Solo habrá descentralización en la medida que los Gobiernos regionales gocen de autonomía administrativa y presupuestaria. Tarea que este gobierno no abordará.
Me ha llamado la atención, en estos días de primarias y acuerdos convencionales, que el padre de la cantante Britney Spears le administre sus recursos, contra la voluntad de ella, que ya supera los 40 años. Es un caso de sometimiento tutelar.
Algo parecido he dicho que adolecen las universidades públicas, que carecen de una garantía financiera para gozar de autonomía, como la tuvieron en el pasado.
Siempre sostuve que dicha autonomía había sido iniciativa de la reforma universitaria del gobierno de Frei Montalva, pero solo había sido la continuidad de una política establecida para 20 años en el gobierno democrático de Ibáñez. El artículo el artículo 36 de la ley 11.575 estableció que un 2% de todos los ingresos tributarios y arancelarios se destinaría, en una proporción allí establecida, al financiamiento de las actividades de las universidades existentes a esa fecha. Los procesos de la reforma de los años 1960 definieron la creación e incorporación de las universidades del Norte y Federico Santa María, pero el principio de que un monto de lo recaudado se destinaba a la actividad universitaria ya estaba establecido.
La movilización estudiantil que culminó con una nueva estructura de administración de las universidades, democrática, participativa y descentralizada en el gobierno de Frei Montalva, fue el complemento para que el mundo académico gozara de autonomía y se vinculara a los procesos de desarrollo del país.
Financiamiento establecido por ley como una proporción de los ingresos tributarios del Fisco y autonomía para administrarlos por la vía de la generación democrática de sus autoridades, estableciendo la autogestión de las instituciones, fue la fórmula de hacer crecer a las universidades, en número y en sedes.
Hace años me referí a este tema postulando la necesidad de volver a una norma como aquella. Pero hoy quiero reivindicar los mismos principios para los Gobiernos Regionales.
La situación de los Gobiernos Regionales es insólita. Todos sus integrantes han sido electos por la comunidad, es decir gozan de autonomía para administrar sus recursos, sujetándose a la ley obviamente, pero no saben con qué recursos o de qué recursos dispondrán para el ejercicio de sus funciones y la atención de los problemas de los territorios que administran y de sus comunidades. Un lector agudo podrá decir que nadie sabe con qué recursos va a contar, lo que es cierto, pero el Gobierno y los Municipios saben bajo qué criterios pueden presupuestar, en cambio los Gobiernos Regionales no.
En la práctica los Gobiernos Regionales no gozan de autonomía.
Ha quedado demostrado con los recortes realizados a sus presupuestos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, verdadera tutora de los GORE, y por la DIPRES, tutora del gobierno central.
Pero no solo los recortes lo demuestran. Cuando los GORE quieran elaborar su presupuesto del año 2022 tendrán que esperar que el ministro de Hacienda presente al Congreso la propuesta de presupuesto para cada Gobierno Regional que la SUBDERE haya preparado, seguramente consultando a los Delegados Presidenciales, que son, en la práctica, sus subordinados. Recién ahí los Gobernadores democráticamente electos y representantes de cada comunidad regional conocerán lo que el nivel central del país decidió sería su presupuesto.
Obviamente esto tiene que cambiar, tanto para los gobiernos regionales, como para las universidades públicas y las privadas que acepten ser autogestionadas. Es de esperar que ello sea asumido por las diferentes candidaturas presidenciales o, si es necesario y creo que lo es, por la Convención Constitucional.
En teoría los recursos de las instituciones públicas descentralizadas a nivel de las regiones son abundantes: Los Servicios de Salud se definen como descentralizados, también los SERVIU y los Servicios Locales de Educación Pública. Si se sumaran otros recursos de clara asignación regional como las partes regionalizables de CORFO, SERCOTEC, Deportes, Desarrollo Social, Transportes, y los propios de los GORES, entonces se podría dimensionar que cerca del 10% del Presupuesto Fiscal debiera ser identificado para las regiones y administrado por ellas. Algo que refleja este absurdo es que el “Parque Metropolitano” no es de la Región metropolitana.
El centralismo pesa demasiado, y descentralizar es ceder poder. El discurso descentralizador debe tener correlato en entregar autonomía efectiva a los Gobiernos Regionales. Si ni hay voluntad de traspasar lo que les corresponde, al menos hay que terminar con esto de tratarlos como a Britney Spears en que otro, en nuestro caso el gobierno central y el parlamento nacional, le definan lo que puedan hacer.
