Gasto Militar y Emergencia Nacional. Por Augusto Varas

El tema de la reasignación de los recursos fiscales desde el sector defensa hacia los programas de recuperación de la salud y economía ha estado permanentemnente presente en este crítico período.

trascendió en el país la compra de las fragatas antiaéreas Capitán Prat y Almirante Latorre que la Armada había realizado en Australia por un total de $90 millones de dólares.

Iniciada la pandemia COVID-19 en el país, a mediados de marzo, un grupo de economistas debatió la posibilidad de utilizar los fondos provenientes de la ex Ley del Cobre destinados a las FF.AA. en apoyo a a la emergencia sanitaria (La Segunda, 17 de marzo). En plena expansión de la crisis, a fines de abril, trascendió en el país la compra de las fragatas antiaéreas Capitán Prat y Almirante Latorre que la Armada había realizado en Australia por un total de $90 millones de dólares. De igual forma, en el mes de julio, gracias al anuncio de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DCSA) de los Estados Unidos, circuló localmente la noticia de la aprobación de la venta a Chile de equipamiento para su flota de aviones F-16 por US$634.7 millones de dólares, incluyendo nuevo armamento, equipos de comunicación, repuestos y servicios de capacitación. Frente a esta última información el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se apresuró a desmentir este gasto señalando que estaba suspendido hacía meses, al tiempo que informó que en el mes de abril había impulsado una ley para postergar el aporte de $936 millones al Fondo de Contingencia Estratégica de las FF.AA. y que en la actualidad la prioridad del gasto fiscal estaba centrada en enfrentar la pandemia y sus efectos. A fines de abril, la Dirección de Presupuesto elaboró un plan de recorte de recursos para los diferentes ministerios, Vivienda el mayor (US$610 millones), Educación (US$85,5 millones), y Defensa (US$76,5 millones), ¡un 10,5% menos que a Educación!

equipamiento para su flota de aviones F-16 por US$634.7 millones de dólares, incluyendo nuevo armamento, equipos de comunicación, repuestos y servicios de capacitación.

A fines de abril, la Dirección de Presupuesto elaboró un plan de recorte de recursos para los diferentes ministerios, Vivienda el mayor (US$610 millones), Educación (US$85,5 millones), y Defensa (US$76,5 millones), ¡un 10,5% menos que a Educación!

En el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) hemos propuesto ir más allá y redestinar, desde el sector defensa, un total de US$1.550 millones en cuatro años para el financiamiento de la recuperación de la salud y economía nacional. Esta suma no alteraría el potencial defensivo toda vez que los actuales escenarios estratégicos internacionales y regionales no están desafiando la fortaleza de las capacidades militares del país, y los fondos que se seguirían destinando asegurarían  la mantención de tales niveles.

Entre 2010 y 2019 esta ley aportó US$ 6.702 millones a las instituciones armadas cuya utilidad fue puesta en cuestión por el “milicogate” de 2015, cuando se destapó la masiva apropiación ilegal de los fondos aportados del orden de US$200 millones.

Estos montos provendrían de dos fuentes fundamentales. La primera, del Fondo de Capacidades Estratégicas y, la segunda del Fondo de Contingencia Estratégica. Estos fondos fueron creados por la Ley 21.174 (10.09.2019) que estableció un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Ésta modificó la antigua Ley del Cobre de 1976, por la que CODELCO entregaba anualmente el 10% de sus ventas a las FF.AA. para la compra de armas. Entre 2010 y 2019 esta ley aportó US$ 6.702 millones a las instituciones armadas cuya utilidad fue puesta en cuestión por el “milicogate” de 2015, cuando se destapó la masiva apropiación ilegal de los fondos aportados del orden de US$200 millones.

De acuerdo a a la nueva ley de “Financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional”,  se eliminó el piso mínimo (aporte basal) de gasto anual en personal y mantención del mismo, el cual no podía ser menor al de 1989 en términos reales, tal como fue establecido en la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de las FF.AA. dictada en febrero de 1990  (actualmente, 75% del gasto en personal y previsión).  Igualmente, se estableció un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Primero, US$2.600 millones a un Fondo de Capacidades Estratégicas, que en los próximos cuatro años recibirá US$650 millones anuales por cuatro años para compra de armamentos, el que disminuirá a un mínimo de  US$499 millones del quinto al décimo año, y después de ese décimo año no podrá ser inferior a lo devengado en los últimos seis años. Segundo, US$950 millones en los próximos dos años, a un Fondo de Contingencia Estratégica, el que se repone una vez gastado.

podría adicionarse desde el sector defensa en US$1.550 millones de dólares en los próximos cuatro años.

La propuesta del GADFA considera que, para enfrentar los efectos de la pandemia, al aporte fiscal de US$12 mil millones para apoyar los ingresos familiares, la protección del empleo, a las pymes y a los municipios podría adicionarse desde el sector defensa en US$1.550 millones de dólares en los próximos cuatro años. Esta reasignación de recursos fiscales serían obtenidos de la diferencia entre los US$ 2.600 millones de dólares del Fondo de Capacidades Estratégicas y el mínimo de US$2.000 millones que se asignarían a partir del quinto año. Esta disminución está contemplada en la ley ya que se consideró que esta reducción no afectaría la capacidad militar del país. A estos US$600 millones se le adicionaría la totalidad del Fondo de Contingencia Estratégica de US$ 950 millones. Esta reasignación, nuevamente, no comprometería la defensa del país ya que en caso de una efectiva contingencia estratégica el Artículo 109 de la actual Constitución permitiría al Banco Central proporcionar este financiamiento.

Esta reasignación, nuevamente, no comprometería la defensa del país ya que en caso de una efectiva contingencia estratégica el Artículo 109 de la actual Constitución permitiría al Banco Central proporcionar este financiamiento.

Cabe destacar que la ley para el “Financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional”, aprobada días antes del 18/O, así como la generalidad de los fondos fiscales destinados a las FF.AA. aún no han sido justificados y fundamentados a partir de una “Estrategia de Defensa Nacional” previamente debatida y aprobada por el Congreso Nacional. Sin un marco político estratégico que le de racionalidad y proyección al gasto que importan las FF.AA. no es posible establecer con claridad el propósito, funciones y tareas estrictamente profesionales de las instituciones armadas e impide establecer criterios para racionalizar el volumen de sus dotaciones, el monto de los recursos necesarios y el tipo y modernización de sus armamentos.

aún no han sido justificados y fundamentados a partir de una “Estrategia de Defensa Nacional” previamente debatida y aprobada por el Congreso Nacional.

Producto de la pandemia, en esta como en otras materias el ministerio de Defensa está al debe.

Producto de la pandemia, en esta como en otras materias el ministerio de Defensa está al debe. Igualmente, congresistas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil deben ponerse al día iniciando un debate de fondo, de cara al proceso constitucional, sobre los roles, funciones y racionalidad del financiamiento de las FF.AA. en la nueva democracia a construir. En estas materias, el nuevo ministro de Defensa tiene la oportunidad de enmendar el equivocado rumbo de su antecesor.

LA DEFENSA NACIONAL Y LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS

Para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19, inicialmente gobierno y oposición han acordado un aporte fiscal de 12 mil millones de dólares para ser invertidos en apoyo a los ingresos familiares, defensa del empleo, apoyo a las pymes y a los municipios. Anteriormente, la Dirección de Presupuesto elaboró un plan de recorte de recursos para los diferentes ministerios, siendo el de Vivienda el mayor (US$610 millones) en momentos en que se ha puesto de manifiesto el déficit de viviendas y las condiciones de hacinamiento como factores agravantes de la crisis. A Defensa solo se le reducirían US$76,5 millones, un 10,5% menos que a Educación (US$85,5). Considerando los actuales escenarios estratégicos internacionales y regionales, así como el estado de las capacidades militares del país, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) estima que en estas circunstancias es posible incrementar la contribución fiscal al esfuerzo económico nacional reasignando recursos y racionalizando el gasto del sector defensa. De acuerdo a la nueva Ley 21.174, de la cuenta Nº9154 se deberían destinar US$2.600 millones al Fondo de Capacidades Estratégicas, en los próximos cuatro años, y US$960 millones, en los próximos dos años, al Fondo de Contingencia Estratégica. Teniendo en cuenta que en ese mismo período el mínimo asignable por ley al Fondo de Capacidades Estratégicas es de US$2.000 millones; destacándose que el país enfrenta una contingencia sanitaria, económica y social de extrema gravedad; estimando que el mínimo de US$2.000 millones para este Fondo es más que suficiente para mantener la capacidad disuasiva del país; y reconociendo que en el caso se presente una contingencia estratégica efectiva la Constitución en su Artículo 109 permitiría el financiamiento de tal contingencia, proponemos que el gobierno redestine de estos dos fondos (US$ 600 millones del primero y la totalidad del segundo (US$ 960 millones) un total de US$1.560 millones, en cuatro años, al financiamiento de la recuperación de la salud y economía del país. Finalmente, los futuros montos asignables a los respectivos Fondos deberán responder a los criterios derivados de una Estrategia de Defensa Nacional aprobada por el Congreso.

GRUPO DE ANÁLISIS SOBRE DEFENSA Y FF.AA. (GADFA)