludía a reuniones que éste habría sostenido, durante su período de postulación al cargo, con representantes de los procesados por los casos Penta y SQM y a sus dichos llamando al Ministerio Público a no afectar el funcionamiento normal del Poder Legislativo.
Desde tiempos de Don Quijote de la Mancha se aprendió que “en todas partes se cuecen habas”. En lo que ya se bautizó como un nuevo Desastre de Rancagua, los ministros integrantes de la Corte de Apelaciones de la histórica ciudad parecen demostrar que la mano negra se instaló sin mayor vergüenza. Rosa María Maggi ha sido designada, como integrante del máximo tribunal, para indagar los delitos que tienen en la cuerda floja a los ministros de aquella poderosa Corte de Apelaciones: Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso.
Desde tiempos de Don Quijote de la Mancha se aprendió que “en todas partes se cuecen habas”. En lo que ya se bautizó como un nuevo Desastre de Rancagua, los ministros integrantes de la Corte de Apelaciones de la histórica ciudad parecen demostrar que la mano negra se instaló sin mayor vergüenza. Rosa María Maggi ha sido designada, como integrante del máximo tribunal, para indagar los delitos que tienen en la cuerda floja a los ministros de aquella poderosa Corte de Apelaciones: Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vásquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso.
Las señales ya existían desde octubre del año pasado con una investigación abierta por el Ministerio Público en contra de Elgueta y Vásquez. Tras conocerse la designación de la suprema Maggi para investigar el caso, la Fiscalía de Rancagua solicitó audiencia al tribunal de Garantía de la región para formalizar a Elgueta por tráfico de influencia y prevaricación. Con la sobriedad esperable el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, advirtió de “algunas tratativas que el señor ministro habría tenido con abogados de partes de algunos expedientes que se llevan en tribunales de la jurisdicción”.
En buen chileno, hay suficientes antecedentes para adelantar que el caso es más peludo que lo transmitido por las cuidadosas declaraciones oficiales. No en vano se han extendido las atribuciones a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi para indagar más allá de los límites de la Sexta Región.
En buen chileno, hay suficientes antecedentes para adelantar que el caso es más peludo que lo transmitido por las cuidadosas declaraciones oficiales. No en vano se han extendido las atribuciones a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi para indagar más allá de los límites de la Sexta Región.
Es inocultable la tensión entre la Fiscalía de Rancagua y la Corte de Apelaciones de la ciudad en torno al llamado Caso CAVAL. Habría que recordar el recurso de queja interpuesto por el fiscal regional Emiliano Arias ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones, presidida por Vásquez y con el voto de Elgueta, dictaminó el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en la arista principal del mediático caso. No ha sido el único fuerte contrapunto entre ambas instancias judiciales.
Es inocultable la tensión entre la Fiscalía de Rancagua y la Corte de Apelaciones de la ciudad en torno al llamado Caso CAVAL. Habría que recordar el recurso de queja interpuesto por el fiscal regional Emiliano Arias ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones, presidida por Vásquez y con el voto de Elgueta, dictaminó el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en la arista principal del mediático caso. No ha sido el único fuerte contrapunto entre ambas instancias judiciales.
La confrontación de los hoy indagados ministros y la fiscalía regional llegó en su momento a consideración del Fiscal Nacional Jorge Abbott, a quién Elgueta y Vásquez hicieron presenta la “odiosidad” con que habría actuado Arias en su contra. Uno de los episodios tuvo origen en la investigación de la fiscalía regional por los sucesivos nombramientos de la hija de Vásquez en diferentes tribunales, con el apoyo de su colega Emilio Elgueta
Sería poco consignar una tensión creciente entre las instancias judiciales de la región en el contexto de una indagación que continuará sumando revelaciones sorprendentes.
La confrontación de los hoy indagados ministros y la fiscalía regional llegó en su momento a consideración del Fiscal Nacional Jorge Abbott, a quién Elgueta y Vásquez hicieron presenta la “odiosidad” con que habría actuado Arias en su contra. Uno de los episodios tuvo origen en la investigación de la fiscalía regional por los sucesivos nombramientos de la hija de Vásquez en diferentes tribunales, con el apoyo de su colega Emilio Elgueta.
Los episodios asociados al protagonismo del fiscal nacional en las aristas de este escándalo judicial en pleno desarrollo pueden ser naturales, dado su rol funcionario, y se reiteran. CIPER, que ha indagado el caso en profundidad, solicitó vía Ley de Transparencia al Ministerio Público lo conversado entre Jorge Abbott y el senador Juan Pablo Letelier (en reunión del 19 de noviembre pasado). La respuesta indica que el senador manifestó al fiscal nacional su preocupación “por la situación que afecta a la Región de O’Higgins, por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el Fiscal Regional de la misma región (Emiliano Arias)”. Letelier agregó que esa situación podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El fiscal Abbott le respondió al senador que compartía su preocupación y que ya estaba al tanto de esas diferencias, que las estaba analizando y que serían “tramitadas y resueltas conforme los cursos normales de actuación de la institución”.
La citada indagación de CIPER aporta nuevos antecedentes respecto de las sospechas que se ciernen sobre la conducta del cuestionado magistrado Elgueta favoreciendo una red de tráfico de un tipo de anfetamina, con la colaboración de su par Marcelo Albornoz, apoyando el fecundo negocio del médico cirujano Luis Arenas.
La respuesta indica que el senador manifestó al fiscal nacional su preocupación “por la situación que afecta a la Región de O’Higgins, por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el Fiscal Regional de la misma región (Emiliano Arias)”. Letelier agregó que esa situación podría afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Asimismo revela interceptaciones telefónicas a integrantes de un clan narco que inducen a investigar posibles pagos a los mismos integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por cambio de medidas cautelares para traficantes detenidos.
La citada indagación de CIPER aporta nuevos antecedentes respecto de las sospechas que se ciernen sobre la conducta del cuestionado magistrado Elgueta favoreciendo una red de tráfico de un tipo de anfetamina, con la colaboración de su par Marcelo Albornoz, apoyando el fecundo negocio del médico cirujano Luis Arenas.
Entre las curiosidades que marcan esta indagación, que amenaza como apertura de una caja de pandora, está el descubrimiento de objetos utilizados como magia negra por el imputado ministro Emilio Elgueta en contra de la ex titular de la Corte Suprema, Gabriela Pérez.
Asimismo revela interceptaciones telefónicas a integrantes de un clan narco que inducen a investigar posibles pagos a los mismos integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por cambio de medidas cautelares para traficantes detenidos.
El Consejo de la Gran Logia de Chile resolvió imponer la sanción de “Pérdida de la Calidad Masónica, lo que implica expulsión definitiva de la Orden, a cuatro miembros de la Jurisdicción de O´Higgins”. Debido a “los graves hechos y conductas que afectan el prestigio de la Orden y han conmocionado a la opinión pública”. La sanción definitiva se aplicó a los mencionados integrantes de la Corte de Apelaciones: Elgueta, Vásquez y Albornoz, sumando al presidente de la logia ”Jorge Washington”, N°56, de la hoy convulsionada ciudad de Rancagua.
El Consejo de la Gran Logia de Chile resolvió imponer la sanción de “Pérdida de la Calidad Masónica, lo que implica expulsión definitiva de la Orden, a cuatro miembros de la Jurisdicción de O´Higgins”.
Ahora los ojos apuntan a la indagación, extendida en sus alcances, que conduce la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, mientras desde la fiscalía de Rancagua aseguran que, hasta hoy, sólo se divisa la punta del iceberg.
Ahora los ojos apuntan a la indagación, extendida en sus alcances, que conduce la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, mientras desde la fiscalía de Rancagua aseguran que, hasta hoy, sólo se divisa la punta del iceberg.
