La suerte del Director General de Carabineros está echada. Es cuestión de horas, a lo más de unos pocos días, para que presente su renuncia o el Presidente decida su remoción. Sería una completa insensatez que el gobierno intentara hacer de esto otro “gallito político” defendiendo lo indefendible. Ello generaría un conflicto institucional de imprevisibles consecuencias.
No se trata de un chantaje o una disyuntiva entre remover al Director General de Carabineros, haciendo efectiva la responsabilidad del mando, o acusar constitucionalmente al ministro del Interior. La primera medida es una necesidad política y un imperativo ético. Lo segundo corresponde a una atribución constitucional que tiene el parlamento. Nadie puede sentirse agredido por el ejercicio de una atribución constitucional, más que justificada en las actuales circunstancias, Los diputados deben fundamentar adecuadamente la acusación en contra del ministro responsable del orden público, si estiman que procede, y el Senado debe actuar como jurado para resolverla.
No se trata de un chantaje o una disyuntiva entre remover al Director General de Carabineros, haciendo efectiva la responsabilidad del mando, o acusar constitucionalmente al ministro del Interior.
El caso del joven empujado al río por un policía fue la gota que colmó el vaso. Parlamentarios de oposición han anunciado que no aprobarán el presupuesto asignado al cuerpo de Carabineros mientras el gobierno no proceda a remover el Director General y anuncie una profunda y urgente reestructuración de la institución policial.
Ciertamente parece una medida extrema pero justificada por la severa crisis por la que hoy atraviesa la institución. Una crisis profunda y prolongada, que se arrastra por décadas, en donde no tan sólo el cuerpo de Carabineros ha mostrado ineptitud e incapacidad para resguardar el orden público con pleno e irrestricto respeto por los derechos humanos, sino también ha incurrido en gravísimas violaciones, dejando cientos de lesionados, varios muertos, detenciones arbitrarias e incluso con abusos sexuales en contra de personas detenidas. Y tan grave como lo anterior, reiteradamente ha intentado encubrir a los autores de estos hechos, obstruyendo la acción de la justicia. Tal como sucediera en el caso del asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Todo ello sin contar el denominado: ”Pacogate”, el mayor fraude institucional conocido en la historia del país, comprometiendo a un exdirector General, numerosos generales y oficiales, además de civiles obligando a una drástica reestructuración del alto mando dejando en el camino a generales de probada experiencia.
Una reforma urgente y necesaria largamente postergada
El nombramiento del General Rozas como Director General obedeció a una decisión del Presidente, que lo tuvo como edecán en su primer mandato. Y que condicionó el paso a retiro de 10 generales de mayor experiencia. Ciertamente Rozas no ha mostrado particular diligencia para impulsar la necesaria y urgente reforma de su institución, reiterando conductas de justificación de abuso de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos,
Mario Rozas no goza del crédito y apoyo institucional. Un profundo descontento interno recorre a su institución, que estima que el Director General no tiene la experiencia, don de mando necesario y menos capacidad para implementar una reforma profunda de la institución.
En especial este descontento se anida entre los suboficiales y los efectivos, que estiman que han ido al sacrificio para hacer la tarea dura, muchas veces sucia, sin verdadero respaldo y debida asistencia del mando. En sordina se insinúan acciones de protesta, que serían lideradas por suboficiales. Algo hasta ahora inédito en el cuerpo uniformado.
En especial este descontento se anida entre los suboficiales y los efectivos, que estiman que han ido al sacrificio para hacer la tarea dura, muchas veces sucia, sin verdadero respaldo y debida asistencia del mando.
Tampoco el gobierno, es evidente, ha mostrado mayor diligencia para impulsar dichas reformas, anunciadas con bombos y platillos, pero nunca implementadas, pese a contar con propuestas serias elaborados por un grupo de expertos, tanto del oficialismo como de oposición.
Es preciso reconocer que no tan sólo este gobierno ha mostrado debilidades a la hora de fijar claramente los conceptos de dependencia de las FF.AA, y de Orden al poder civil. Es un tema que se arrastra desde el inicio de la transición y que se ha venido agravando en estos últimos años, Especialmente en el caso de Carabineros
Sin lugar a dudas alude a uno de los déficits de la transición y consolidación democrática que hoy gravita pesadamente sobre nuestra convivencia.
Diversas administraciones a lo largo de los últimos 30 años han eludido o no han sabido asumir la urgencia de enriquecer la formación profesional, cívica y humanista de las instituciones armadas, fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos materiales y profesionales puestos a su disposición ni regular de mejor manera los procedimientos y protocolos en el uso de la fuerza. Incluso las FF.AA. mantienen aún un oneroso sistema previsional de excepción en nuestro país, financiado por todos los chilenos. Sin lugar a dudas alude a uno de los déficits de la transición y consolidación democrática que hoy gravita pesadamente sobre nuestra convivencia.
En democracia las fuerzas armadas, de orden y seguridad no se mandan solas
El país necesita de una policía profesional, no militarizada, formada en el irrestricto respeto de los derechos humanos, que pueda garantizar un orden democrático, Respetuosa de la Constitución y las leyes. Y se podría avalar la percepción de que la inmensa mayoría de los 60.000 efectivos que integran la policía uniformada cumplen a cabalidad e incluso abnegación su labor para mantener el orden, prevenir delitos, luchar en contra el crimen organizado y asistir a la población en las emergencias.
Aquella dependencia del ministerio de Defensa durante el régimen militar no contribuyó a una adecuada formación cívica y en Derechos Humanos, sino muy por el contrario.
Pero, al igual de lo que sucede con las FF.AA., nunca han asimilado del todo el concepto de dependencia del poder civil. No deja de ser inquietante que el ex ministro del interior y actual senador de la Republica, José Miguel Insulza, haya debido reconocer que “los Carabineros se mandan solos”. Aquella dependencia del ministerio de Defensa durante el régimen militar no contribuyó a una adecuada formación cívica y en Derechos Humanos, sino muy por el contrario.
Claramente el estallido social, así como el mal llamado conflicto en la Araucanía, superaron con creces sus capacidades de responder con protocolos adecuados y un uso proporcional de la fuerza. La propia iniciativa asumida por el gobierno de crear un cuerpo especializado en el combate antiguerrillas en Colombia (el llamado comando Jungla, posteriormente disuelto en la formalidad) contribuyó a la idea de la guerra en contra de los violentistas (el actual mandatario alguna vez expresó esa idea).
Los informes de Naciones Unidas y de la OEA, así como de organizaciones internacionales especializadas en defensa de derechos humanos, son lapidarios. Registran graves violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, muertes, mutilaciones y apremios ilegítimos, abusos en contra de detenidos y detenidas en manifestaciones pacíficas. Todo esto en democracia, luego de la experiencia de 17 años de dictadura cuando la violación a los derechos humanos fue sistemática y generalizada,
Todo esto en democracia, luego de la experiencia de 17 años de dictadura cuando la violación a los derechos humanos fue sistemática y generalizada,
Chile no está en guerra. Enfrenta conflictos, como casi todos los países. Algunos agudos y no exentos de violencia, como quedaron en evidencia durante estallido social y se viven hace tiempo en la Araucanía. Y también amenazas del narco tráfico y el crimen organizado, que ha crecido y se ha empoderado en estos últimos años.
Pero la democracia debe proveer los mecanismos y herramientas para enfrentar esos conflictos y amenazas.
Pero la democracia debe proveer los mecanismos y herramientas para enfrentar esos conflictos y amenazas. Siempre dentro de la Constitución y las leyes, con protocolos y procedimientos adecuados y proporcionales, respetando los derechos humanos y las libertades públicas. En democracia ni los militares ni la policía se mandan solos. Como todos, deben respetar la Constitución y las leyes, están sujetos a la dependencia del poder civil democráticamente elegido, están regidos por reglamentos y protocolos que requieren de una urgente modernización. Exigencias no lejanas al desafío constitucional que comienza a abordar el país en el próximo plebiscito del 25 de este mes.
Exigencias no lejanas al desafío constitucional que comienza a abordar el país en el próximo plebiscito del 25 de este mes.
El director General de Carabineros debe renunciar sin más dilaciones. Es una urgencia para la convivencia democrática y la misma institución policial en crisis mayor. Así el gobierno está urgido como atrasado en la necesaria y urgente reforma de la policía, separando y especializando funciones, introduciendo profundos cambios en su formación profesional, modificando – más allá de las palabras de buena crianza des estos días – los protocolos para regular el uso de la fuerza. Garantizándose un verdadero control civil sobre las instituciones de la Defensa, Orden y Seguridad, que son un patrimonio del país y no departamentos estancos, con autonomías indebidas en el límite de la propia legalidad vigente. No por nada el Estado les entrega el monopolio de la fuerza, que siempre debe estar bajo control y fiscalización. Para seguridad de todos, incluso de las propias instituciones armadas.
No por nada el Estado les entrega el monopolio de la fuerza, que siempre debe estar bajo control y fiscalización. Para seguridad de todos, incluso de las propias instituciones armadas.
Ya está dicho, los llamados desesperados del aún ministro del Interior han sido más que tardíos. El alto mando de Carabineros ha sufrido drásticos ajustes a partir de las sucesivas crisis que ha enfrentado, obligando a una acelerada renovación del cuerpo de generales. Hoy mismo 7 generales (del entorno de sucesión a Mario Rozas) están siendo investigados por la Contraloría General de la Republica en atención a sus responsabilidades en graves faltas por procedimientos implementados para reprimir las movilizaciones sociales.
Hoy mismo 7 generales (del entorno de sucesión a Mario Rozas) están siendo investigados por la Contraloría General de la Republica en atención a sus responsabilidades en graves faltas por procedimientos implementados para reprimir las movilizaciones sociales.
Carabineros enfrenta una crisis mayor, algunos dicen terminal. La reforma es más que urgente y necesaria, La gran duda es cuánto tardará el proceso y cómo se puede componer un alto mando que entregue confianza a la ciudadanía. Todo en perspectiva de recuperar prestigio y confianza, más que exigibles para su cumplimiento de funciones esenciales en todo sistema democrático.
En cualquier caso, la primera prueba de la blancura es la decisión de remover al general Rozas
El desafío y la duda se extienden al gobierno y las autoridades civiles de las cuales debe depender Carabineros. En cualquier caso, la primera prueba de la blancura es la decisión de remover al general Rozas
