Las izquierdas y la «confusión democrática»

Entre mediados del siglo xviii y finales del siglo xix, cuando se definía buena parte de la modernidad política en Occidente, la popularización del concepto «democracia» en el lenguaje político iberoamericano se dio de manera lenta y disputada¹. Aunque mantuvo su polisemia y hasta su equivocidad, la voz se fue constituyendo gradualmente en un concepto político fundamental, cargado de preguntas y de sentidos. Fue en ese marco, como bien ha señalado el historiador español Javier Fernández Sebastián, un «vocablo proteico», que pudo ser parte, en especial durante la segunda mitad del siglo xix y comienzos del xx, de sintagmas cruciales.Esa dimensión de concepto en disputa fue una de las razones para que el sustantivo «democracia» fuera requiriendo –cada vez más– de numerosos adjetivos. Ha dicho al respecto Fernández Sebastián: «Se comprende que el permanente desacuerdo de fondo acerca del concepto y su intrínseca (…) amplitud forzasen en muchos casos el recurso a una generosa adjetivación. A los ya conocidos calificativos de individualistay socialista se añaden otros muchos como democracia moderna, democracia liberal,democracia obrera, democracia popular, democracia radical, democracia tumultuaria,democracia burguesa, etc.»².

Tras aquel intenso debate se encontraba un conjunto de contiendas político-conceptuales: las tensiones entre las ideas de república y democracia, aquellas vinculadas al «desdoblamiento» de la siempre resbaladiza categoría «pueblo», las varias significaciones en pugna en torno de la noción de soberanía, las raíces del creciente prestigio de la idea de democracia social o la asociación entre democracia y una laxa invocación al progresismo. Pero fue su cruce conceptual con la compleja cuestión de la representación y de la interpelación de los paradigmas liberales lo que permitió una gradual rehabilitación discursiva de una palabra que muchos denunciaban como hipócrita. En esa tensión conceptual fue donde nacieron dos sintagmas decisivos como los de «democracia representativa» y «democracia liberal». A través de ellos comenzó a aceptarse la noción de que se podía ir hacia una forma de régimen de gobierno mixto o combinado, en la que la adscripción temida de la voz «democracia», asociada al poder ilimitado y directo del pueblo, podía dejar lugar a una visión de mayor moderación, tras una suerte de atenuación antijacobina o elitista del gobierno del pueblo.

Si se proyecta el concepto ya consolidado de democracia en la América Latina del siglo xx, su sentido proteico se profundiza aún más. En tensión con las distintas tradiciones que ya portaban las culturas políticas del continente –que incluían caudillismo, militarismo, regímenes oligárquicos, reformismos más o menos liberales o populares, los populismos «nacional-populares» que devinieron después y las lecturas diversas sobre el tema desde las izquierdas y derechas en sus diferentes versiones, sobre todo desde los marxismos por un lado y las derechas antiliberales y hasta protofascistas por el otro–, no fue sencillo para ningún régimen o actor político desentenderse de toda invocación del concepto, mucho menos aceptar su disidencia radical contra este. Algo de esto último pudo ocurrir recién desde finales de la década de 1950 hasta la de 1970, cuando el calentamiento de la Guerra Fría en todo el continente habilitó actores y posturas ideológicas claramente teñidos por una retórica y en una práctica ostentosamente antidemocrática: aunque desde horizontes contrapuestos, tendieron a coincidir en esos posicionamientos las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional (promovidas por Estados Unidos e inauguradas con el golpe de Estado en Brasil de 1964), las derechas nacionalistas y antiliberales (en ocasiones hasta fascistas), así como las izquierdas foquistas y marxista-leninistas.

Las tragedias ocurridas tras las guerras civiles, los violentismos prometeicos y, de manera particular, los terrorismos de Estado desplegados entre las décadas de 1960 y 1980 fueron el soporte fundamental para una revalorización general de la democracia por parte de casi todos los actores, en tanto consenso básico de las transiciones. Aun en esos momentos de convergencias antidictatoriales, no faltaron disidencias sobre este punto a derecha e izquierda, pero fueron marginales. Las transiciones democráticas, aun con sus diferencias claves en relación con los temas cruciales de la justicia y la verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos, tendieron a apuntar hacia un «acuerdo de régimen» básico sobre la democracia como plataforma política para instalar las competencias ideológicas. El impacto de la caída del socialismo real en el continente, como en casi todo Occidente, también jugó en esa dirección, aunque la deriva radical del neoliberalismo y del neoconservadorismo de los años 90 muy pronto socavó los cimientos sociales del acuerdo.

De todos modos, la firma de la Carta Democrática Interamericana por todos los países americanos (con excepción de Cuba, marginada de la Organización de Estados Americanos –oea–), nada menos que el 11 de septiembre de 2001, en la ciudad de Lima, pudo simbolizar el último hito de ese momento de relativa convergencia de miras. Ese documento recogía un acuerdo de base en términos más bien procedimentales, relacionado con el avance de la democracia representativa, en defensa de sistemas políticos en que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes y representantes en elecciones competitivas y transparentes. Pese a ello, no debe olvidarse que ese acuerdo fue también firmado de modo entusiasta por Hugo Chávez y que expresaba la inscripción del continente en lo que por entonces daba en llamarse la «tercera ola democrática».

El «desacuerdo de régimen» y la erosión del apoyo a los valores democráticos

Lo acontecido durante el siglo xxi en el panorama político latinoamericano tiene que ver en principio con la continuidad general –con ciertos casos de excepción preocupantes– de democracias electorales en el continente. Dada la historia latinoamericana, esta circunstancia no resulta un hecho menor. Sin embargo, no debe ignorarse la persistencia de situaciones de creciente inestabilidad política, referida a la sucesión de «golpes blandos», derivas autoritarias de gobiernos surgidos de elecciones, procesos de confrontación política de signo excluyente, crisis de los partidos y de las formas de la representación y procesos incrementales de personalización de la política, con desprestigio de las instituciones democráticas en general. En ese contexto y a partir de lo vivido en los últimos años, la perspectiva de un progresivo «desacuerdo de régimen» en torno de lo que concebimos como democracia ha emergido como un problema central en América Latina. Las legitimidades de origen se han venido distanciando de las de ejercicio, y ello ha atravesado a gobiernos de derecha y de izquierda, más allá incluso de los vaivenes de las retóricas cambiantes en torno del populismo de unos y de otros.

Esto ya no es un problema de las elites, sino que ha llegado a calar más hondo en la opinión pública, como lo vienen indicando año a año distintas mediciones internacionales. En consonancia con fenómenos cada vez más frecuentes a escala mundial, los itinerarios en el continente del nivel de apoyo a la democracia y de satisfacción con su funcionamiento han marcado derivas de inestabilidad en las últimas décadas, tendencia que se ha profundizado en el lustro más reciente. Este cuadro de desencanto y de recelo, esta marea antipolítica, tan proclive a la emergencia de liderazgos redentores y de sus arcadias regresivas, ha tendido a radicalizarse en los últimos años, como lo indican distintos estudios sobre simpatía y prestigio de actores, instituciones y comportamientos tradicionalmente asociados a la vigencia de la vida democrática³.

En América Latina, las discusiones sobre los retos de la «cuestión democrática» se han anudado en las últimas décadas con tres momentos históricos muy distintos: a) la interpelación y los efectos residuales de los procesos de transición a la democracia, luego de las dictaduras de la Seguridad Nacional; b) el desencanto de los trámites de reacción antipolítica y de las democracias limitadas de la década de 1990, con sus ortodoxias y desigualdades renovadas tras las crisis económicas; y c) los procesos de crisis más o menos radical de los gobiernos de signo progresista que ascendieron desde alrededor del año 2000, en especial en América del Sur. A partir de lo acumulado en esos tres momentos de signo tan disímil, la pérdida de «acuerdo de régimen» sobre la democracia tiende a coincidir hoy en la región con la hegemonía creciente de derechas radicales en el campo conservador, alentadas por la reorientación extremista de la política hemisférica de eeuu protagonizada por el gobierno de Donald Trump y sus halcones (John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio).

El centro político (que hay que recordar que no necesariamente coincide con el centro ideológico) tiende a desaparecer, y las derechas tradicionales enfrentan la tentación de volverse (o de ser superadas por) ultraderechas. Los ejemplos de Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia o Juan Orlando Hernández en Honduras refieren esa combinación tensa entre neopatriotismo, ultraliberalismo en lo económico, conservadorismo social y moral fuerte y militarización creciente en la conducción del Estado⁴. Por cierto, esta nueva ecuación busca asociarse al impacto de procesos diversos: la nueva realidad económica regional e internacional con sus reorientaciones liberales; el auge de los llamados agronegocios y de su modelo extractivista, orientado a las exportaciones de alimentos y minerales sin procesar; el cambio ideológico de alcances aún inciertos en la región y en el mundo; el creciente influjo en el continente de corrientes neopentecostales, con su agenda regresiva en el plano de los derechos⁵; la implosión de los regionalismos y de la aspiración a desplegar roles de autonomía en el contexto global. En ese marco, parecen haber caducado las coaliciones socialdesarrollistas presentes en varios países del continente durante la «década dorada» (2004-2014).

Desde una perspectiva histórica que vincule esos tres momentos constitucionales (en referencia a la teoría de Bruce Ackerman)⁶ antes reseñados, sin menoscabar el influjo central de otros factores de poder sin duda decisivos, cabe preguntarse cuánto de esta nueva realidad latinoamericana de giro derechista no fue facilitada por innegables déficits políticos y democráticos que signaron la experiencia de los gobiernos progresistas en las décadas pasadas. Son muchas las preguntas que surgen en esa dirección, en especial desde experiencias no susceptibles de una consideración uniforme.

¿De qué manera se buscó redefinir los vínculos entre ciudadanía y política en los nuevos contextos «progresistas»? ¿Bajo qué formas, instituciones y procedimientos se tendió a establecer los nuevos pactos de ciudadanía en sociedades impactadas por las redes sociales y por fuertes poderes fácticos extrainstitucionales? ¿Fueron respondidas las cuentas pendientes que habían dejado las dictaduras, relativas a verdad y justicia, redemocratización de las Fuerzas Armadas y renovación de los sistemas judiciales en consonancia con las nuevas realidades y con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo tendieron a rearticularse en la región el concepto de homogeneidad cultural (propio del modelo clásico y universalista de ciudadanía) y los desafíos emergentes del multiculturalismo y de los Estados plurinacionales? ¿Qué lugar efectivo se le dio a la llamada «agenda de nuevos derechos», vinculada a la situación de actores y colectivos largamente postergados e invisibilizados? ¿Cómo se ha reconceptualizado la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos sociales para incluir en ella, de manera central, una consideración más integral de la pobreza, la indigencia y sus vectores de injusticia radical en el continente más desigual del planeta? ¿Se intentó reformular la noción de Estado, de los modelos de desarrollo y de las políticas públicas para dar sustento consistente a estas demandas impostergables? ¿Cómo se combatió de plano el fenómeno devastador y generalizado de la corrupción, que en la actualidad más cercana configura una fuente incontenible de desprestigio de los políticos y aun de desencanto en torno de los valores democráticos? Por cierto que esta lista sintética de preguntas interpela al conjunto de las sociedades y de los sistemas políticos del continente. Pero desde la oportunidad del ejercicio del gobierno (en algunos casos por primera vez) y desde sus promesas de cambios profundos, no cabe duda de que la interpelación resultaba más decisiva y primordial para las izquierdas y los progresismos. No hacía falta conocer lo que ocurriría luego del «boom de los commodities» y su bonanza para advertir que en la disputa por el liderazgo de la profundización democrática, estos actores tenían una tarea estratégica.

Entre golpes blandos y progresismo autoritario

A partir de la alarma que han producido los acontecimientos recientes vividos o aún en curso en varios países (Venezuela, Brasil, Honduras, Guatemala, Perú, Paraguay) y de los perfiles autoritarios y confrontativos que exhiben los contextos políticos de otros procesos latinoamericanos, la hipótesis antes descartada de un continente que en forma progresiva podría deslizarse hacia una nueva era de dictaduras o autoritarismos cívico-militares (distintos de los de la década de 1970) lamentablemente ha vuelto a la agenda de debate. Confluyen en esa perspectiva inquietante la deriva autoritaria de varios gobiernos (de derecha y de izquierda, conservadores y «progresistas»), así como el creciente empoderamiento de los ejércitos y la emergencia de fuerzas paramilitares como último sostén de regímenes agotados. También juegan en esa dirección los embates polarizadores de oposiciones irreductibles, el avance profundamente deslegitimador de fenómenos de corrupción extendida, así como el acelerado retorno de lo que a fines del siglo xx y comienzos del xxi ya se llamaban «democracias de baja intensidad» o «democracias inciertas». Como se señalaba en el informe sobre el estado de la democracia en América Latina presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) hace ya 15 años, al inicio de la «década dorada» en América del Sur: «aun en regiones donde el sistema legal tiene alcance, suele ser aplicado con sesgos discriminatorios contra varias minorías y también mayorías, tales como las mujeres, ciertas etnias y los pobres. Este sistema legal truncado genera lo que se ha llamado una ciudadanía de baja intensidad»⁷.

Desde la perspectiva del progresismo más específicamente sudamericano, ya a fines de 2009 el chileno Luis Maira manifestaba su sorpresa por la «evaluación insuficiente» y por la «limitada comprensión» que –a su juicio– las elites intelectuales y gobernantes sudamericanas habían tenido frente a la magnitud y las consecuencias de la crisis global de 2008. Luego de resaltar el rol muy gravitante que las usinas del pensamiento neoconservador tuvieron en el ascenso de las fuerzas políticas de derecha en las últimas décadas, Maira advertía que, con el cambio de ciclo, nada similar había ocurrido en el campo adversario, lo que a su juicio revestía mucha importancia a la hora de sustentar las posibilidades de retorno de «una etapa posneoconservadora en la región».

Luego de citar la conocida opinión de Immanuel Wallerstein respecto a que el gobierno de Barack Obama podía paradójicamente ser funcional al «momento de la venganza de la derecha», Maira llamaba la atención sobre que un eventual efecto pendular podía ser favorecido por la ausencia de pensamiento estratégico de los gobiernos y partidos que habían protagonizado el cambio político de los últimos años en el subcontinente sudamericano. «La pregunta es –concluía Maira– si todavía estamos a tiempo de corregir las fallas de caracterización de la crisis y recuperar la iniciativa política, poniendo el énfasis en aquellas ideas fuerza que la mayoría de los balances académicos o políticos señala»⁸.

Casi una década después y con el giro político «contrarreformista» en pleno despliegue en el continente, sus señalamientos de entonces parecen revestir un cierto perfil profético. Los progresismos, pese a sus logros innegables en campos como la redistribución económica y las políticas sociales, en otras áreas decisivas prefirieron libretos menos desafiantes, como en las reformas políticas de profundización genuinamente democrática (sin trampas ni confusiones), en las alternativas regionalistas de inserción internacional o en la exigencia de nuevas ideas y proyectos para un desarrollo diferente, que combinara sustentabilidad medioambiental y económica con equidad social⁹. A esto deben sumarse ciertas evidencias de que el giro actual hacia la derecha y el rumbo que se atisba en él no parecen configurar una simple alternancia más, propia de toda democracia, en la historia contemporánea de América Latina. Se registran propuestas y orientaciones, en muchos casos extremistas, que parecen apostar a la destrucción de lo dejado por el ciclo progresista y a consolidar la construcción de regímenes de ruptura, de muy dudoso carácter democrático. Una vez más, lo que habría que preguntarse es si las debilidades y omisiones de los gobiernos progresistas en cuestiones fundamentales del cambio político y social que proponían no han convergido para facilitar el giro actual. A contramano de algunas propuestas simplistas, las demandas constituyentes para un nuevo liderazgo democrático de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos no se agotan en la apelación –a menudo retórica– a mayores cauces de participación social, como vía de configuración de una «democracia participativa» que tendería paulatinamente a sustituir a la «democracia representativa» clásica. Una democracia más participativa no se logra empoderando (y cooptando) a los militantes y grupos afines en contra de una oposición estigmatizada. Tampoco se construye multiplicando pronunciamientos plebiscitarios (a menudo amañados y hasta desconocidos cuando son adversos) ni jaqueando los ámbitos de la representación. Menos aún tratando de construir lógicas de decisión comunalistas, contrarias al imperio de la soberanía popular¹⁰. Cualquier forma de ejercicio autoritario y excluyente del poder (aun desde lógicas asistencialistas), como se ha visto en la última década y media, pese a las mejoras en la redistribución, si no apuntan a cambios estructurales que también tengan que ver con reformas institucionales de profundización democrática y de acuerdos de régimen con los adversarios, terminan por no consolidar las transformaciones.

En varios países del llamado «grupo bolivariano» (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua), el ascenso de gobiernos progresistas luego de las democracias limitadasde los años 90 se legitimó entre otras cosas por la propuesta de cambios constitucionales de perfil refundacional, con fuertes modificaciones –en ciertos aspectos en clave rupturista– respecto a las institucionalidades anteriores. A partir de varios elementos convergentes (como la institucionalización de liderazgos encarnados a través del reforzamiento del presidencialismo, el recurso en algunos casos a la reelección indefinida, la adopción de mecanismos más participativos, entre otros), las soluciones constitucionales y las praxis que devinieron tras ellas no fueron, sin embargo, idénticas. Más allá de que, casi siempre con intencionalidad estigmatizadora, a todas las izquierdas y a todos los progresismos latinoamericanos se los ha calificado con frecuencia como «populismos», las experiencias incluso de los regímenes refundacionales han marcado también diferencias. En ese sentido, resulta equívoco incluir en un paquete homogéneo la llamada «democracia participativa y protagónica» del chavismo y sobre todo del madurismo, el «Estado plurinacional» de la Bolivia de Evo Morales o la «Revolución Ciudadana» de Rafael Correa, quebrada por su sucesor Lenín Moreno. De todos modos, más allá de su diversidad, todas estas experiencias han presentado déficits democráticos innegables. A simple título de ejemplo: los problemas de sucesión y la forja de personalismos autoritarios tras el fenómeno de los liderazgos encarnados (en los que el proyecto tiende a identificarse con un líder de perfiles mesiánicos); la erosión de principios democráticos esenciales como los de soberanía popular y las restricciones frente a la concentración de poder, a través de prácticas de manipulación y arbitrariedad; la quita de autonomía y aun el desconocimiento de independencia a movimientos y agentes de la sociedad civil; los enfrentamientos frecuentes con el Poder Judicial; el empoderamiento de los militares y, en el caso venezolano o nicaragüense, la afirmación –legal o extralegal– de cuerpos paramilitares, presentados como garantes últimos de la continuidad de regímenes calificados como «cívico-militares»; la deslegitimación persistente y el no reconocimiento pleno de la interlocución de los partidos y movimientos opositores, entre otros.

Pero el tema de los déficits democráticos también cubrió la experiencia de otros gobiernos de izquierdas o progresismos nacional-populares más clásicos. En medio de una verdadera pandemia continental, los fenómenos de corrupción afectaron transversalmente los sistemas políticos, con un fuerte impacto en Brasil y Argentina. Más allá de los abusos y persecuciones judiciales, que los hubo y que los sigue habiendo¹¹, existen evidencias fuertes y comprobadas de episodios muy graves al respecto. Ello no hace más que ratificar aquello tan viejo de que «la corrupción no es de izquierda ni de derecha», pero también de que sus impactos sobre la primera resultan siempre mucho más devastadores y perdurables en términos de deslegitimación política. En Brasil, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff no pudieron –ni supieron– avanzar en la reforma política, a todas luces indispensable para construir un formato de gobernabilidad sustentable frente a la fragmentación general del sistema de partidos y a la existencia de bancadas transversales (como la ruralista o la evangelista), por cierto muy adversas. En Chile, más allá de los balances que se hagan sobre las tres grandes reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet (constitucional, educativa y fiscal), el último gobierno de Nueva Mayoría terminó con la división de las izquierdas chilenas¹² y con lo que Joaquín Brunner ha llamado con elocuencia el «fin de la ilusión»¹³. En Nicaragua, la deriva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con políticas neoliberales y prácticas de terrorismo de Estado contra sus opositores, amenaza borrar el legado de la Revolución Sandinista de 1979¹⁴. En El Salvador, el ascenso espectacular del nuevo presidente Nayib Bukele, surgido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln) pero que luego formó un nuevo partido afín a un enfoque de nuevas derechas, ha roto con la continuidad del bipartidismo tradicional vigente por tres décadas. Aun respecto a Uruguay, presentado a menudo como excepción en el cuadro de los gobiernos progresistas, la actual coyuntura electoral presenta fuertes incertidumbres, generadas –entre otros factores– por descontentos múltiples ante el tercer gobierno frenteamplista¹⁵.

El cuadro catastrófico que presenta la situación de Venezuela –cuyo desenlace todavía resulta incierto en el momento en que se escribe este artículo–, así como el nuevo callejón sin salida en que parece haber entrado Cuba, empujado sin duda por la nueva política de Trump y su obsesión por el derrocamiento de la «triple tiranía»¹⁶, no hacen más que dramatizar aún más el balance reciente y también los retos en el corto y mediano plazo para la acción de las izquierdas y los movimientos progresistas latinoamericanos.

Las izquierdas y los nuevos filtros conceptuales para evitar la confusión democrática

Como es sabido, los debates académicos e ideológicos acerca de las definiciones de la democracia, además de ser eternos, viven en estos tiempos una coyuntura especialmente agitada. Hoy debe enfrentarse un nuevo problema que Giovanni Sartori calificaba ya hace décadas como el de la «confusión democrática»: bajo el rótulo prestigioso de la democracia se hacen pasar contenidos y prácticas muy poco democráticos, lo que redobla la exigencia de una mirada rigurosa y atenta. En América Latina, como lo prueban de manera fehaciente muchos procesos contemporáneos, la confusión democrática converge en un fuerte «desacuerdo de régimen» sobre la democracia, que incluso corre el riesgo –como se ha señalado– de evolucionar en varios países hacia hipótesis de ruptura de régimen en clave antidemocrática.

Teniendo en cuenta las dificultades y lo indeseable de cualquier posición absolutista o puramente normativa en sociedades democráticas, a la hora de respetar la heterogeneidad de la América Latina contemporánea, no se puede aspirar a recetas aplicables a tan distintos contextos. Lo que sí se puede conseguir (y hasta resulta cada vez más indispensable) es la renovación de una discusión político-intelectual de proyección efectivamente internacional, en la que sea posible debatir de manera consistente y sin dobleces sobre ciertos filtros conceptuales indispensables para la calificación de una democracia genuina¹⁷. Ello apunta, por ejemplo, a precisar con rigor qué pertenece o no al ámbito de la política democrática; cómo incorporar las dimensiones de género, territoriales, comunitarias y étnicas en la fragua de nuevos sistemas políticos que legítimamente puedan reivindicar su condición inclusiva; qué reglas y comportamientos preservan la posibilidad del ejercicio en plenitud de la soberanía popular, la no concentración del poder, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas y la normalización de la alternancia en el gobierno. También supone analizar a qué democracia aspiramos y cómo es que han devenido las que son a través de los avatares de nuestras historias. Significa, en su dimensión más profunda, la rediscusión de la legitimidad del poder y de su ejercicio concreto en el día a día. Después de todo lo ocurrido en la región y en el mundo en las últimas décadas, los usos conceptuales de la democracia requieren límites y alcances más precisos y profundos que en décadas anteriores. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que la centralidad de la demanda democrática se ha vuelto más difícil de argumentar. Tal vez aún no podamos saber los rasgos que definirán a las nuevas democracias del siglo xxi, pero sí sabemos decididamente lo que estas no pueden ser.

Los índices definidores y operativos de una democracia enfrentan actualmente desafíos importantes, en ciertos aspectos inéditos. Los indicadores tradicionales de autores clásicos como Robert Dahl (derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a la competencia política, elecciones libres y justas, libertad de asociación, libertad de expresión, existencia de fuentes alternativas de información, solidez de las instituciones, sustentabilidad de las políticas públicas, etc.), en su aplicación concreta a las condiciones de muchos países del planeta, enfrentan exigencias renovadas. Si resulta por demás claro que en un continente como América Latina las definiciones procedimentales minimalistas siempre son importantes pero también insuficientes, la aplicabilidad y conceptualización de definiciones de democracia desde opciones ampliadas o maximalistas (que incorporan otros indicadores, como las exigencias de que los gobernantes surgidos de elecciones tengan poder efectivo para gobernar o que existan ciertos niveles básicos de equidad socioeconómica y altos niveles de participación popular) también se ven interpeladas desde diversas perspectivas. Adviértase, por ejemplo, la amplificación de los debates en torno de la idea de la justicia, desde tradiciones como la del pensamiento de John Rawls hasta desarrollos más contemporáneos como los que aparecen en los trabajos de Amartya Sen.

Las mutaciones de la democracia en América Latina, inscritas, por cierto, en procesos que son globales pero que tienen particularidades regionales, devienen hoy en desafíos novedosos e inciertos, y también radicales. En la erosión de las convicciones democráticas, en las renuncias a la ética como principio de identidad y en el respaldo internacional dado a regímenes claramente dictatoriales¹⁸, las izquierdas y los progresismos latinoamericanos pueden perder la legitimidad duramente ganada durante décadas en la promoción de las luchas populares y en la resistencia a las dictaduras del terrorismo de Estado. Como se ha señalado, la cuestión democrática vuelve a constituirse en un eje de interpelación central, y lo que se haga frente a situaciones dramáticas como la de la Venezuela actual puede comprometer por muchos años el futuro de las izquierdas en el continente. Y esto está ocurriendo precisamente cuando resulta más indispensable un liderazgo democrático indiscutible y sin cortapisas, sin relativismos ni doble moral, en momentos en que lo que vuelve a estar en juego en el continente es precisamente eso: la democracia política y social como sustento de la convivencia y de los derechos, de las libertades y de la igualdad, en particular para los más desposeídos.