El gobierno está sobrepasado. Las fuerzas policiales están desbordadas y fuertemente cuestionadas. El sistema político está deslegitimado. El Estado de derecho está siendo atacado. La violencia se hace cotidiana. ¿Está en riesgo la democracia?
Parece más que evidente. Algunos insinúan el riesgo de una guerra civil pero no existen condiciones para ello. La ira juvenil que se expresa en barricadas, incendios y saqueos, amenazando con destruir todo aquello que represente al Estado, el poder y el mercado, no tiene la fuerza para constituirse en un adversario que puedas enfrentar al poder del Estado. Tampoco la tienen los grupos anti sistémicos, el narco tráfico o el crimen organizado.
La ira juvenil que se expresa en barricadas, incendios y saqueos, amenazando con destruir todo aquello que represente al Estado, el poder y el mercado, no tiene la fuerza para constituirse en un adversario que puedas enfrentar al poder del Estado.
Las amenazas van por otro lado. Por parte de grupos de ultraderecha, que asumen que se está en presencia de un intento de insurrección popular inspirada por la izquierda marxista y llaman a las FF.AA. a intervenir, como en 1973, para salvar nuevamente a nuestro país de la amenaza totalitaria.
Las amenazas van por otro lado. Por parte de grupos de ultraderecha, que asumen que se está en presencia de un intento de insurrección popular inspirada por la izquierda marxista y llaman a las FF.AA. a intervenir, como en 1973, para salvar nuevamente a nuestro país de la amenaza totalitaria.
Por un gobierno extraordinariamente debilitado, que no acaba por asumir la profundidad de la crisis, privilegiando las medidas de orden y seguridad antes que las medidas sociales y políticas para enfrentarla, con el serio riesgo de incrementar el espiral de violencia que vive el país.
Por un gobierno extraordinariamente debilitado
O de pequeños grupos que creen que el país vive una situación pre revolucionaria. Que rechazan los intentos del sistema político por abrir un cauce institucional que permita canalizar las demandas ciudadanas y darles respuestas proporcionales a la magnitud de la crisis. Que apuestan a una caída mágica del gobierno y el protagonismo de un poder popular inexistente que lo sustituya.
O de pequeños grupos que creen que el país vive una situación pre revolucionaria.
Evidentemente, la crisis representa una oportunidad para que el país asuma la necesidad de un cambio estructural. No tan sólo en relación a su institucionalidad para avanzar hacia una nueva constitución legítima en su origen y homogéneamente democrática en sus contenidos, sino también en su modelo de desarrollo, asumiendo que “el experimento neo liberal está completamente muerto”, como afirmara el economista Sebastián Edwards(que nadie podría calificar de izquierdista) y que el país está desafiado a avanzar hacia un estado social y democrático de derechos, una versión de los Estados de bienestar europeos, como insinúa en una reciente columna The Economist.
Evidentemente, la crisis representa una oportunidad para que el país asuma la necesidad de un cambio estructural. No tan sólo en relación a su institucionalidad para avanzar hacia una nueva constitución legítima en su origen y homogéneamente democrática en sus contenidos, sino también en su modelo de desarrollo
Sin lugar a dudas la actual crisis social que enfrenta el país también involucra un serio riesgo para nuestro sistema democrático. El riesgo de una regresión autoritaria o de populismos de diverso signo. Sobre todo si el sistema político- incluyendo al gobierno y el conjunto de la oposición- no es capaz de escuchar e interpretar correctamente las demandas de la ciudadanía. De establecer un diálogo amplio y sin exclusiones con el movimiento social, con sus dirigentes genuinos y representativos, incluyendo a trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y empresariales, organismos no gubernamentales, universidades, académicos, profesionales y los cientos de miles de ciudadanos que espontáneamente se han autoconvocado en cabildos locales y comunales, para deliberar y construir acuerdos acerca del futuro del país.
El sistema político está desafiado no tan sólo a escuchar las demandas y propuestas que surgen del amplio y diverso mundo social, buscando establecer una nueva relación más horizontal y de cooperación con estos actores ciudadanos. También a canalizarlas y ofrecer soluciones que se hagan cargo de ellas.
El sistema político está desafiado no tan sólo a escuchar las demandas y propuestas que surgen del amplio y diverso mundo social, buscando establecer una nueva relación más horizontal y de cooperación con estos actores ciudadanos. También a canalizarlas y ofrecer soluciones que se hagan cargo de ellas.
El gobierno, que no acaba por asumir la profundidad de la crisis, adoptando posturas contradictorias, a menudo inconducentes o francamente contraproducentes, para enfrentar la crisis, debe asumir la primera responsabilidad no tan sólo por la forma como se ha generado la crisis, sino también por su extensión en el tiempo.
Su propuesta de un pacto por la paz, la justicia social y una nueva Constitución, carece aún de contenidos suficientes para dar respuestas a las demandas ciudadanas, con énfasis excesivos en temas vinculados a la seguridad y el orden (incluyendo la intervención de las FF.AA. para resguardar lugares estratégicos) y del todo insuficientes en materia de justicia social.
Su propuesta de un pacto por la paz, la justicia social y una nueva Constitución, carece aún de contenidos suficientes para dar respuestas a las demandas ciudadanas, con énfasis excesivos en temas vinculados a la seguridad y el orden (incluyendo la intervención de las FF.AA. para resguardar lugares estratégicos) y del todo insuficientes en materia de justicia social.
El trascendente acuerdo político por una nueva Constitución, incluyendo el plebiscito de entrada en donde los chilenos no tan sólo decidan si la quieren, sino también elegir el mecanismo para su elaboración, representa un avance muy significativo. Sería muy lamentable que algunos de los sectores que suscribieran el acuerdo, como ha ocurrido con dirigencia de la UDI y otros parlamentarios, entre ellos Andrés Allamand, intentaran borrar con el codo lo que escribieran con la mano. Sería igualmente grave en costos políticos y sociales que el acuerdo se malograra por falta de consensos para su implementación.
Sería igualmente grave en costos políticos y sociales que el acuerdo se malograra por falta de consensos para su implementación.
Cómo enfrentar a la violencia
La violencia, no tan sólo la contestataria sino también la represiva e institucional, tan sólo puede ser enfrentada en el marco de un efectivo Estado de derecho, con una clara voluntad rectificatoria de un orden a todas luces injusto y excluyente, que viene desde bastante más atrás que estos últimos treinta años y que, al igual de lo que sucede en la inmensa mayoría de los países de la región (y buena parte del mundo) está asociada a nuestra historia como nación.
La violencia, no tan sólo la contestataria sino también la represiva e institucional, tan sólo puede ser enfrentada en el marco de un efectivo Estado de derecho, con una clara voluntad rectificatoria de un orden a todas luces injusto y excluyente
El reciente informe de Human Rights Watch, tras dos semanas de trabajo en nuestro país, advierte de “graves violaciones a los derechos humanos” por parte de los servicios policiales en su esfuerzo por contener desmanes y reponer el orden público, con el uso indebido e indiscriminado de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos e incluso personas detenidas, incluyendo miles de detenidos, heridos, lesionados, además de abusos sexuales en contra de menores de edad y mujeres, entre otras tropelías.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se refirió a una cultura de abusos por parte de los servicios policiales. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos en contra de personas detenidas y sistemas de control deficientes, facilitaron que se produjeran graves violaciones a los derechos humanos de muchos chilenos, señaló el visitante, junto con demandar una urgente reforma en carabineros.
Evidentemente, existen responsabilidades políticas, institucionales y personales por estos abusos, que deben hacerse efectivas para que la justicia investigue y sancione. Además de la necesaria reparación para las víctimas.
Evidentemente, existen responsabilidades políticas, institucionales y personales por estos abusos, que deben hacerse efectivas para que la justicia investigue y sancione. Además de la necesaria reparación para las víctimas.
Sin embargo, es igualmente evidente que el país no puede vivir indefinidamente en medio de una convulsión social acompañada de actos de violencia extrema, que sin duda afectan la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población, contribuyendo adicionalmente en acentuar la deteriorada imagen internacional del país e impactando de manera muy negativa a en la actividad social, económica y cultural del país, asumiendo que ellas no volverán a ser como antes.
Se puede entender la ira de miles de jóvenes que han sistemáticamente sido marginalizados y excluidos de los frutos del tipo de crecimiento que ha experimentado el país en estos últimos treinta años. La rabia por los abusos e inequidades que han sufrido millones de chilenos por parte de un Estado que no garantiza igualdad de oportunidades. Con un modelo económico que concentra la riqueza y genera un país para ricos y otro para pobres.
Pero no se puede justificar los saqueos, los incendios, la destrucción de la propiedad pública (que al final deberemos pagar todos los chilenos) o de la propiedad privada no tan sólo de los sectores más pudientes sino también de pequeños empresarios y emprendedores que han visto afectadas sus fuentes laborales. No puede normalizarse, en medio de actos de vandalismo, que un manifestante haga una parrillada al lado de una barricada, con carne saqueada en una carnicería del sector.
El espiral de violencia ha sobrepasado límites y se ha extendido por demasiado tiempo. Ha llegado la hora de enfrentar este fenómeno que implica un fuerte cuestionamiento al Estado de derecho evidente riesgo a nuestra democracia, como ha sostenido incluso un grupo de conocidos profesionales vinculados al Partido Socialista, ampliamente compartida como creciente inquietud en significativos sectores de la población
La urgencia de un nuevo pacto político, económico y social
El único camino viable para enfrentar la violencia, en todas sus formas, es el camino institucional que ofrece el sistema democrático, con un diálogo que incluya a los actores sociales y políticos, buscando acuerdos trascendentes y vinculantes que muestren una efectiva voluntad de cambios y transformaciones que, de manera urgente, requiere nuestra sociedad. Con generosidad y apertura, renunciando a ideologismos y protagonismos excesivos e inconducentes.
El único camino viable para enfrentar la violencia, en todas sus formas, es el camino institucional que ofrece el sistema democrático, con un diálogo que incluya a los actores sociales y políticos, buscando acuerdos trascendentes y vinculantes que muestren una efectiva voluntad de cambios y transformaciones que, de manera urgente, requiere nuestra sociedad.
Sin lugar a dudas ello requiere de un sentido de audacia, urgencia y radicalidad, asumiendo que hay un antes y un después a partir de las movilizaciones sociales que han sacudido al país. Las propuestas y las agendas que tan sólo hace cinco semanas atrás parecían razonables hoy ya no lo son más. Hoy es indispensable refundar nuestra democracia. Cambiar la forma de hacer y pensar la política, restableciendo su conexión con el movimiento social, Invertir en cohesión social. Reformular nuestro modelo de desarrollo y enfrentar las enormes desigualdades e inequidades que marcan nuestro proceso de desarrollo.
Sin lugar a dudas ello requiere de un sentido de audacia, urgencia y radicalidad, asumiendo que hay un antes y un después a partir de las movilizaciones sociales que han sacudido al país. Las propuestas y las agendas que tan sólo hace cinco semanas atrás parecían razonables hoy ya no lo son más. Hoy es indispensable refundar nuestra democracia.
El país tiene potencialidades y recursos para asumir estos desafíos. Todos y cada uno de los chilenos deben ser convocados para traducirlo en un resultado con mayor amistad cívica, apertura al diálogo y búsqueda de acuerdos. Con respeto por la diversidad social, religiosa, de género, étnica e ideológica. Y, sobre todo, dignidad.
Como reza el lema de la revolución francesa de 1879. El país requiere Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Como reza el lema de la revolución francesa de 1879. El país requiere Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Y una mejor democracia.
