Se fue un año negro para las instituciones, principalmente las uniformadas. Sumada la Iglesia Católica. Con excepción de bomberos y boy scouts.
El Ministerio Público tramita al menos 124 casos, con 222 víctimas de abusos sexuales. Más de 100 sacerdotes, incluyendo ocho obispos, son procesados en Chile. El Papa Francisco que visitó nuestro país hace casi un año, debió desdecirse de sus infortunados dichos, respaldando al entonces obispo emérito de Osorno, Juan Barros.
Se fue un año negro para las instituciones, principalmente las uniformadas. Sumada la Iglesia Católica. Con excepción de bomberos y boy scouts.
En mayo, el Santo Padre citó, con urgencia, a los 34 obispos de nuestro país al Vaticano para pedirles sus renuncias, en bloque, por “graves errores y omisiones”. El mes siguiente el obispo Barros estaba declarando en el cuartel de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales en la comuna de Ñuñoa. El Papa había aceptado su renuncia – cursando su dimisión junto a la de otros seis obispos – y debió responder como eventual encubridor de abusos sexuales cometidos por el ex capellán de la Fach Pedro Quiroz. Su cercano y emblemático sacerdote Fernando Karadima fue tardíamente privado del estado clerical. Las huellas de protección a Karadima complican ahora al cardenal Francisco Javier Errázuriz, que vivió su peor año, siendo apartado del Consejo de Cardenales del Papa Francisco.
Con gran impacto social, recibió la misma sanción Cristián Precht, recordado Vicario de la Solidaridad en tiempos de dictadura.
El mes siguiente el obispo Barros estaba declarando en el cuartel de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales
El terremoto ha sido mayor. La encuesta regional Latin barómetro 2018, indica que, en la región, nuestro país es el que menos confía en la iglesia. La reciente medición del CEP, señala que la confianza en las instituciones religiosas ha bajado, en las últimas décadas, de un 51% a 13%. El prestigio y afecto popular ganada por la jerarquía eclesiástica en tiempos de dictadura es cuento del pasado. Con gran impacto, también fue privado de su estado clerical Cristián Precht, recordado Vicario de la Solidaridad en los años de represión.
Cada día puede ser peor. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati- imputado también por encubrimiento de abusos – firmó un manual de conductas para sacerdotes que ofendió a las víctimas, debiendo sacarlo de circulación. Allí no mencionaba “abusos sexuales” refiriéndose, en cambio, a “señales equívocas” ó “hechos dolorosos”. El texto prohibía “abrazos demasiado apretados”; “besar en la boca” y “recostarse a dormir junto a niños, niñas o adolescentes”.
Una crisis en desarrollo, una caja de pandora, mientras la credibilidad eclesiástica se bate en retirada.
Y cada día puede ser peor. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati- imputado también por encubrimiento de abusos – firmó un manual de conductas para sacerdotes que ofendió a las víctimas, debiendo sacarlo de circulación.
Orden y Patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro honor……Así comienza el himno de Carabineros de Chile. A mediados de los noventa, se transformaba en la institución más confiable de Chile, junto a la Iglesia Católica. Valga recordarlo.
En marzo de 2018, un esperanzado Sebastián Piñera, celebraba la designación del nuevo general director Hermes Soto: “sabemos que el daño causado a la imagen de Carabineros es profundo, pero también que es reparable”. Llegaba al cargo máximo, obligando el retiro de generales de mayor antigüedad.
Soto asumía cuando la Cámara de Diputados, aprobaba la comisión investigadora por el montaje de la “Operación Huracán”, donde se encuentra procesado como cabeza de la asociación ilícita, que inventó pruebas para culpar de delitos a comuneros mapuches, el general Blu junto a otros ex oficiales de la institución. Como si el desafío para el sucesor del cuestionado ex director general Bruno Villalobos fuera poco, se sumaba el ruido por el procesamiento de 130 funcionarios de Carabineros- incluido el general Flavio Echeverría – por el millonario fraude de una mafia interna que operó durante 10 años, sumando 28 mil millones de pesos.
Orden y Patria es nuestro lema, la ley espejo de nuestro honor……Así comienza el himno de Carabineros de Chile. A mediados de los noventa, se transformaba en la institución más confiable de Chile, junto a la Iglesia Católica. Valga recordarlo.
El cobarde y brutal asesinato de Camilo Catrillanca, con los efectos conocidos, tras el testimonio clave del joven(MPC) que lo acompañaba y la filtración de imágenes difundidas por participantes del operativo, junto con desnudar la acción criminal en el contexto de la operación de carabineros militarizados del GOPE en la región -sin olvidar que, además, el Comando Jungla fue presentado con ruido mediático por el mandatario -, evidenció la responsabilidad política del Ejecutivo, sorteada con un giro abrupto de las primeras versiones oficiales que hablaban (como ha ocurrido en numerosos casos precedentes) de un falso enfrentamiento armado, como aseguraba la vocera Cecilia Pérez.
La obligada renuncia del Intendente Mayol y el errático mando que selló la suerte del general director Soto – recibiendo fuego interno en sus propias filas, evidenciando una división insostenible – obligó a Piñera a una drástica y rápida decisión, (con el estreno de la absurda comunicación obligada al parlamento, en su momento negociada y defendida por el entonces senador Chadwick) para tras otro brusco tiraje de chimenea (retiro de 10 generales) designar en el cargo a su ex edecán, ahora flamante general director Mario Rozas.
El corolario más inmediato de la debacle institucional de Carabineros, marcada por la asertiva declaración del ex ministro, senador José Miguel Insulza “se mandan solos”, es la urgente reforma institucional de la policía uniformada. Una exigencia mayor para una institución desacreditada que exigirá de un acuerdo político transversal. Más allá de cualquier consideración sobre las responsabilidades políticas no asumidas y eludidas por el jefe de gabinete, es una imperiosa necesidad para la convivencia ciudadana.
El corolario más inmediato de la debacle institucional de Carabineros, marcada por la asertiva declaración del ex ministro, senador José Miguel Insulza “se mandan solos”, es la urgente reforma institucional de la policía uniformada. Una exigencia mayor para una institución desacreditada que exigirá de un acuerdo político transversal. Más allá de cualquier consideración sobre las responsabilidades políticas no asumidas y eludidas por el jefe de gabinete, es una imperiosa necesidad para la convivencia ciudadana. Que Carabineros reciba el rechazo de la población tiene un alto costo que continuarán pagando los sectores más postergados e indefensos ante la acción delictiva.
A Chadwick lo salvó la campana y la acumulación de errores de los gobiernos anteriores. La llamada clase política está en deuda en la redefinición del rol de las instituciones armadas desde el retorno a la democracia. Los escándalos por malversación de los recursos fiscales- no ajenos a la prolongadísima asignación del 10% de la venta del cobre – están asociados al escaso control del poder democrático, facilitando la acción delictiva en las instituciones de la Defensa.
En el país de la mala memoria y la farándula política, valga recordar pinocheques, caso Riggs y otras gracias criminales del mayor devastador de nuestra historia. De tal palo…..el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente- Alba, hace años está procesado por enriquecimiento ilícito, fraude al fisco y lavado de activos (entre 2008 y 2015 recibió abonos generosos en su cuenta corriente por 7.942 millones de pesos). Su entonces secretario general, John Griffits, llegó a ubicarse, recientemente, como segunda antigüedad de la institución, cayendo en desgracia al ser procesado por mal uso de pasajes aéreos por 40 millones de pesos. Una migaja dirá su ex jefe.
A Chadwick lo salvó la campana y la acumulación de errores y omisiones de gobiernos anteriores. La llamada clase política está en deuda en la redefinición de las relaciones con las instituciones armadas desde el retorno a la democracia. Los escándalos en la malversación de los recursos fiscales- no ajenos a la prolongadísima asignación del 10% de la venta del cobre – y el escaso control del poder democrático han facilitado la acción delictiva en las instituciones de la Defensa.
Nadie puede decir que se trata de casos aislados. Bastaría detenerse en el Personal Civil a Contrata (PAC) y Profesores Civiles (PC), donde se premia a uniformados en retiro- varios de ellos procesados por delitos de lesa humanidad – ó comparar las pensiones privilegiadas y monto de jubilaciones de oficiales en retiro (incluidos condenados en Punta Peuco) con las de cualquier profesional o trabajador chileno.
Ciertamente la cadena de corrupción no es solamente de uniformados. Tiene larga data en civiles que hicieron fortuna al alero de la dictadura. Una condición del tránsito post Pinochet fue no escudriñar en las condiciones de la privatización de empresas fiscales y en sus flamantes controladores, transformados en respetables enriquecidos en el país de la más obscena desigualdad.
Ciertamente la cadena de corrupción no es solamente de uniformados. Tiene larga data en civiles que hicieron fortuna al alero de la dictadura. Una condición del tránsito post Pinochet fue no escudriñar en las condiciones de la privatización de empresas fiscales y en sus flamantes controladores, transformados en respetables enriquecidos en el país de la más obscena desigualdad.
Ley de Pesca, Soquimich, Penta, recuerdan negociados emblemáticos del enriquecimiento ilegal o ilícito. Algunos salpicaron transversalmente a políticos que sumaron argumentos al desprestigio generalizado que registran los estudios de opinión.
2018 pareció sepultar aquel nunca bien ponderado aserto “las instituciones funcionan”. Mientras se prolonga el debate sobre el rol que juega el Tribunal Constitucional y su propia conformación. Ciertamente cumple roles legislativos que no deberían ser de su competencia…
2018 pareció sepultar aquel nunca bien ponderado aserto “las instituciones funcionan”. Mientras se prolonga el debate sobre el rol que juega el Tribunal Constitucional y su propia conformación. Ciertamente cumple roles legislativos que no deberían ser de su competencia…
Suficientes desafíos para 2019…
