Muchas reacciones se han conocido al informe entregado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que visitó Venezuela tras previas indagaciones realizadas en terreno por funcionarios de la entidad que preside la ex mandataria chilena. Esas reacciones provienen de diversos sectores y autoridades que, en uno u otro sentido, se identifican con el oficialismo o la oposición venezolana en sus diferentes expresiones.
Aquellas declaraciones reiteran conocidos puntos de vista del gobierno chileno, cuyo actuar ante la severa crisis que vive Venezuela ha marcado hitos tan estériles e ineficaces como la visita del Presidente Piñera a la frontera con Colombia, la frustrada entrega de ayuda humanitaria y el fracaso de la gestión del renunciado canciller Roberto Ampuero. En otro sentido se ha conocido la reacción crítica de la dirección del PC chileno, avalando los reproches del gobierno de Nicolás Maduro al informe de la Alta Comisionada.
En rigor, mucho ruido y pocas nueces que parecieran eludir lo esencial y ciertamente menos divulgado por los mencionados voceros y los medios de comunicación en nuestro país: el propio informe en cuestión.
“La Mirada” reproduce fragmentos relevantes del mencionado informe para que los lectores se formen una opinión fundada, más allá del ruido mediático que rodea la polémica sobre la grave crisis humanitaria que continúa repercutiendo en Chile, manifestándose reciente y dramáticamente en nuestra frontera norte, tras la zigzagueante y errática postura del gobierno de Piñera.
“INTRODUCCIÓN”
En su resolución 39/1, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” (Venezuela) y se lo presentara en su 41º período de sesiones.
El informe se basa en la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el ACNUDH), inclusive durante misiones. El ACNUDH efectuó una visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, durante la cual se reunió con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana. Además, entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el ACNUDH llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a personas refugiadas y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. El ACNUDH agradece a los respectivos Gobiernos el haber facilitado esas visitas.
La Alta Comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Se reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo. Sostuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país.
El ACNUDH mantuvo 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad. Además, celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales. Según su metodología, el ACNUDH solicitó el consentimiento informado de las fuentes entrevistadas para emplear las informaciones facilitadas y, cuando procedía, les garantizó confidencialidad. Adoptó todas las precauciones posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron su temor a represalias.
En consonancia con su metodología para el monitoreo de los derechos humanos, el ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información recopilada para confirmar su validez. El ACNUDH consiguió reunir, analizar y verificar un volumen considerable de informaciones que aportan motivos razonables para creer que los patrones que se describen en el informe constituyen violaciones de los derechos humanos.
Los derechos económicos y sociales
La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales.
A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia.En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos. Pese a algunos subsidios generales del Gobierno, las personas entrevistadas por el ACNUDH manifestaron su preocupación respecto de que los ingresos mensuales de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes.
El derecho a la salud
..(…) caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas.
La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019
Programas y políticas sociales
El ACNUDH recabó testimonios de mujeres, incluyendo de lideresas locales, quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes y lideresas comunitarios/as y por grupos armados civiles pro-gubernamentales (los llamados “colectivos armados”), y excluidas de los programas sociales. Las mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir sus derechos, incluido el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias.
Medidas coercitivas unilaterales
El Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas.
La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales.
Represión selectiva y persecución por motivos políticos
Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas fueron muertas entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019.
Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad
El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax.
Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto.En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
Acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas
La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia.
El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos.
Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
Personas migrantes y refugiadas
El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración.
Estas personas “caminantes” recorren trayectos físicamente extenuantes, en el curso de los cuáles se ven expuestas a condiciones climáticas hostiles, falta de refugios en buenas condiciones, alimentos, agua potable y saneamiento.
Conclusiones
El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela.El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.
El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas.
Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren.
Recomendaciones
El ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata:
(a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva;
(b) Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
(c) Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia;
(d) Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;
(e) Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;
(f) Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;
(g) Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
(h) Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;
(i) Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;
(j) Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;
(k) Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;
(l) Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;
(m) Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
Además, el ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno para que:
(a) Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis;
(b) Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos;
(c) Autorice el libre acceso a la información de interés público;
(d) Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas;
(e) Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles;
(f) Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento;
(g) Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;
(h) Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos;
(i) Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado;
(j) Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Consejo de Derechos Humanos podría solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.
