Finalmente la derecha y el empresariado le doblaron la mano al gobierno. El proyecto de “modernización tributaria” no considerará el alza de impuestos a los más altos ingresos, como propusieron la DC y el PPD, en una fórmula para compensar la menor recaudación fiscal y baja de impuestos a estos sectores, que supone el proyecto original del Ejecutivo. Una fórmula a la que se había abierto el ministro de Hacienda, intentando viabilizar la controvertida iniciativa oficialista.
Se trató de una verdadera rebelión de las huestes parlamentarias, con fuertes presiones empresariales, que obligaron al timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a defender una flexibilidad del Ejecutivo, argumentando que se trataba de una negociación en donde en algo se debía ceder si se quería alcanzar un acuerdo. Pero los parlamentarios oficialistas no dieron su brazo a torcer y finalmente el gobierno tuvo que reconocer que no contaba con piso político para esa negociación.
“Estamos conscientes de que ese es el sentimiento mayoritario al interior de Chille Vamos y del gobierno” tuvo que reconocer el titular de Hacienda luego de recibir duras críticas tanto de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional (“eso es ir mucho más lejos de lo que hizo la izquierda” afirmó Jacqueline Van Rysselberghe), así como de parte de las cúpulas empresariales, que aspiran a que el proyecto implique una efectiva baja de los tributos.
“Estamos conscientes de que ese es el sentimiento mayoritario al interior de Chille Vamos y del gobierno” tuvo que reconocer el titular de Hacienda luego de recibir duras críticas tanto de parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional (“eso es ir mucho más lejos de lo que hizo la izquierda” afirmó Jacqueline Van Rysselberghe), así como de parte de las cúpulas empresariales, que aspiran a que el proyecto implique una efectiva baja de los tributos.
La decisión gubernamental implica un serio retroceso en los acercamientos con la oposición en torno al proyecto de modernización tributaria. Aún cuando subsistían importantes diferencias tanto respecto a la reintegración tributaria, que no tan sólo beneficiaría las PYMES sino principalmente a los grandes contribuyentes (con un costo fiscal de más de 800 millones de dólares anuales), incentivado la distribución de utilidades antes que la inversión.
De igual manera, no existe consenso en la forma como el gobierno propone compensar la menor recaudación fiscal que implica su proyecto, asumiendo que la estimación de los ingresos por la introducción de la boleta electrónica están sobre estimados.
En la oposición existe un consenso en ciertos principios ordenadores para que la anunciada reforma mejore el régimen tributario de las Pymes, sin reducir la actual recaudación fiscal, manteniendo su progresividad, sin retroceder en el combate a la evasión y elusión.
En la oposición existe un consenso en ciertos principios ordenadores para que la anunciada reforma mejore el régimen tributario de las Pymes, sin reducir la actual recaudación fiscal, manteniendo su progresividad, sin retroceder en el combate a la evasión y elusión.
“El proyecto como está es muy insatisfactorio” ha sostenido el economista demócrata cristiano Ricardo Ffrench Davis. Por tres razones. “La primera, no recauda y probablemente reduce los ingresos fiscales. Segundo, lo hace de manera regresiva, disminuyendo principalmente los pagos de los contribuyentes de mayores ingresos y tercero, el punto central del gobierno, la reintegración, beneficia más la distribución de utilidades que la inversión. No es un proyecto pro inversión ni pro crecimiento sino lo opuesto, es pro utilidades no reinvertidas”. Una opinión lapidaria que incidió en que la directiva demócrata cristiana, y con ella toda la oposición, determinara que no existían las bases mínimas para un acuerdo.
En las intensas negociaciones sostenidas por las autoridades de Hacienda con los representantes de la oposición se había logrado un acercamiento de posiciones sobre la base de no bajar la recaudación y mantener la progresividad del sistema, aún cuando no un acuerdo total en las aristas más controversiales del proyecto, razón por la cual se decidió crear una mesa de trabajo, integrada por asesores legislativos y técnicos del ministerio de Hacienda, que trabajaran durante los meses de enero y febrero para buscar consensos.
La duda es si estos conversaciones mantienen el sentido tras la decisión del gobierno de no subir los impuestos a las personas, como proponía la oposición. Por ahora el gobierno evalúa alternativas, como el incremento de las rentas regionales, que “podría abrir cerraduras para negociar con la oposición”. Sin embargo no será una tarea fácil para los equipos técnicos de gobierno y oposición construir consensos, teniendo a la vista el escaso margen de maniobra que tiene el Ejecutivo ante la fuerte presión de su propia coalición y el sector empresarial, que no renuncia a la idea de que la nueva reforma tributaria implique una efectiva rebaja de impuestos a las empresas y personas.
Esa fue la promesa de la campaña de Sebastián Piñera a los empresarios. Incluso bajando el impuesto a las empresas de 27 a 25 %. Una promesa que debió morigerar vista la fuerte reacción opositora, dejando fuera de este beneficio a los grandes contribuyentes.
Esa fue la promesa de la campaña de Sebastián Piñera a los empresarios. Incluso bajando el impuesto a las empresas de 27 a 25 %. Una promesa que debió morigerar vista la fuerte reacción opositora, dejando fuera de este beneficio a los grandes contribuyentes.
“Prefiero que los recursos estén en manos de las personas que en el Estado” ha sostenido el senador de la UDI, Víctor Pérez, evidenciando el fuerte sesgo ideológico con que tradicionalmente la derecha ha enfrentado los debates tributarios. Con la idea que mientras más bajos sean los impuestos, mayores recursos se destinan a la inversión y emprendimiento por parte del sector privado.
