Al igual de lo que sucede en varios países latinoamericanos, Colombia suma una crisis política a la sanitaria social y económica que vive el país. La determinación del poder judicial de decretar el arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe, actual senador y líder del partido Centro democrático, el partido en donde milita el actual presidente Iván Duque.
El exmandatario está siendo investigado por supuesta manipulación de testigos y obstrucción a la justicia en un largo proceso, que se arrastra desde el año 2012, por nexos con grupos paramilitares o de autodefensa, Las medidas cautelares alcanzan al abogado de Uribe, Diego Cardenam, supuesto cómplice de delitos de sobornos a testigos en actuación penal y fraude procesal.
La determinación del poder judicial ha generado un verdadero terremoto político, obligando al actual mandatario a salir en defensa de Uribe, su mentor y principal apoyo político, pese a las diferencias y criticas de Uribe a su gestión. “Yo he sido y seré un creyente en su inocencia y en su honorabilidad” ha proclamado Duque, cuestionando abiertamente la medida decretada por los jueces en contra del exmandatario. Una decisión no exenta de cálculo político para un debilitado gobernante que requiere de urgentes apoyos.
terremoto político, obligando al actual mandatario a salir en defensa de Uribe, su mentor y principal apoyo político
La crisis política desatada por la cautelar aplicada en contra de Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cardenam, explota en un pésimo momento para el frágil gobierno de Duque. Cuando la pandemia parece llegar a su peak, en medio de una aguda crisis social y económica que golpea a Colombia.
El trasfondo del proceso de paz
El partido de Uribe, pese a sus tensiones internas, ha cerrado filas en torno al exmandatario y líder indiscutido de la colectividad. Criticando vehementemente la decisión del poder judicial y remarcando su trayectoria política, comandando una guerra sin cuartel en contra de la guerrilla, liderada por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que luego lo sucediera en el poder para impulsar un proceso de paz, del cual Uribe se manifestó como un acérrimo crítico. Una controversia que terminó con la ruptura del partido de la U y la creación de centro democrático, liderada por Uribe.
En el trasfondo de todo este incidente está aquel proceso de paz liderado por Santos. El mismo que Iván Duque debe implementar, pese a las críticas del exmandatario, ahora procesado por sus nexos con los paramilitares y los intentos de obstruir la acción de la justicia.
En sus alegatos contra de las medidas cautelares aplicadas a Álvaro Uribe, Iván Duque demanda la libertad del exmandatario, con argumentos tan controversiales como afirmar que en Colombia existen criminales de lesa humanidad ( ex guerrilleros) en el Congreso (como fruto de los términos de la paz pactada), en tanto que “una persona que ha ocupado dos veces la presidencia de la República, que ha sido defensor de la legalidad y del estado de derecho y que, adicionalmente es senador de la república”, no pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad.
La cerrada y ardorosa defensa del mandatario colombiano para su mentor que lo llevó a la presidencia implica más de un riesgo respecto de una persona que aparece vinculada a graves hechos de corrupción, espionaje de opositores y comprobados lazos con paramilitares responsables de la ejecución de más de 2000 civiles, perpetradas a lo largo de sus dos mandatos y presentadas como guerrilleros muertos en enfrentamientos.
La cerrada y ardorosa defensa del mandatario colombiano para su mentor que lo llevó a la presidencia implica más de un riesgo
comprobados lazos con paramilitares responsables de la ejecución de más de 2000 civiles, perpetradas a lo largo de sus dos mandatos y presentadas como guerrilleros muertos en enfrentamientos.
Numerosas grabaciones y testimonios de testigos manifiestan que Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadenam se coludieron para manipular pruebas y presionar a testigos con el objetivo que cambiaran sus testimonios en la investigación que se sigue al exmandatario.
Numerosas grabaciones y testimonios de testigos manifiestan que Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadenam se coludieron para manipular pruebas y presionar a testigos con el objetivo que cambiaran sus testimonios en la investigación que se sigue al exmandatario.
Pese a las evidencias la medida cautelar ha divido las opiniones al interior de la sociedad colombiana, entre un sector que ve a Uribe como un adalid de la democracia, compartiendo sus críticas al proceso de paz y quienes apoyan la indagación judicial.
La implementación de los acuerdos de paz alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido lenta y engorrosa, no exenta de críticas, sobre todo respecto de la llamada justicia transicional que concede un trato especial a quienes asuman sus responsabilidades y se reintegren a la vida civil.
Aún persisten focos guerrilleros, especialmente en la porosa frontera con Venezuela, que parece contar con la tolerancia del régimen chavista, como ha denunciado reiteradamente el gobierno colombiano. Aún no se han alcanzados acuerdos con el Frente de Liberación Nacional (FNL), que mantiene baja actividad, mientras algunas células armados han optado por trabajar para los carteles de la droga.
No es seguro que los magistrados puedan resistir la presión social y la del gobierno para mantener por mucho tiempo las medidas cautelares contra Uribe, pero indudablemente representa un duro golpe no tan sólo para el ex mandatario, que estaría considerando la posibilidad de renunciar a su escaño parlamentario, renunciando al fuero para defender su causa; también para su partido, principal fuerza de gobierno y para el actual mandatario, comprometido en la irrestricta defensa de su mentor político.
Con la mirada puesta en el 2022
Iván Duque cumple la primera mitad de su mandato y el éxito o fracaso de su gobierno se medirá más que por las correcciones a los acuerdos por la paz que prometiera en su campaña – que no ha podido implementar – o la recuperación económica, por su capacidad de manejar la crisis sanitaria y social que vive el país. Y sobre todo a quién le entregará la banda presidencial.
No es seguro que el proceso judicial que se sustancia en contra de Álvaro Uribe termine con su larga carrera política, pero con toda seguridad afectará severamente la influencia y gravitación que ha mantenido en la política colombiana.
Tanto el gobierno como los sectores opositores ponen su mirada en el año 2022 y la sucesión de Iván Duque, que no puede postular a la reelección luego de la reforma constitucional que lo impide. Y no es seguro que su partido, Centro Democrático, pueda mantener la hegemonía para designar a su sucesor.
Tanto el gobierno como los sectores opositores ponen su mirada en el año 2022 y la sucesión de Iván Duque, que no puede postular a la reelección luego de la reforma constitucional que lo impide. Y no es seguro que su partido, Centro Democrático, pueda mantener la hegemonía para designar a su sucesor.
