Otras matanzas, otros duelos, otro presidente que actúa como “consolador en jefe” de un país donde hay, en manos de la ciudadanía, casi tantas armas de fuego como habitantes. Y, otra vez, el debate sobre la disponibilidad de armas, los detalles técnicos sobre cuáles sí y cuáles no deberían estar prohibidas y en pocos días todo seguirá como siempre, hasta que otra balacera repita la función.
Los enojados
El 12 de marzo el juez del Condado Boulder, Andrew Hartman, dictaminó que una ordenanza de 2018 que prohibía la posesión, venta o transferencia de armas de fuego de asalto y los cargadores de alta capacidad era inválida porque contrariaba la ley del estado de Colorado. La Asociación Nacional del Rifle, el grupo que cabildea para la industria de las armas, celebró la decisión y, en un comunicado, indicó que el fallo judicial podría usarse como precedente para otras ciudades “que consideren la promulgación de ordenanzas contraproducentes similares”.
Las armas de asalto, con capacidad de disparo automático repetido, estuvieron prohibidas por diez años en Estado Unidos hasta que, en 2004, el Congreso no extendió la ley correspondiente. Desde entonces, varios estados han aprobado sus propias leyes sobre las armas de asalto, algunas más estrictas que la prohibición federal caduca.
Cuatro días después del dictamen de Hartman, Ahmad al Aliwi Alissa, un inmigrante sirio que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de sus 21 años y tiene antecedentes de violencia e inestabilidad mental, compró una de tales armas, una pistola Ruger AR-556. El lunes 22, equipado con chaleco antibalas, Al Aliwi marchó al supermercado King Soopers de Boulder y mató a 10 personas, incluido un agente policial, con edades de 20 a 65 años. Tras un tiroteo que lo dejó con una herida en la pierna derecha, Al Aliwi fue detenido y está ahora acusado por diez homicidios. Las autoridades no han informado sobre los motivos del ataque.
Menos de una semana antes de la matanza en Boulder, según la policía, Robert Aaron Long, de 21 años, utilizó una pistola automática calibre 9mm y en una ronda por salones de masajes que al parecer había frecuentado en Atlanta, Georgia, mató a ocho personas, seis de ellas mujeres asiáticas. Según la policía, el sospechoso ha indicado que le domina una adicción sexual contraria a sus creencias religiosas, de lo cual se colige que se levantó ese día enojado con sus debilidades carnales y decidió matar las tentaciones.
El motivo o el instrumento
Tal como lo indica el guión ya gastado de estas tragedias, quienes se consideran liberales o “gente de izquierda” y los que se dicen conservadores o “de derecha” han alborotado el ambiente en torno a los duelos debidos, con la discusión acerca de motivos e instrumentos.
El ingrediente central de esta violencia peculiarmente estadounidense ¿está en los motivos y causas de los gatillantes, o en la abundancia de armas, muchas de ellas diseñadas para la guerra?
Según World Population Review, en EE.UU. hay más de 393 millones de armas de fuego en manos de civiles lo cual equivale a 120,5 armas por cada 100 habitantes. (En Chile hay 2,2 millones de armas o 12,1 por cada 100 habitantes). Esto no significa que toda la gente en EE.UU. posea armas: el pertrechamiento está concentrado en algunos millones de personas que poseen muchas armas, y entre ellas algunas muy entusiastas por el armamento de tipo militar.
Quienes abogan por un control más estricto de las armas de fuego –o sueñan con el desarme de la población- argumentan que es este acceso a tipos de armas bélicas lo que favorece la obtención de algunas de alto calibre y capacidad de disparo rápido, con cargadores de muchas balas.
Quienes defienden el concepto de que un pueblo armado es la mejor garantía contra una dictadura, sostienen que el problema es individual: la mayoría de los dueños de armas son gente responsable y cuidadosa, y que los asesinos en masa son individuos con problemas mentales. Si alguien está resuelto a perpetrar este tipo de ataques, obtendrá el arma que quiera sean cuales sean las restricciones legales.
En casos como la matanza de Atlanta, los anti-pistola encuentran motivaciones raciales. En este caso, y tras un año de una pandemia que el expresidente Donald Trump y su gente continuamente atribuyen al “virus chino”, se denuncia la persistente hostilidad hacia los asiáticos, sean chinos, japoneses, coreanos, tailandeses o vietnamitas.
Y en casos como el de Boulder, los armamentistas critican el silencio de la “izquierda” al hecho de que el sospechoso capturado sea un inmigrante árabe muy posiblemente musulmán, y de que las víctimas hayan sido “blancos”.
El debate no se resuelve, y se repiten las ceremonias en las que el presidente, el gobernador y el alcalde expresan su congoja, la gente deposita flores en el sitio de la sangría, y los vendedores de armas mejoran su negocio con la demanda acrecida por el temor de que el gobierno vaya a confiscar las armas.
