En su primera comparecencia ante los tribunales de justicia argentinos, Cristina Fernández sostuvo ser víctima de un verdadero acoso judicial, del llamado Lawfare (Law, ley, Warfare, guerra) o guerra jurídica en su contra.
Un concepto relativamente moderno acuñado por juristas para referirse al uso indebido de las causas judiciales por parte del poder político y mediático, que se traduce en persecución y detenciones arbitrarias.
Un acoso que en mayor o menor medida pueden denunciar no pocos colaboradores de su anterior gobierno. Entre ellos, el vicepresidente Amado Bodou, el exministro Julio de Vido y otros ex altos funcionarios del pasado mandato de Cristina Fernández que enfrentan procesos judiciales, algunos de ellos en prisión, que hoy no dudan en proclamarse como verdaderos presos políticos, demandando su más pronta liberación.
El tema representa más de una preocupación y un problema para el actual mandatario trasandino Alberto Fernández, que enfrenta fuertes presiones de sectores del kirchnerismo para la pronta liberación de los inculpados, debiendo afirmar que en su país no existen presos políticos sino tan sólo detenidos arbitrariamente, que perfectamente podrían enfrentar los procesos judiciales en libertad.
El tema representa más de una preocupación y un problema para el actual mandatario trasandino Alberto Fernández, que enfrenta fuertes presiones de sectores del kirchnerismo para la pronta liberación de los inculpados
Sin lugar a dudas, el concepto de Lawfare se presta para más de un bemol o interpretación. Perfectamente, con mayores razones y antecedentes, el expresidente brasileño Inacio Lula da Silva puede sostener que es víctima de este acoso judicial indebido. Como lo fuera en su momento la ex mandataria Dilma Rousseff. Existen abundantes evidencias que el juez Moro, hoy convertido en flamante ministro de justicia de Jair Bolsonaro, se concertó con diversos magistrados para incriminar al exmandatario brasileño para impedirle postularse nuevamente a la presidencia de su país.
el expresidente brasileño Inacio Lula da Silva puede sostener que es víctima de este acoso judicial indebido.
No son pocos los líderes latinoamericanos que se autoproclaman “víctimas” de un acoso judicial indebido, Entre ellos, los exmandatarios peruanos que hoy enfrentan procesos judiciales por corrupción (Alan García optó por el suicidio). A Keiko Fujimori, se suma el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, que hoy cumple condena. O el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, requerido por la justicia de su país. Así como el propio Evo Morales, que también enfrenta acusaciones judiciales en Bolivia.
Y suma y sigue, si se añaden a la lista los numerosos opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que han sufrido detenciones y enfrentan procesos judiciales en su contra.
Ciertamente no es posible afirmar que todos y cada uno (as) de los líderes políticos que hoy enfrentan procesos judiciales en la región son víctimas de acoso judicial traducido en persecuciones y detenciones arbitrarias, sin analizar los méritos o antecedentes incriminatorios en cada caso.
Ciertamente no es posible afirmar que todos y cada uno (as) de los líderes políticos que hoy enfrentan procesos judiciales en la región son víctimas de acoso judicial traducido en persecuciones y detenciones arbitrarias, sin analizar los méritos o antecedentes incriminatorios en cada caso.
Las normas de un debido proceso
El tema de fondo no es si los líderes políticos deben tener inmunidad frente a posibles delitos que cometan en el ejercicio de su cargo sino si efectivamente gozan de su derecho a un debido proceso. Si es lícito decretar largas medidas de prisión preventiva antes que una sentencia definitiva establezca sus responsabilidades en los hechos que se le imputan e impongan una condena.
Si respecto de estas acusaciones existe una presunción de inocencia, sin que los medios de comunicación desarrollen verdaderas ejecuciones mediáticas, asumiendo anticipadamente su culpabilidad.
Y sobre todo si existe una verdadera separación de poderes entre el Ejecutivo y el poder judicial. Si verdaderamente existe un poder judicial independiente, que ofrezca las debidas garantías procesales y de apego al derecho.
Y sobre todo si existe una verdadera separación de poderes entre el Ejecutivo y el poder judicial.
En verdad, la independencia del poder judicial está bajo escrutinio en varios de los países de la región. No son pocos los gobiernos que se las arreglan para controlar el poder judicial, influyendo en las designaciones de los altos magistrados. O derechamente procediendo a designar a quienes luego buscan congraciarse con el poder político o evitan enemistarse con él, aplicando distintos raseros para juzgar los casos.
la independencia del poder judicial está bajo escrutinio en varios de los países de la región.
Y qué decir de los medios de comunicación, en su inmensa mayoría controlados por el poder económico o político, carentes de toda objetividad, que no dudan en servir los intereses de sus propietarios o controladores, generando verdaderos procesos mediáticos y erosionando la confianza pública en las instituciones democráticas.
Y qué decir de los medios de comunicación, en su inmensa mayoría controlados por el poder económico o político
Lawfare ¿excusa o realidad?
Es necesaria mucha cautela a la hora de asumir este nuevo concepto y extenderlo sin mayores discernimientos a todos los líderes políticos que enfrentan procesos judiciales por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito o abusos de poder.
Es necesaria mucha cautela a la hora de asumir este nuevo concepto y extenderlo sin mayores discernimientos a todos los líderes políticos que enfrentan procesos judiciales por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito o abusos de poder.
Demasiado fresco está en la memoria el llamado caso Odebrecht. Una gigantesca trama de corrupción montada por la empresa constructora brasileña que no tan sólo involucra al conjunto de los partidos políticos brasileños sino a 12 países de la región, en donde sus propios directivos, en base al mecanismo de delación compensada o colaboración eficaz, han admitido que habían invertido más de 400 millones de dólares en sobornos para obtener contratos estatales, con ganancias de más de 4.000 millones de dólares.
La imagen de un exsubsecretario argentino introduciendo bolsas de dólares, euros y yenes a un convento de monjas es más que reveladora. Como la del chofer de una repartición pública que llevaba una bitácora detallada de las coimas que recolectaba su superior y que supuestamente entregaba en el palacio de gobierno o en el domicilio de la presidenta argentina.
En verdad, resulta inexplicable el enriquecimiento de la familia Kirchner en pocos años. Así como el de modestos empresarios argentinos, como Lázaro Báez, que acumularon inmensas fortunas vinculados al poder.
Nadie puede negar que el fenómeno de la corrupción es endémico en la mayoría de los países de la región, agravado por la nefasta influencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Nadie puede negar que el fenómeno de la corrupción es endémico en la mayoría de los países de la región, agravado por la nefasta influencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Ha operado como una forma perversa de distribución de la riqueza, o la única manera de hacer negocios en distintos países. Una forma conocida, y si no aceptada, al menos, hasta hace muy poco, tolerada por la ciudadanía bajo la fatalista premisa de: “roben, pero hagan”. Y evidentemente una manera de financiar la actividad política.
Tampoco la corrupción es privativa de América latina. Es un fenómeno global, asociado a la naturaleza humana, que ha movilizado los esfuerzos de diversos gobiernos, partidos, organismos internacionales y expresiones de la sociedad civil para combatirlo y controlarlo.
Y algo se ha avanzado en esta lucha. Muchos gobiernos han dictado modernas legislaciones a favor de la probidad y transparencia y en contra de la corrupción, incluyendo el financiamiento público de la actividad política y el límite de gastos electorales.
No son pocos los medios de comunicación que han ejercido su derecho a investigar y denunciar el fenómeno. Como son muchos los jueces que han resuelto investigar las denuncias y sancionar a los responsable de estos delitos.
El Lawfare o acoso judicial no puede constituirse en un escudo para cubrir la corrupción o simples delitos. A lo más puede constituirse en un mecanismo que garantice un debido proceso, refuerce las garantías procesales, entre ellas la presunción de inocencia, y límite los juicios mediáticos.
El Lawfare o acoso judicial no puede constituirse en un escudo para cubrir la corrupción o simples delitos.
En Argentina no existen presos políticos, como ha sostenido el Presidente Fernández. Puede que existan detenciones arbitrarias, como ha sugerido. Y que el poder judicial de su país requiera de reformas profundas, como ha propuesto en su reciente discurso a la nación, para garantizar independencia y objetividad. Jurídicas y procesales para garantizar un debido proceso. Entre ellas una mejor regulación de las medidas precautorias como la prisión preventiva. Algo similar ocurre en Perú.
La ley pareja no es dura y la corrupción parece ser un mal endémico en nuestra región.
Nadie está por encima de la ley y esta deber ser pareja. Todo acusado tiene derecho a un debido proceso, la presunción de inocencia y a la honra personal y familiar. Pero, más allá de su condición, debe responder ante la justicia por presuntos delitos, como cualquier ciudadano. La ley pareja no es dura y la corrupción parece ser un mal endémico en nuestra región.
