Las conocidas tragamonedas brujas, o salas de juego ilegales, han proliferado a lo largo y ancho del país durante las últimas décadas. Las máquinas de apuestas proliferan en almacenes, verdulerías, panaderías, cibercafés y crecientemente en locales especialmente habilitados para el juego. Verdaderos casinos ilegales que, en buena parte, cuentan con patentes municipales, aprovechando un vacío jurídico que se prolonga para su conveniencia. Se debate si se trata de máquinas de azar, prohibidas por la legislación vigente; de destreza o habilidad, como sostienen quienes las explotan.
Verdaderos casinos ilegales que, en buena parte, cuentan con patentes municipales, aprovechando un vacío jurídico que se prolonga para su conveniencia.
Tanto la Asociación de Casinos de Chile, como Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, han intentado infructuosamente detener esta expansión del juego ilegal, sosteniendo- con razón- que las apuestas con premios en dinero o especias canjeables por dinero, es patrimonio del Estado. “Cualquier máquina que reciba apuestas en dinero y pague premios en dinero o en especies canjeables en dinero sólo puede operar legalmente al interior de un casino de juego”, dictaminaba el año 2011, el entonces Superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva
En Chile, al igual que en la mayoría de los países de la región hacia donde se expanden, se han limitado a copiar la experiencia, integrando un potente, transversal e influyente grupo de lobistas nacionales, entre los que se cuenta al propio Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y Juegos (SICJ) designado por la administración de Eduardo Frei. Cargo en el que se mantuvo durante siete años, para luego asumir la defensa de la FIDEN.
El tema ha llegado a la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y el propio parlamento, instancias a que acude, sin complejos, la poderosa Asociación gremial de operadores de maquinas tragamonedas, FIDEN, para solicitar que se regularice, definitivamente, su situación.
Ciper Chile devela la trama y redes del juego ilegal en el país
Investigaciones periodísticas realizadas por Ciper Chile certifican la impresionante expansión de este negocio. Actualmente mueve más de 630 millones de dólares, involucrando a más de 300.000 personas (incluso más, según las cifras entregadas por la propia asociación gremial, para alertar acerca del efecto que tendría su prohibición), con un número indeterminado de máquinas y dueños no conocidos.
Actualmente mueve más de 630 millones de dólares, involucrando a más de 300.000 personas (incluso más, según las cifras entregadas por la propia asociación gremial, para alertar acerca del efecto que tendría su prohibición), con un número indeterminado de máquinas y dueños no conocidos.
Su estrategia para validarse es similar a la ya implementada exitosamente en Perú (hace una década cuenta con una legislación que permite explotar máquinas de azar en barrios y comunas) y numerosos países en la región. La idea es aprovechar los vacíos legales para llenar el país de maquinas de juego, contratando un poderoso equipo de lobistas que defiendan su causa y capturando poder político para proteger la floreciente industria del juego ilegal.
El cerebro de la trama y sus redes políticas
El senador UDI por Arica, José Durana, así como el dirigente del Movimiento Socialismo Allendista (que integra el Frente Amplio),Esteban Silva, aparecen como socios del empresario peruano Félix Rosenberg, apodado “El rey de las tragamonedas” en su país, quién, a punta de cuantioso lobby, consiguió legalizar la industria del juego en nuestro vecino del norte.
En Chile, al igual que en la mayoría de los países de la región hacia donde se expanden, se han limitado a copiar la experiencia, integrando un potente, transversal e influyente grupo de lobistas nacionales, entre los que se cuenta al propio Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y Juegos (SICJ) designado por la administración de Eduardo Frei. Cargo en el que se mantuvo durante siete años, para luego asumir la defensa de la FIDEN.
Pero no es el único. En el equipo hay figuras políticas tan destacadas como el actual subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, el ex alcalde Pablo Zalaquett (que se afirma es propietario de al menos tres locales de apuestas), el abogado y ex embajador Carlos Tudela Aroca (DC) , así como Alberto Haddad Abuhadha (hijo del ex embajador Haddad), Eugenio Ravinet Muñoz ( ex director del INJUV), Ximena Pino, la gerente general del holding del empresario peruano, así como los propios socios de Rosenberg, José Duranas y Sebastián Silva y el ex embajador de Sebastián Piñera en EE.UU., el abogado Arturo Fermandois, experto en conflictos regulatorios, que ha asumido la representación de FIDEN para alegar la supuesta inconstitucionalidad del proyecto del Ejecutivo para declarar ilegal estos juegos de azar.
En el equipo hay figuras políticas tan destacadas como el actual subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, el ex alcalde Pablo Zalaquett (que se afirma es propietario de al menos tres locales de apuestas), el abogado y ex embajador Carlos Tudela Aroca (DC) , así como Alberto Haddad Abuhadha (hijo del ex embajador Haddad), Eugenio Ravinet Muñoz ( ex director del INJUV), Ximena Pino, la gerente general del holding del empresario peruano, así como los propios socios de Rosenberg, José Duranas y Sebastián Silva y el ex embajador de Sebastián Piñera en EE.UU., el abogado Arturo Fermandois, experto en conflictos regulatorios, que ha asumido la representación de FIDEN para alegar la supuesta inconstitucionalidad del proyecto del Ejecutivo para declarar ilegal estos juegos de azar.
Pero la batalla que actualmente se libra en el Congreso para declarar la ilegalidad de estos juegos de azar, que pondría fin a este lucrativo negocio, no es el único frente que debe atender la asociación gremial que reúne a los dueños de estas máquinas de juego, así como a sus lobistas, socios y beneficiarios, entre los que se contarían varios políticos y candidatos (as), que habrían recibido aportes ilegales de FIDEN para financiar sus campañas electorales y numerosos alcaldes que otorgaron patentes municipales de manera discrecional, interesados en incrementar las arcas de sus comunas.
En la mira de la justicia
Durante el último tiempo el Ministerio Público se encuentra investigando a miembros de la asociación gremial por presunto lavado de activos y eventual cohecho a autoridades, incluidos alcaldes y parlamentarios, así como ex candidatos, sospechosos de haber recibido financiamiento ilegal para sus campañas electorales. Entre esas autoridades se menciona a la diputada Erika Olivera (RN), el diputado Raúl Soto (DC), el alcalde de Rengo Carlos Soto (independiente, ex nueva mayoría), el alcalde de la comuna de Independencia Gonzalo Durán (PS) y el ex intendente de la Araucanía Andrés Jouannet (DC).
Durante el último tiempo el Ministerio Público se encuentra investigando a miembros de la asociación gremial por presunto lavado de activos y eventual cohecho a autoridades, incluidos alcaldes y parlamentarios, así como ex candidatos, sospechosos de haber recibido financiamiento ilegal para sus campañas electorales.
La Fiscalía ha realizado numerosas diligencias, incluido el allanamiento de municipios, incautamiento de documentos y computadores, como material grabado, que vincularía a algunos de estos funcionarios públicos y políticos con las actividades ilegales, no descartándose que el SERVEL deba tomar cartas en el asunto por rendiciones manifiestamente fraudulentas de campañas electorales.
