De creer en los dichos del gobierno, dirigentes empresariales y parlamentarios de derecha, con la aprobación del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, se desatarán todos los males del infierno sobre nuestro país. Sobre todo, según se afirma, cuando la economía mundial presenta signos de desaceleración y riesgos de una nueva recesión. Así no se puede, de manera simultánea, incrementar en un 4 % las cotizaciones previsionales, de cargo de los empresarios, e incrementar el costo del trabajo que implica la reducción de la jornada laboral.
Se perderían más de 300.000 empleos, se impactarían las arcas fiscales hasta en 2.400 millones de dólares, los empresarios verían reducidas sus utilidades y Chile no podría jugar la Copa América. En cambio, si se aprobara la propuesta del gobierno de reducir la jornada laboral a 41 horas, con flexibilidad, se crearían más de 300.000 empleos, se incrementaría la productividad y se dinamizaría la economía.
Se perderían más de 300.000 empleos, se impactarían las arcas fiscales hasta en 2.400 millones de dólares, los empresarios verían reducidas sus utilidades y Chile no podría jugar la Copa América.
Ninguna de las dos cosas es cierta. Nada similar ocurrió cuando se rebajó la jornada laboral de 48 a 45 horas, como ha recordado el ex presidente Lagos y no tiene por qué ocurrir ahora. Estos anuncios catastrofistas y manifiestamente falsos, hacen parte de una campaña comunicacional implementada por el Ejecutivo, con el entusiasta concurso de dirigentes empresariales, dirigentes políticos de la derecha y medios de comunicación oficialistas, para generar temor e incertidumbre en la ciudadanía e impedir que se apruebe una propuesta que no tan sólo beneficia a los trabajadores sino que coincide con una tendencia mundial, así como al grado de desarrollo alcanzado por nuestro país en los últimos 25 años.
Una vez más el gobierno se ha perdido una gran oportunidad para asumir en positivo una propuesta de la oposición no demasiado distinta a la oficial de reducir la jornada laboral, con el ingrediente de flexibilidad, contemplada en nuestra legislación, condicionada a que sea pactada con los sindicatos y no directamente entre el empleador y el trabajador individualmente considerado, como propone el gobierno, con el evidente problema de la asimetría y los riesgos de precarización del trabajo.
Flexibilidad laboral y los derechos de los trabajadores
Es más que evidente que una hora más o una menos, no hace la diferencia. Como la necesidad de introducir nuevos criterios de adaptabilidad o flexibilidad laboral en el cambiante y desafiante mundo del trabajo, que permitan enfrentar los nuevos desafíos que plantea el desarrollo científico y tecnológico. No tan sólo se trata de trabajar menos sino también mejor. Pero ello no puede hacerse sin una debida protección a los derechos y conquistas de los trabajadores.
No tan sólo se trata de trabajar menos sino también mejor. Pero ello no puede hacerse sin una debida protección a los derechos y conquistas de los trabajadores.
Y allí parece residir la principal razón del gobierno para negarse, hasta ahora, a un debate racional sobre la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo con la gradualidad y flexibilización que requiere la iniciativa.
La mayoría de los empresarios no quiere escuchar hablar de una reducción de la jornada laboral. Tan sólo de “adaptabilidad” o “flexibilización”, sin sindicatos de por medio. Con una negociación directa entre los dueños de las empresas y los trabajadores individualmente considerados, con la vieja política del “si te gusta bueno y si no…” De allí sus acerbas críticas al gobierno por abrir la puerta al debate sobre la reducción de la jornada laboral.
La mayoría de los empresarios no quiere escuchar hablar de una reducción de la jornada laboral. Tan sólo de “adaptabilidad” o “flexibilización”, sin sindicatos de por medio.
Tal pareciera que buena parte del sector empresarial buscaría maximizar sus ganancias en base a rebajas tributarias y recortes salariales. Sin mayores consideraciones por el bienestar de sus trabajadores. Con nulos o escasos esfuerzos por incrementar la productividad en base a innovación tecnológica y de procesos.
No se puede servir a dos señores. El gobierno fue elegido para servir al país y no a los empresarios. Más que desatar una violenta e infundada campaña comunicacional que apunta a generar temor e incertidumbre en la ciudadanía, el gobierno debiera abrirse a un debate sereno y racional acerca de una reducción de la jornada laboral, la introducción de nuevos criterios de adaptabilidad y flexibilidad negociados entre representantes empresariales y de los trabajadores, que garanticen el respeto a los derechos y conquistas sociales.
No se puede servir a dos señores. El gobierno fue elegido para servir al país y no a los empresarios.
Lamentablemente, el gobierno ha optado por ponerle la proa a la iniciativa que ha continuado su tramitación en el parlamento, calificando el proyecto como ilegal, haciendo reserva de constitucionalidad y anunciando que recurrirá al Tribunal Constitucional (que no pocas veces ha actuado como una tercera instancia legislativa) para abortarlo, profundizando el clima de crispación y polarización política que no le hace bien al país.
Un enrarecido clima político
Ha sido similar a la reacción frente a la potencial acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por notable abandono de deberes. Aún antes de conocer sus fundamentos, el gobierno, tal como había amenazado el ministro Gonzalo Blumel a los parlamentarios socialistas que patrocinaban la iniciativa, con su torpeza habitual la ministra vocera del gobierno (siguiendo instrucciones superiores), no dudó en acusar al conjunto del Partido Socialista de mantener vínculos con el narco tráfico. Y aunque con posterioridad ha intentado matizar sus dichos, afirmando que se refería a una situación puntual en la comuna de San Ramón, se ha negado de plano a ofrecer las demandadas excusas.
Es más que obvio que la oposición no puede mantener indefinidamente el bloqueo del ingreso de subsecretarios y asesores a las sesiones parlamentarias, sin un grave menoscabo a la función legislativa, pero es igualmente evidente que este incidente deja fracturas que una retractación y excusas en debida regla podrían haber aminorado o contribuido a cerrarlo.
Un llamado al realismo
Lo primero que debe asumir el Ejecutivo es que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le permita la aprobación de su controvertida agenda con un marcado sello neo liberal, sin un proceso de diálogo y negociación no tan sólo con aquellos sectores supuestamente más abiertos a ese proceso sino con el conjunto de la oposición, asumiendo, con un mínimo de realismo, que esa negociación supone concesiones mutuas, respetando los límites de ambos sectores para construir consensos.
La oposición no parece disponible para rebajar los tributos a los sectores de mayores ingresos sin adecuadas compensaciones que no tan sólo aseguren equilibrios en materia de ingresos fiscales, sino que mantengan la proporcionalidad alcanzada en la anterior reforma tributaria.
La oposición no parece disponible para rebajar los tributos a los sectores de mayores ingresos sin adecuadas compensaciones que no tan sólo aseguren equilibrios en materia de ingresos fiscales, sino que mantengan la proporcionalidad alcanzada en la anterior reforma tributaria. Tampoco lo está para aprobar una reforma previsional que no garantice el incremento de las actuales pensiones, introduzca mayor solidaridad al sistema e incremente su competitividad. Y desde luego no está disponible para precarizar el empleo y afectar los derechos y conquistas de los trabajadores.
Estos son los datos duros que debe asumir el gobierno en esta nueva fase en donde busca acelerar la aprobación de sus proyectos emblemáticos antes de entrar en un nuevo proceso electoral cuando pretende asegurar su proyección futura.
Estos son los datos duros que debe asumir el gobierno en esta nueva fase en donde busca acelerar la aprobación de sus proyectos emblemáticos antes de entrar en un nuevo proceso electoral cuando pretende asegurar su proyección futura.
Pronto a cumplir la primera mitad de su mandato, la verdad es que el balance de sus dos primeros años de gobierno es francamente decepcionante. Sobre todo para esa mayoría de ciudadanos que votara por Sebastián Piñera en segunda vuelta, seducida por su promesa de “tiempos mejores”.
Por más que el Presidente se esfuerce por insuflar optimismo, las proyecciones de crecimiento para este año no superan el 2,6 %. Así enfrenta una agenda legislativa bastante trabada y con muy poco margen de negociación. Un clima político tensionado por el propio Ejecutivo y un movimiento social que acentuará la movilización por la defensa de sus derechos y conquistas.
Por más que el Presidente se esfuerce por insuflar optimismo, las proyecciones de crecimiento para este año no superan el 2,6 %. Así enfrenta una agenda legislativa bastante trabada y con muy poco margen de negociación.
Y precisamente cuando los vientos empiezan a cambiar en la región.
