En la campaña plebiscitaria, en algunos no se evidencian mayores escrúpulos a la hora de recurrir a la manipulación y faltar expresamente a la verdad para llevar agua al molino del rechazo al cambio. Chile tendrá que hacer ingentes esfuerzos para recuperar una dosis al menos básica de juego limpio en la acción política democrática si queremos ser un país viable y mínimamente decente.
A las simples mentiras orientadas a producir temor al cambio, en una sociedad de mercado en que las reglas son débiles y las personas comunes y corrientes viven con muchas inseguridades cotidianas a cuestas, se agregan manipulaciones desde los mensajes mediáticos y los rumores. El principio lógico básico de congruencia entre premisas y conclusiones simplemente se pasa por alto. No se trata de una práctica muy novedosa. Por ejemplo, en su texto de 1896, «El Arte de Tener Siempre la Razón», Schopenhauer ya describía nada menos que 38 estratagemas para tratar de demostrar «que se tiene razón cuando se sabe que se está equivocado».
Utilizar el simbolismo del NO de 1988 en la franja del Rechazo a la nueva Constitución ha sido uno de los puntos más reprobables de la falta de escrúpulos. Es, además, una ofensa para los que participamos en esa gran gesta democratizadora, cuya conclusión histórica es precisamente el Apruebo a una Constitución gestada democráticamente por primera vez desde la fundación del país. Quedarse o no con la constitución de 1980 y sus remiendos, porque no otra cosa es lo que se vota, es evidentemente dar la espalda a esa gesta y mantener el veto de la derecha sobre los destinos de la sociedad chilena.
Estamos, en realidad, en presencia de la más primitiva de las campañas, basada en inventar cosas que están expresamente excluidas de las futuras normas. Los que se declaran «amarillos» son la punta de lanza de la propaganda cada día más indecorosa contra el Apruebo, detrás de la cual se esconde la derecha más dura que defiende los intereses de los privilegiados y la mantención de su derecho a veto en las instituciones. La reciente rebaja a 4/7 de los quórum de las reformas constitucionales (hasta ahora de hasta 2/3) implica que se requiere el voto de tres senadores de derecha para cualquier cambio, por ejemplo un nuevo proceso constituyente si ganara el Rechazo. Pero ya hay voceros de la derecha descalificando la paridad y los escaños indígenas. A buen entendedor, pocas palabras.
El destino del plebiscito se juega en cuán vasto sea el voto urbano en las grandes ciudades que se inclina a favor de los nuevos derechos sociales y la protección ambiental incluidos en la propuesta constitucional, pues la campaña de la derecha -por infundada que sea- según la cual las personas van a perder la vivienda y el agua y el país estará en manos de los indígenas, ha calado fuerte en el mundo rural y ciudades pequeñas, y bastante menos en el resto del país. Los temas institucionales y del sistema político no son un clivaje importante en el grueso público, en contraste con los derechos económicos y sociales en el mundo trabajador y las protecciones y deberes ambientales entre los más jóvenes.
Entre los nuevos derechos sociales se cuenta un sistema integrado de salud, con un funcionamiento mixto de las prestaciones por operadores públicos y privados. Los voceros del Rechazo difunden la falacia según la cual si las cotizaciones van a un solo sistema sanitario, implicaría que las personas que se atienden en el sector privado van a tener que integrarse al sistema nacional aumentando la demanda y las listas de espera. Aunque todo esto es materia de ley, es evidente que si hay una cotización universal, la citada definición de la nueva Constitución contempla que los prestadores privados también concurrirán a la oferta de servicios con su financiamiento respectivo y topes de precios (como se hizo durante la pandemia de COVID-19 en el gobierno de Piñera, por lo demás, incluyendo la fijación del precio de los exámenes PCR en el sector privado) con lo que el argumento se cae por completo.
De aprobarse la nueva Constitución, en cambio, se integrará las cotizaciones obligatorias complementadas con los impuestos para asegurar prestaciones universales (los seguros complementarios quedarán en manos del mercado), mientras la rectoría nacional de los prestadores estará orientada a la igualdad de acceso, pues no hay nada que iguale más a un ser humano con otros seres humanos que los problemas de salud que enfrentan. Así nos podremos acercar, con esfuerzos colectivos que no durarán menos de una década, a los sistemas de salud como el de Canadá y los europeos, en que los ingresos personales no determinan la calidad y oportunidad de la atención frente a la enfermedad. En esos sistemas de salud la nación determina estos factores en proporción a la recaudación de cotizaciones y a la asignación presupuestaria de impuestos. La eficacia de los prestadores de servicios sanitarios se logra con el sector público como articulador del acceso en todo el territorio. Por eso los defensores de la privatización de la salud necesitan desprestigiar la idea de un sistema de prestaciones universales en Chile.
Pero es en materia de vivienda en donde la tergiversación ha sido más burda. En la nueva Constitución se garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Esto incluye, desde luego, la propiedad de la vivienda y de terrenos, los que son todos heredables. No hay modificación relevante en la materia respecto a la situación actual, incluyendo que en caso excepcional de expropiación por necesidad pública (para hacer un camino, por ejemplo) se establece una indemnización justa previa a la expropiación y se garantiza el reclamo ante los tribunales. La indemnización justa es un concepto que equivale al valor de mercado según la jurisprudencia.
Por eso es tan mezquino afirmar, como la derecha y la senadora Rincón, que al establecerse en la nueva Constitución el derecho a «la vivienda digna«, se excluye «la vivienda propia» y por tanto a la gente le «podrían quitar la casa«. Eso es un sin sentido lógico que esconde una falsedad del porte de una catedral, dicho a sabiendas para infundir temor y rechazo. Cuando se retruca que el derecho de propiedad establecido en la nueva Constitución protege plenamente la vivienda propia, la senadora declara «que eso no tiene nada que ver«. En realidad tiene precisamente todo que ver, incluso lingüísticamente (propia/propiedad).
La propiedad de las casas y terrenos de cada cual seguirá estando plenamente protegida. Y si alguien sostiene que «a uno le pueden tomar la casa o un terreno y esto estará permitido por la nueva constitución y favorecido por las autoridades», basta tanto recalcar que el derecho de propiedad personal será expresamente resguardado a nivel constitucional y legal y observar la actitud de las actuales autoridades al demoler, por ejemplo, las viviendas ilegales de terrenos costeros en Antofagasta. Está claro que no se permitirá ni tomas de terrenos públicos ni privados ni ocupaciones arbitrarias ni robos de activos en ningún gobierno progresista. Esto, además, no lo ampara la nueva Constitución en absoluto, ni de cerca ni de lejos.
Los que propugnamos que se proteja el trabajo, se redistribuya recursos con progresividad a los más desfavorecidos y se promueva la solidaridad y cooperación económicas, dejando el acceso a los derechos fundamentales fuera del mercado («el mercado es cruel«, decía Patricio Aylwin), lo hacemos en el marco de las normas constitucionales y legales y del respeto de la propiedad personal legítima.
Para evitar una regresión, consolidar los logros ya obtenidos por la sociedad chilena y seguir avanzando hacia un país más democrático e inclusivo, solo cabe derrotar a la derecha y sus aliados y corregir más adelante todo lo que haya que corregir en la nuevas normas constitucionales. Como toda obra humana, no son perfectas. La nueva Constitución será dinámica y objeto de ajustes periódicos en los términos en los que se habilita su reforma. Esto incluye, contrariamente a la situación actual, la participación ciudadana en plebiscitos cuando el parlamento no logre 2/3 de aprobación a una propuesta de modificación constitucional y si cuenta con un mínimo de 4/7 de apoyo. Por ejemplo, los que no estamos de acuerdo con la reelección presidencial inmediata, de aprobarse el proyecto tendremos tiempo hasta la etapa previa a la elección de 2029 para apoyar un cambio, que seguramente obtendrá un acuerdo de 2/3 del parlamento, o si no irá a plebiscito. Y así sucesivamente, pero con la constitución democrática ya aprobada y en medio de una nueva lógica de habilitación de los cambios indispensables, salvo que se quiera mantener a toda costa una tensión política y social de alto voltaje.
La nueva Constitución tiene históricos méritos en el establecimiento de la paridad de género, nuevos derechos civiles y sociales, la protección del ambiente, la pluralidad económica, la descentralización del Estado y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otras materias decisivas para la vida futura del país. Frustra constatar que frente a este cambio promisorio haya quienes lleven su pasión política en defensa de intereses y privilegios minoritarios al grado cero de la ecuanimidad y de la honestidad. Aunque estén siempre presentes en la esfera pública, lo republicano es que las pasiones políticas sean mantenidas dentro de los límites que hacen posible la convivencia colectiva.
