Si es que alguna vez existió, poco le duró la neutralidad al presidente. En su esfuerzo por restar trascendencia al plebiscito, sosteniendo que lo importante son los resultados y no los mecanismos, se reunió con los dirigentes de Chile Vamos para proponerles los diez contenidos “esenciales” que debiera contener una constitución democrática y resultaron mortalmente parecidos al rechazo reformista propuesto por la derecha.
Pero ambos sectores coinciden en el objetivo superior de defender todo aquello que sea posible de la actual institucionalidad, que tan bien sirve a los intereses del modelo económico. Con seguridad Piñera intenta mantener una cierta neutralidad entre esas dos posiciones.
Todo esto cuando se libra una áspera polémica al interior de la derecha entre quienes proponen mimetizarse con la opción por el apruebo, que dan por segura triunfadora, confiando en dar la verdadera batalla en la elección de los convencionales, y aquellos que insisten en fortalecer la opción por el rechazo, apostando que mientras más votos obtengan, mayores opciones tiene de influir en el futuro. Pero ambos sectores coinciden en el objetivo superior de defender todo aquello que sea posible de la actual institucionalidad, que tan bien sirve a los intereses del modelo económico. Con seguridad Piñera intenta mantener una cierta neutralidad entre esas dos posiciones.
Ni hablar de cambiar el régimen hiper presidencialista por uno semi presidencial o de presidencialismo moderado, que distribuya de manera más equilibrada el poder. No a la rebaja de los quórums supra mayoritarios para blindar el modelo económico. No a la superación de un Estado subsidiario por uno solidario, proactivo y garante de los derechos económicos y sociales. No a una nueva constitución escrita en una hoja en blanco, que abra camino a un Estado democrático y social de derechos. El vocero de gobierno, en una abierta confusión de roles, lo sostiene, sin ambages ni pudores, “en Chile Vamos tenemos claro que contenidos defender en la Constitución”. Más claro imposible.
El vocero de gobierno, en una abierta confusión de roles, lo sostiene, sin ambages ni pudores, “en Chile Vamos tenemos claro que contenidos defender en la Constitución”.
El controvertido acuerdo del 15 de noviembre y la elección de convencionales
El acuerdo suscrito hace 10 meses entre Chile Vamos y la mayoría de los partidos de oposición no fue fácil de alcanzar, Estuvo a punto de naufragar en diversos momentos, en medio de interrupciones, nerviosas negociaciones y propuestas. Al final se logró acuerdo bajo la fórmula de los dos tercios, fuertemente cuestionada por la izquierda que se restó a suscribirlo y por Andrés Allamand, que correctamente interpretó que dicha fórmula no concedía un derecho a veto a la derecha (que bien puede representar algo más de un tercio) prefiriendo que aquello en que no hubiera acuerdo quedara fuera la Constitución siendo materia de ley.
Diversos sectores políticos y empresariales han criticado el acuerdo entonces firmado, prefiriendo mayores atribuciones para el futuro Congreso en lugar del mecanismo acordado que representa un poderoso incentivo para llegar a consensos amplios al definir la nueva Constitución, sin derecho a veto para la minoría.
Es más que evidente que la batalla por una nueva constitución se instalará en la convención constituyente, sea esta mixta o integralmente elegida. La derecha apuesta a constituirse como una primera minoría, frente a una oposición fragmentada y sin acuerdos acerca de los contenidos esenciales que debería contener una nueva constitución redactada en democracia y con una legitima demanda de sectores independientes de representarse directamente en la convención constituyente.
La derecha trabajará por levantar una lista única de candidatos a la convención, que vaya desde los republicanos liderados por José Antonio Kast hasta el conjunto de Chile Vamos y los independientes de derecha que se comprometan a defender todo lo que sea posible de la actual constitución.
En el ancho mundo del progresismo, cruzado por marcadas diferencias y disputas por liderazgos y hegemonías, la tarea pareciera más difícil. Además del tema de los independientes, que buscan representarse por sí mismos y buscan levantar listas alternativas.
En estricto rigor, lo que se requiere, es que la elección de convencionales se regule por temas, construyendo una base de acuerdos acerca de los contenidos esenciales que debe contener una nueva constitución. Si un sector del país, legítimamente aspira a rescatar todo lo que sea posible de la actual institucionalidad, debe levantar su propia lista de candidatos a la convención, sin importar si son militantes o independientes.
Si José Antonio Kast y la llamada “familia militar” (incluyendo al partido republicano), no se sienten representados por esa alternativa y aspiren a rescatar el legado institucional del régimen militar debieran levantar su propia alternativa
Si José Antonio Kast y la llamada “familia militar” (incluyendo al partido republicano), no se sienten representados por esa alternativa y aspiren a rescatar el legado institucional del régimen militar debieran levantar su propia alternativa
Lo mismo debieran hacer los sectores que aspiran a una nueva constitución, escrita en una hoja en blanco, que abra camino a un Estado social y democrático de derechos, desarrollando un proceso amplio y participativo, que permita seleccionar, de manera paritaria, a los candidatas y candidatos que puedan aportar al proceso, sin importar si son jóvenes o viejos, militantes o independientes, con miras a una lista única de convencionales comprometidos con una nueva constitución.
Y si algún sector busca recoger la inspiración de la constitución cubana, bolivariana, o de Corea del norte, debieran actuar en consecuencia.
El proceso constituyente requiere representar la amplia diversidad social, étnica, política y cultural del país y necesita del aporte de dirigentes sociales, abogados, economistas, técnicos, profesionales, artistas y también de políticos, con paridad de género.
El proceso constituyente requiere representar la amplia diversidad social, étnica, política y cultural del país y necesita del aporte de dirigentes sociales, abogados, economistas, técnicos, profesionales, artistas y también de políticos, con paridad de género.
La verdadera disyuntiva que enfrenta el país de cara al proceso constituyente es entre una reforma, bastante cosmética a la actual carta magna y redactar una nueva, escrita sobre una hoja en blanco que abra camino a las cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda.
“Acusete, cara de cuete, cinco panes y un bonete”
Es un viejo dicho infantil que algunos sectores políticos han convertido en una verdadera estrategia política de la cual han abusado sin resultados demasiado promisorios. Tan sólo se ha aprobado una acusación constitucional en contra del exministro Chadwick y el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Tan sólo se ha aprobado una acusación constitucional en contra del exministro Chadwick y el remedio ha sido peor que la enfermedad.
Nadie puede discutir que varios ministros del actual gobierno han acumulado méritos más que suficientes para fundamentar una acusación constitucional. En otros casos son discutible. Pero aquello no basta si no se tienen a la vista los temas de oportunidad y viabilidad política.
Y no puede ser más inoportuno que a menos de 50 días del plebiscito la oposición este enfrascada en un debate acerca de la pertinencia y oportunidad para acusar al exministro Jaime Mañalich y al actual titular del Interior, por fundadas y presuntas responsabilidades en el enfrentamiento de la pandemia y por grave abandono de deberes en el reciente paro de los camioneros. Con un riesgo político de desviar la atención de los desafíos pendientes de cara a las próximas elecciones de convencionales, alcaldes y gobernadores regionales.
Resultan más que debatibles las afirmaciones del expresidente Lagos sobre el exministro Mañalich. Sin lugar a dudas cometió errores mayores en el manejo de la pandemia y sus proyecciones, lo traicionó su carácter y no fue transparente para entregar una información oportuna y veraz sobre el avance de la pandemia. Pero nadie lo puede acusar de abandono de deberes.
El caso de Víctor Pérez y su pasividad – algo cómplice- frente al paro de camioneros es más evidente. Allí existió un claro abandono de deberes que perfectamente podrían fundamentar una acusación constitucional.
El caso de Víctor Pérez y su pasividad – algo cómplice- frente al paro de camioneros es más evidente. Allí existió un claro abandono de deberes que perfectamente podrían fundamentar una acusación constitucional.
En cualquier caso, el debate puede resultar inoportuno e inconducente, con el grave riesgo de introducir nuevas cuñas y diferencias al interior de la oposición, con un resultado del todo previsible. Una derrota para la oposición y una victoria para el gobierno. Y menos puede constituir una moneda de cambio para un acuerdo amplio de los partidarios del apruebo.
En cualquier caso, el debate puede resultar inoportuno e inconducente, con el grave riesgo de introducir nuevas cuñas y diferencias al interior de la oposición, con un resultado del todo previsible.
Hoy en día el desafío mayor para la diversa oposición, los actores sociales y un amplio universo de grupos independientes es asegurar un plebiscito seguro, con una amplia participación de la ciudadanía. Para obtener un triunfo categórico e inobjetable. Y sobre todo, hacer todo lo que sea necesario para cumplir con las enormes expectativas que la mayoría ciudadana ha puesto en el proceso constituyente.
Hoy en día el desafío mayor para la diversa oposición, los actores sociales y un amplio universo de grupos independientes es asegurar un plebiscito seguro, con una amplia participación de la ciudadanía.
