Un expediente más, una simple resolución administrativa dando curso a una denuncia, la firma del ministro correspondiente y de pronto, como de la nada, una borrasca de indignación social. Ese vendría a ser el resumen en modo tuit de lo acontecido en Uruguay la semana pasada con el Club Villa Española, una sacrificada institución de barrio que, de forma sorpresiva, fue intervenida por el Ministerio de Educación y Cultura.
Según los papeles del trámite, la resolución del ministerio señala que «un grupo de asociados denunció la ocurrencia de apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad». Esos apartamientos del estatuto serían: 1) El incumplimiento de resoluciones de asambleas, 2) Falta de realización de elecciones, 3) Irregularidades en la confección de actas de asambleas, 4) La realización de manifestaciones políticas y 5) La inexistencia de una Comisión Fiscal en funcionamiento.
Para nadie es un secreto que el club Villa Española, cuya sede se encuentra en el barrio del mismo nombre, en Montevideo, es una institución que agrega a su extensa actividad deportiva (fútbol, boxeo, atletismo) un accionar social múltiple y notorio: ollas populares (para darle comida a los que no la tienen), charlas y debates sobre asuntos de actualidad, una biblioteca, una huerta comunitaria, un centro cultural, el apoyo explícito a las comunidades LGBT, las canastas solidarias con alimentos y productos de limpieza que se reparten para los vecinos más vulnerables.
En el sitio web de la institución (villaespanola.com.uy) se puede leer, además de su historia deportiva, el enfoque sociocultural del trabajo: «Somos un grupo de vecinos y allegados al Club Social y Deportivo Villa Española, en su mayoría con largos años de residencia en el barrio, hinchas del club, y con ganas de hacer cosas para la mejora de nuestra comunidad. Estos aspectos comunes nos nuclearon en lo que hoy es la Comisión de Cultura de Villa Española, que tiene por objetivo recomponer los lazos sociales en la comunidad, promover el sentido de pertenencia al barrio, revincular a los vecinos y tejer redes entre las diferentes instituciones y grupos zonales, basados en la solidaridad, por intermedio de la educación popular, la cultura y el arte».
El punto cuarto de la resolución ministerial, el que refiere a «la realización de manifestaciones políticas», parece ser la gota que colmó el vaso, algún vaso. El año pasado, el club de futbol lució una camiseta de alternativa que tenía estampado el logo de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que es una flor a la que le falta un pétalo. Hace unos meses, jugadores del equipo de primera división recolectaron firmas para habilitar el referéndum contra una ley ómnibus tramitada con carácter urgente por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Hasta hoy una de las tribunas de su estadio luce un enorme cartel con la leyenda «Nunca más», que alude al terrorismo de Estado.
Una vez conocida la decisión del gobierno de desplazar a las autoridades del club e intervenirlo, estalló la tormenta. Se precipitaron las declaraciones, los comunicados, las voces de dirigentes políticos, autoridades, activistas sociales, deportistas y hasta el presidente de la República. De repente todos quisieron hablar de lo ocurrido. Los jugadores del equipo de fútbol también se manifestaron antes del último partido, y posaron para la foto con pancartas en las que se leían diferentes consignas: «La primera independencia es leer», «Nunca más», «Solo el amor alumbra lo que perdura», «Construcción social y cultural», entre otras. Después del encuentro (perdieron 3 a 2) hubo insultos y amenazas hacia ellos.
El presidente Lacalle Pou fue de lo más didáctico respecto al asunto. En una rueda de prensa realizada en Punta del Este, dijo que «el gobierno no interviene una institución de este tipo a través del ministerio de Educación porque quiere, porque se levanta un ministro (?) o alguien interviene. No. Hay un estatuto que hay que cumplir, hay socios que reclaman esta intervención, se dan los supuestos establecidos para esta intervención y es lo que se hace».
El expresidente Pepe Mujica, por el contrario, opinó que la decisión fue «desmedida y exagerada: a quienes decidieron intervenir el club se les fue la mano». En igual sentido se manifestaron otros dirigentes políticos de la oposición, y numerosos referentes sociales y culturales de la ciudad, entre ellos la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, exvecina del barrio y probable candidata a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio.
Edison Lanza, quien fuera relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue un poco más lejos: dijo que la decisión del gobierno «va a generar un efecto disuasivo e inhibitorio importante, y un efecto distorsivo para la sociedad, porque ahora todos vamos a estar pendientes de que cuando se pronuncie alguien de una idea que no compartimos, el Ministerio de Educación intervenga».
La resolución del ministro es meramente administrativa y puede ser recurrida por las autoridades a las que se pretende desplazar, lo que seguramente suceda en estos días. Pero lo que preocupa a muchos es el mensaje de aparente intolerancia que se emite desde las altas jerarquías del país. Una vez más, parecería que hubiera en el gobierno un grupo de ultras dispuestos a establecer por todos los medios un cierto modelo social. También da la sensación de que en ese pequeño grupo prima el resentimiento.
Sin embargo, hay otras lecturas posibles con hipótesis inquietantes. Una es el uso de la potestad del gobierno para intervenir asociaciones civiles de distinto tipo, ya sean deportivas, culturales o sindicales. Si bien las leyes habilitan ese comportamiento, la práctica del mismo ha demostrado su inconveniencia. En el caso específico de las organizaciones sindicales, además, es evidente que una resolución en tal sentido desataría una conflictividad que, por ahora, nadie quiere.
La otra hipótesis está relacionada con una especie de guerrita psicológica que se estaría desarrollando desde distintos ámbitos oficialistas contra la oposición política, sindical y, sobre todo, social. Según algunos veteranos líderes políticos, las maniobras de esa guerrita tienen el tufillo de las clásicas operaciones para distraer y entretener a la opinión pública. Muchos creen que cada uno de estos episodios son como una tormenta en un vaso de agua. El problema es que, por alguna misteriosa razón, en ciertos casos la tormenta escapa del vaso que la contiene y se vuelve incontrolable. Es lo que pasa ahora con la intervención del club Villa Española
