¿De qué pacto social hablamos?

Hablamos del estallido social del 18 de octubre. De los treinta años de transición y consolidación democrática. De los 17 años de dictadura y su pesado legado. De un pequeño país que eligió democráticamente a un Presidente socialista derrocado por un golpe de Estado. De un país que recuperó su democracia por vías pacíficas y democráticas. Que protagonizó un proceso de transición que muchos no dudan de calificar como ejemplar, pese a sus claroscuros. Y que puede exhibir innumerables logros en los últimos 30 años. Entre ellos ser el país con mayor estabilidad política y paz social,  cuadruplicar su ingreso per cápita y convertirse en líder de la región, reducir la pobreza a menos de dos dígitos y mejorar todo y cada uno de sus índices sociales.

Y pese a todos estos logros, la democracia reconquistada no logró superar enclaves autoritarios heredados de la dictadura. O modificar en lo sustantivo el modelo de desarrollo que la derecha y sectores empresariales han defendido con tanto tesón y por el cual guardan eterno reconocimiento al régimen militar. Y tan grave como lo anterior, no logró acortar sustantivamente las brechas que hacen de nuestro país uno de los más desiguales de la región.

la democracia reconquistada no logró superar enclaves autoritarios heredados de la dictadura. O modificar en lo sustantivo el modelo de desarrollo que la derecha y sectores empresariales han defendido con tanto tesón y por el cual guardan eterno reconocimiento al régimen militar. Y tan grave como lo anterior, no logró acortar sustantivamente las brechas que hacen de nuestro país uno de los más desiguales de la región.

Fue una cuestión de tiempo para que la situación explotara. Primero fue la “revolución pinguina”, el movimiento estudiantil que iniciaran los estudiantes secundarios, demandando el fin al lucro en la educación; el movimiento no más AFP; las movilizaciones sindicales y de las mujeres, para llegar al 18 de octubre y un estallido social que sorprendió por su masividad y extensión, no exenta de hechos de violencia. “Chile despertó”, sorprendiendo por igual al gobierno, los sectores políticos, medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional.

Fue una cuestión de tiempo para que la situación explotara.

¿Cuál fue la explicación de este estallido en el país más exitoso de la región, al cual muchos se referían como “el milagro chileno”? Sin lugar a dudas, las profundas desigualdades e innumerables abusos sufre la inmensa mayoría de los chilenos (no solamente los más pobres), la causa principal de este estallido, unido al propio descrédito de las instituciones democráticas y partidos políticos, por hechos de corrupción y malas prácticas institucionales, políticas y comerciales.

La pandemia, que ha forzado un relativo paréntesis en las movilizaciones, tan sólo ha contribuido a agravar la situación. Más de un millón y medio de chilenos han perdido sus empleos o han sido temporalmente suspendidos. Cientos de miles de trabajadores independientes, por cuenta propia o informales, se ven impedidos de desarrollar sus actividades. La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebre y algunas grandes empresas enfrentan problemas de liquidez. Y todo apunta a una severa crisis económica con una muy compleja y larga recuperación.

La pandemia, que ha forzado un relativo paréntesis en las movilizaciones, tan sólo ha contribuido a agravar la situación.

La gran interrogante es quién pagará la cuenta por esta verdadera “pandemia social”, que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del país. Si sectores de mayores ingresos, que deberán resignarse a ganar menos o simplemente no ganar durante la emergencia, como lo han sostenido diversas autoridades en países desarrollados y en nuestra propia región, o una vez más, los sectores más vulnerables los que deberán asumir el mayor costo de la crisis.

Hasta hoy la respuesta parece ser evidente.

La reacción del gobierno ha sido mezquina y del todo insuficiente para asegurar una sobrevivencia digna para ese sector mayoritario del país que hoy empieza a sufrir los rigores del hambre y extrema necesidad.

El famoso bono “Covid 19”, equivalente a $50.000, es una vergüenza. El subsidio para los trabajadores suspendidos temporalmente de sus empleos es financiado con sus propios ahorros y la renta familiar de emergencia propuesta por el gobierno, aprobada tras el veto presidencial, luego que una mayoría parlamentaria rechazara el bajo y decreciente monto propuesto, es inferior al ingreso mínimo, no garantizando una sobrevivencia digna para sus “beneficiarios”.

Frente a estas críticas, el titular de Hacienda ha afirmado que no se pueden comprometer de una vez todos los recursos disponibles y potenciales, que es necesario reservar recursos en previsión de nuevas urgencias.

Un argumento bastante falaz, como lo han demostrado diversos expertos y economistas, sosteniendo que no es un problema de recursos sino de ideología y que el gobierno no quiere comprometer mayores recursos para enfrentar la emergencia temiendo que, en el mediano o largo plazo, ello implique la necesidad de incrementar tributos a los sectores de mayores ingresos.

temiendo que, en el mediano o largo plazo, ello implique la necesidad de incrementar tributos a los sectores de mayores ingresos.

El tema acerca de cómo el país asume su profunda crisis social, agravada por la emergencia sanitaria, está indisolublemente vinculada a la idea de avanzar en un nuevo pacto social.

¿Un nuevo pacto social?

Es en este contexto que surgió la polémica iniciativa del Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes y el senador socialista José Miguel Insulza de suscribir conjuntamente un documento, proponiendo avanzar en un nuevo pacto social, definiendo algunos de sus posibles términos.

La idea no es nueva y ha sido levantada como una demanda por diversos sectores tras el estallido social. Lo novedoso es que la propuesta está suscrita, a título personal, por el presidente del principal partido de gobierno y por un senador socialista. Y adelanta algunos contenidos que debiera incluir un efectivo pacto social.

Sin lugar a dudas se trata de una propuesta preliminar y más que discutible por insuficiencias de contenidos, que desafían la interlocución con aportes más sustantivos de actores sociales, gremiales y políticos que darían sentido y fortaleza a una iniciativa de esta pretensión (entre ellos las organizaciones sociales, sindicales, de profesionales, diversos sectores empresarios, instituciones académicas centros de estudios y organismos no gubernamentales), que aportarían efectiva legitimidad a una iniciativa de envergadura en el marco de la actual crisis.

que desafían la interlocución con aportes más sustantivos de actores sociales, gremiales y políticos que darían sentido y fortaleza a una iniciativa de esta pretensión (entre ellos las organizaciones sociales, sindicales, de profesionales, diversos sectores empresarios, instituciones académicas centros de estudios y organismos no gubernamentales), que aportarían efectiva legitimidad a una iniciativa de envergadura en el marco de la actual crisis.

La propuesta ha sido recibida con naturales desconfianzas por parte de amplios sectores sociales y políticos que, con fundadas razones, temen que tan sólo se trate de una operación mediática y de lavado de imagen digitada por la Moneda dudando de la real voluntad del gobierno y la derecha para avanzar hacia un  nuevo pacto social, que necesariamente debe incluir un  nuevo acuerdo fiscal, importantes correcciones al modelo de desarrollo y protección social y, por cierto, una nueva  Constitución, en los términos acordados por la mayoría de los partidos políticos el pasado 15 de noviembre y sancionada por el parlamento.

que tan sólo se trate de una operación mediática y de lavado de imagen digitada por la Moneda dudando de la real voluntad del gobierno y la derecha para avanzar hacia un  nuevo pacto social

El presidente Piñera, pese a los reparos que la iniciativa ha generado en el seno de su propia coalición, pretende un rol protagónico en la eventualidad que pudiera materializarse, insinuando que puede compartir ese protagonismo con los exmandatarios para convocar a una instancia de diálogo y elaboración de un eventual pacto.

Sin lugar a dudas representa todo un contrasentido que el gobierno, que ha mostrado mezquindad e ideologismo a la hora de asegurar una adecuada protección social durante la actual emergencia, aparezca convocando a un nuevo pacto social que requiere de apertura, generosidad y voluntad de rectificaciones profundas no tan sólo por parte del gobierno sino también de sus principales sectores de apoyo, que han defendido con tesón el actual modelo de desarrollo y la institucionalidad heredada.

Sin lugar a dudas representa todo un contrasentido que el gobierno, que ha mostrado mezquindad e ideologismo a la hora de asegurar una adecuada protección social durante la actual emergencia, aparezca convocando a un nuevo pacto social que requiere de apertura, generosidad y voluntad de rectificaciones profundas

“El país no soportaría una tercera crisis consecutiva” sostiene el documento suscrito por Insulza y Desbordes, aludiendo a la posibilidad de un nuevo estallido social tras la emergencia. Sin embargo, el gobierno ha carecido de voluntad y eficacia elemental para manejar la crisis, con muy escasa sensibilidad social para asegurar una subsistencia digna para la mayoría de los chilenos. No es casualidad que, en medio de la emergencia y bajo el estado de excepción constitucional, se reanime la protesta y movilización social sustentada en la cesantía y el hambre creciente en amplios sectores de la población.

No es casualidad que, en medio de la emergencia y bajo el estado de excepción constitucional, se reanime la protesta y movilización social sustentada en la cesantía y el hambre creciente en amplios sectores de la población.

Es más que evidente la inviabilidad y esterilidad de un “pacto de mínimos” o “cosmético”, que no integre actores sociales ni asuma la profunda crisis económica agravada por la pandemia. En este contexto, con reacciones “parche” y mal elaboradas – como la retrasada “canasta familiar” improvisadamente anunciada por el Presidente Piñera – no se logrará contener la aguda protesta social que rebrota, con renovada fuerza, en la misma medida que se agudiza la precaria situación de subsistencia que enfrentan millones de compatriotas.

Es más que evidente la inviabilidad y esterilidad de un “pacto de mínimos” o “cosmético”

En este contexto, con reacciones “parche” y mal elaboradas – como la retrasada “canasta familiar” improvisadamente anunciada por el Presidente Piñera – no se logrará contener la aguda protesta social que rebrota, con renovada fuerza, en la misma medida que se agudiza la precaria situación de subsistencia que enfrentan millones de compatriotas.

La restauración del “orden anterior” a la crisis simplemente no es una opción. Para bien y para mal, nada será igual en el mundo y en nuestro propio país tras la emergencia. Como pocas veces en su historia Chile enfrenta una compleja disyuntiva de abrirse a urgentes cambios y transformaciones o quedar atrapado en el conflicto social y la polarización política.

La restauración del “orden anterior” a la crisis simplemente no es una opción.

Puedes acceder al documento que suscriben Mario Desbordes y José Miguel Insulza haciendo click acá