El caso de Alex Lemún Saavedra es emblemático. Con solo 17 años, fue el primer mapuche asesinado tras el retorno a la democracia por el actuar represivo de Carabineros en la región hoy nuevamente sometida a Estado de Excepción por el actual gobierno de Sebastián Piñera.
Después de 19 años de negación de justicia e impunidad y tras intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a la reapertura del caso cerrado en los tribunales chilenos, se ha condenado al entonces comisario Mayor Marco Aurelio Treuer, quién disparó en la cabeza al joven comunero cuando participaba en el intento de recuperación de un predio en el Fundo Santa Alicia, de la Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla. El joven estuvo cinco días internado en una clínica de Temuco hasta que falleció producto del disparo.
Se trataba de un predio desde aquellos años resguardado por las fuerzas policiales con respaldo del Gobierno y las políticas públicas para el crecimiento y la expansión de dichas forestales en territorio reivindicado por el pueblo mapuche.
Los Hechos
Como lo determinaría el tribunal civil – después de una década y media de elusiones por parte de los organismos responsables de impartir justicia – en horas de la tarde del 7 de noviembre de 2002, un grupo de aproximadamente 40 miembros de la comunidad mapuche Montutui Mapu, entre los que se encontraban niños y mujeres, ocupó parte del fundo Santa Alicia, ubicado en la comuna de Angol, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades, para que les restituyeran lo que consideran territorios ancestrales. En la manifestación participó Edmundo Álex Lemún Saavedra, joven estudiante mapuche de 17 años de edad, proveniente de la comunidad Requén Lemún Bajo.
En dicho contexto, acudieron hasta el lugar tres funcionarios de Carabineros, de dotación de la Primera Comisaría de Angol, dirigidos por el imputado, mayor en servicio activo a esa época, Marco Aurelio Treuer Heysen. Tras constatar la presencia de los comuneros desarmados en el predio que contaba con una medida de protección, el imputado a cargo del operativo ordenó el uso de bombas lacrimógenas y balines de goma, a fin de expulsar a los ocupantes.
Posteriormente, encontrándose Treuer Heysen en una posición elevada y con plena visión de lo que ocurría, cambió la munición del arma que utilizaba, una escopeta marca Winchester, modelo 1.200, calibre 12 milímetros, introduciendo munición letal, marca Western Super X, la cual contiene 5 postones de plomo de 8,4 milímetros. Conociendo la capacidad mortal de la munición, el imputado realizó varios disparos en contra de los manifestantes.
En estas circunstancias, uno de los proyectiles disparados por el imputado impactó en la parte frontal derecha de la cabeza de la víctima Lemún Saavedra, impacto que le causó al joven comunero un traumatismo encéfalo-craneano abierto, que le provocó la muerte el 12 de noviembre de 2002.
El fiscal regional de Temuco se declaró oficialmente incompetente para indagar el caso, trasladándose la investigación al fiscal militar de Angol debido a que las pruebas existentes indicaban que un oficial podría ser el responsable. Tras una extensa y secreta investigación interna por parte de las instituciones policiales (Carabineros y PDI), este formuló cargos contra Treuer por «violencia innecesaria con resultado de muerte«. El fiscal concluyó que cuando el oficial de Carabineros efectuó el disparo mortal no existía un peligro real e inminente para su integridad y la de sus subordinados que justificara utilizar la escopeta de la forma que se hizo, razón por lo que la violencia ejercida en el momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encuentra motivo racional que la justifique.
Sin embargo, Treuer apeló a la Corte Marcial, la cual decidió retirar los cargos formulados en contra del policía. Entonces el oficial de Carabineros sostuvo que había oído un disparo y una bala había pasado cerca de él y sus hombres, y había decidido utilizar munición real para protegerlos. Aparte de la policía, ningún otro testigo respaldó esta versión ni se encontraron pruebas materiales que demostraran que los ocupantes habían disparado un arma; no se halló ningún casquillo de bala aparte de los usados por la policía, y Alex Lemún dio negativo en la prueba de hidrocarburos. Los intentos de los abogados que representan a la familia Lemún para revocar el fallo de la Corte Marcial y persuadir al fiscal militar de reanudar el enjuiciamiento no tuvieron éxito, y en su oportunidad no se recurrió de casación a la Corte Suprema respecto del fallo que decretó el sobreseimiento. Así Treuer, el asesino del joven Lemún, quedó sobreseído el año 2004.
Hasta el año 2016, el sistema judicial de Chile otorgaba amplias competencias a la Justicia Militar, un sistema de persecución criminal que divide a los ciudadanos entre militares y civiles. Los militares, es decir, todos los funcionarios de las fuerzas armadas más carabineros, cuando se veían involucrados en un delito, tenían un sistema de investigación criminal dirigido y regulado por funcionarios pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, con una corte especial, la Corte Marcial, pasando luego a la Corte Suprema, integrada también por miembros de las fuerzas armadas.
En marzo del 2016, el Liceo donde estudió el joven weychafe, Alex Lemún, pasó a ser oficialmente de propiedad de Carabineros de Chile, en comodato. Hasta el día de hoy opera como base militar desde donde se ofrece seguridad policial a parceleros, latifundistas y empresas forestales. También operan helicópteros de la Sección Aérea del GOPE.
En 2017,15 años después de perpetrado el asesinato, la Corte Suprema, tras resolución y orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dispuso reabrir el caso sobreseído temporalmente para que fuera investigado por la justicia civil. El Juzgado de Garantía de Angol, a fines de septiembre de 2018, decretó la prisión preventiva para Treuer durante los cuatro meses que duraría la investigación. Hecho que fue apelado por la defensa, pero rechazado por la Corte Suprema.
La defensa solicitó el sobreseimiento de Treuer, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Angol el 3 de mayo de 2019, y ratificado por la Corte de Apelaciones de Temuco el 23 del mismo mes. La investigación fue cerrada en noviembre de 2019, solicitando la fiscalía 10 años de presidio efectivo para Marco Aurelio Treuer como autor de homicidio.
Ahora, en octubre de 2021, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó un veredicto unánime de condena en contra de Marco Aurelio Treuer por el delito de homicidio simple. Treuer fue condenado a 10 años de cárcel. La sentencia se conocerá el 25 del presente mes en curso.
Se aplica así la justicia tardíamente posible, después de 19 años de impunidad en el asesinato del joven de 17 años Alex Lemún…
