Diferentes voces nacionales e internacionales califican lo ocurrido la noche de este sábado como un autogolpe de Estado. La Asamblea de Bukele, en su primera sesión, y sin seguir los procedimientos de la Constitución, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y puso en su lugar a personas de su confianza.
Los magistrados destituidos por la Asamblea emitieron una resolución declarando inconstitucional el procedimiento, pero Bukele se burló de ellos en sus redes sociales y los portones de la Corte quedaron bajo vigilancia policial.
Ambas decisiones, tomadas con el voto de 64 de los 84 diputados gracias al apoyo de Gana, PCN y PDC, intentan eliminar dos de los últimos límites institucionales al poder del presidente, que llegó al cargo a mediados de 2019 y cuyo partido arrasó en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero.
En el caso de la Sala de lo Constitucional, los diputados oficialistas, encabezados por Ernesto Castro y Suecy Callejas, que hasta hace apenas unas semanas eran ministros de Bukele, argumentaron que los magistrados (5 propietarios y 4 suplentes) emitieron el año pasado sentencias contrarias a la Constitución, en el sentido de que obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud durante la pandemia de Covid que aún sufre El Salvador. Formalmente, se les acusó de «convertir a la Sala de lo Constitucional en un Súper Poder» frente a los otros Órganos del Estado, alegando que las sentencias de la Sala contienen «regulaciones arbitrarias y discriminatorias» y violan “la separación de atribuciones y competencias de los órganos de Estado, en concreto, del Ejecutivo”.
La destitución de la Sala fue televisada por el estatal canal 10 y duró cerca de una hora.
En la misma noche, media hora después, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida del legislativo. “Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias”, dice su resolución. Según los magistrados de la Sala, su intento de destitución ilegal es una forma de coacción del Ejecutivo. Bukele desobedeció durante 2020 varias resoluciones de la Sala, que declaró inconstitucionales una decena de decretos Ejecutivos y de medidas tomadas por el Gobierno, por considerar que se excedía en sus funciones.
En plena confrontación pública por esa razón, Bukele acusó a los magistrados de querer, con sus resoluciones, asesinar “a decenas de miles de salvadoreños”, y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador ”los hubiera fusilado a todos”. “Salvás mil vidas a cambio de cinco”, dijo el 11 de agosto de 2020. Poco después de emitida la resolución de la Sala, Bukele se burló de los magistrados en sus redes sociales: «Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar», escribió en alusión al exdiputado de Arena que recién dejó funciones y salió del país justo antes de que el fiscal general emitiera una orden de captura en su contra por supuestas negociaciones con pandillas. Ese mismo fiscal fue destituido también la noche de este sábado.
En su caso, el argumento de su destitución fue que hay “prueba notoria de su vinculación partidaria” con el partido Arena. Melara, cuya relación con Bukele pasó en los últimos dos años por distintas etapas de cercanía y confrontación, abrió el noviembre pasado una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud, por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. Melara estaba investigando también la negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha-13, revelada por El Faro en septiembre de 2020.
La destitución de la Sala de lo Constitucional, sin ningún debate en la plenaria y sin derecho de defensa de los magistrados, fue condenada la misma noche del sábado por organismos internacionales y por el Gobierno de Estados Unidos. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se pronunció: “estamos consternados por la propuesta de la Asamblea de remover a cinco magistrados de la Sala Constitucional, un Órgano Judicial independiente es la base de una democracia, ninguna democracia puede vivir sin ello.” Y advirtió: “Una relación fuerte entre los Estados Unidos y El Salvador dependerá de si el gobierno de El Salvador apoya la separación de poderes y mantenga las normas democráticas”.
Según el artículo 185 de la Constitución, la lista de candidatos a magistrados de la Corte debe provenir del Consejo Nacional de la Judicatura, que recogerá de diferentes sectores representativos de los abogados esos nombres. Sin embargo, en la plenaria de este sábado, fue el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, quien leyó una lista de nombres sin argumentar más. El presidente de la Asamblea envió a un receso de cinco minutos y luego fueron electos.
Estos llamados internacionales no tuvieron ningún efecto. Nuevas Ideas sometió a votación la destitución de los magistrados de la Sala a las 8:02 de la noche. Para las 9:00 pm, los diputados ya habían anunciado el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia impuesto por el Bukele. Nombraron a Óscar López Jeréz, un cuestionado magistrado, actualmente en la Sala de lo Civil, sin mayor experiencia en el ámbito constitucional y señalado por negociar favores con Luis Martínez, exfiscal general de la República que está actualmente preso por distintos delitos, incluido el de enriquecimiento ilícito.
La aplanadora Cyan
Este 1 de mayo, la que debía ser una sesión plenaria protocolaria para la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa tras las elecciones del pasado 28 de febrero, se convirtió en una exhibición del enorme poder que han concentrado el Ejecutivo de Bukele y su partido. Durante la noche, las redes sociales y la página web de la Asamblea cambiaron de logotipo sin que se sepa quién lo ordenó, puesto que los diputados oficialistas aún no habían asumido aún el cargo.
Ya en la mañana, los 20 diputados opositores, 14 de Arena, cuatro del FMLN, una de Vamos y uno de Nuestro Tiempo, no fueron llamados a ninguna reunión preparativa y vieron cómo se negociaba a sus espaldas el procedimiento del día y la composición de la nueva Junta Directiva, instancia que administra todos los recursos del Legislativa y que debe aprobar una agenda para cada plenaria. Después, la mayoría aplastante de diputados bukelistas no respetó ningún protocolo y hasta tuvo gestos humillantes hacia los minoritarios, que vieron cómo sus micrófonos e intervenciones eran suspendidas y, a diferencia de los del bloque oficialista, sus curules no tenían conectadas las pantallas led con sus nombres durante buena parte de la sesión.
Anabel Belloso, diputada del FMLN, lo calificó como un golpe de Estado técnico. “Estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados de @SalaCnalSV. Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite”. El jefe de bancada de Arena, René Portillo Cuadra, se pronunció en el mismo sentido: «Nosotros no hemos concurrido con nuestros votos porque tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos transformar nuestro país, pero no atropellando la Constitución ni atropellando los derechos fundamentales de otros», dijo.
La primera sesión no tuvo agenda conocida. Un diputado, un alto funcionario del Ejecutivo y dos personas que mantienen comunicación constante con diputados influyentes de Nuevas Ideas aseguraron a El Faro que un día antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea no tenían idea de cuál sería la agenda del 1 de mayo. “Aún no sabemos nada”, dijo uno de ellos, a menos de 18 horas de que se presentaran al Salón Azul. Esa misma fuente agregó que, hasta horas antes de la plenaria del primero de mayo, incluso los diputados de Nuevas Ideas desconocían quiénes y cuántos conformarían la Junta Directiva y tampoco tenían claro quién sería su jefe de fracción. Finalmente, la posición la ocupará Christian Guevara, estratega de comunicaciones que trabajó para gobiernos de Arena y que ha sido cuestionado por recibir decenas de contratos del Gobierno de Bukele.
En el grupo más influyente y cercano al presidente, según confiaron dos altos funcionarios, sí hubo debate de hasta dónde debía llegar la nueva Asamblea de Bukele en un solo día: “El jueves supe que había un debate si cambiar de un solo al fiscal general”, dijo una de las fuentes. Otras fuentes aseguran que se valoró también la posibilidad de destituir en esta primera plenaria a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a los de la Corte de Cuentas y al Procurador General de la República, algo que no terminó ocurriendo.
Las críticas de organizaciones de sociedad civil y de organismos internacionales no frenaron el proceso planeado por el Gobierno. A las 9:35 de la noche, un oficial de la Policía Nacional Civil ordenó al guardia que custodiaba la puerta de la Corte Suprema que no permitiera el ingreso de ningún magistrado de los destituidos por la Asamblea en caso de que quisiera ingresar al edificio en el que suele sesionar la Sala de lo Constitucional. El agente de seguridad que atendió al policía le dijo que sin orden judicial no podía cumplir esa orden.
Sin embargo, pocas horas después, minutos después de las 11 de la noche, y pese a que la Sala ya había decretado la inconstitucionalidad de la destitución, los cinco nuevos magistrados entraron, escoltados por la Policía, y sin encontrar resistencia, al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Pasada media hora de la medianoche, la PNC montó un operativo en vehículos oficiales y algunos particulares sin placas, pero con policías a bordo. Los policías tomaron el control del edificio en el que está la oficina del fiscal general cerca de la 1 de la madrugada. Desde ahí, y rodeado de los principales mandos policiales, el nuevo fiscal dio declaraciones a medios oficialistas.
Los elegidos
Los nombres de los elegidos para conformar la nueva Sala de lo Constitucional se conocieron, también en la fracción de Nuevas Ideas, cuando Christian Guevara, jefe de la bancada, los leyó esa misma noche. Minutos después, sin evaluarlos, sin conocer sus perfiles más allá de lo leído por Guevara, los diputados oficialistas dieron el poder constitucional a Luis Javier Suárez Magaña, jefe de la unidad de acceso a la información pública; Héctor Naúm García, ex fiscal y profesor de la Universidad Tecnológica; José Ángel Pérez Chacon, asesor de la Presidencia que justificó ante el juez la negativa del Ejército a abrir sus archivos; Elsy Dueñas Lovo, muy cercana al partido Gana y promotora de iniciativas para impedir que se hagan públicas las hojas de probidad; y a López Jeréz, magistrado de la Sala de lo Civil que sin proceso formal se convirtió esa noche en presidente de facto de la Corte Suprema.
El nuevo Fiscal, Rodolfo Delgado, ocupó el más alto puesto de la Fiscalía en el área de crimen organizado en las gestiones de seis fiscales, la mayoría de ellos vinculados directa o indirectamente al partido Arena y al partido que nació de su ruptura, Gana: Belisario Artiga (1999-2005); Félix Garried Safie (2006-2009); Romeo Barahona (2009-2012); Ástor Escalante (5 meses de 2009) y parte de la gestión de Luis Martínez, quien hoy está preso por delitos de corrupción y concluyó su gestión en 2015.
“Así no sé hace”, escribió anoche en su cuenta de Twitter Juan S. González, principal asesor de Joe Biden para América Latina, en reacción a un tuit de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Right Watch, en el que decía: “Bukele rompe con el Estado de Derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
Lo sucedido la noche de este domingo es considerado por expertos como un golpe de Estado técnico. Organismos internacionales como Amnistía Internacional, CEJIL, o la Fundación para el Debido proceso han condenado la destitución de los magistrados. El Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, dijo: “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional. Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador».
La respuesta de Bukele a las críticas internacionales no se hizo esperar: “A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca”, tuiteó poco después de la medianoche. “Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia.”
(Reportaje publicado originalmente por “El Faro” de El Salvador realizado por Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz)
