El momento político parecía marcado por señales inquietantes para el Ejecutivo. En el oficialismo trascendía el malestar por la sobreexposición y conducción errática del mandatario que se manifiesta en las encuestas. En las filas opositoras surgía alguna autosatisfacción tras la suscripción de un documento que definía mínimos comunes y criterios compartidos para hacer frente a la agenda del gobierno.
En dicho contexto un sector significativo de parlamentarios demócrata cristianos, con el respaldo de la presidencia falangista optó por desmarcarse y aprobar la idea de legislar en torno al controvertido proyecto de reforma tributaria.
En dicho contexto un sector significativo de parlamentarios demócrata cristianos, con el respaldo de la presidencia falangista optó por desmarcarse y aprobar la idea de legislar en torno al controvertido proyecto de reforma tributaria.
Ello ocurre pese que existe claridad, como han afirmado los propios técnicos de la DC, que la reforma o “modernización tributaria”, como gusta denominarla al gobierno, no cumple con ninguno de los criterios esenciales definidos por la oposición, implicando un retroceso en materia de progresividad (los sectores de mayores ingresos pagan menos impuestos), debilitando los mecanismos para combatir la evasión y elusión, sin garantizar las compensaciones por menor recaudación fiscal que implica el proyecto.
Sin lugar a dudas, un éxito para el gobierno cuando más lo necesitaba y un duro traspié para la oposición en su conjunto, que lastimosamente dilapida una gran oportunidad de avanzar en su esquiva unidad de acción en torno a consensos esenciales.
Ello ocurre pese que existe claridad, como han afirmado los propios técnicos de la DC, que la reforma o “modernización tributaria”, como gusta denominarla al gobierno, no cumple con ninguno de los criterios esenciales definidos por la oposición, implicando un retroceso en materia de progresividad (los sectores de mayores ingresos pagan menos impuestos), debilitando los mecanismos para combatir la evasión y elusión, sin garantizar las compensaciones por menor recaudación fiscal que implica el proyecto.
Tampoco se trata de dramatizar, afirmando que la Democracia Cristiana se pasó al gobierno o dejó la oposición. Más bien acentúa su condición de “partido bisagra”, siempre privilegiando el diálogo y la búsqueda de acuerdos con el gobierno, sin renunciar a la condición de partido de oposición en donde la ubicara la ciudadanía en las pasadas elecciones, cuando estime que no existen condiciones suficientes para arribar a consensos. Privilegiando, eso sí, su propio perfilamiento en contraste con el resto de la oposición.
Sin lugar a dudas, un éxito para el gobierno cuando más lo necesitaba y un duro traspié para la oposición en su conjunto, que lastimosamente dilapida una gran oportunidad de avanzar en su esquiva unidad de acción en torno a consensos esenciales.
Ello implica que ni el gobierno ni la oposición cuentan con una verdadera mayoría parlamentaria sólida y estable. Y ambos sectores deberán esforzarse por construir ventajas circunstanciales en torno a cada una de las materias y proyectos que el Ejecutivo proponga al trámite parlamentario.
Ello implica que ni el gobierno ni la oposición cuentan con una verdadera mayoría parlamentaria sólida y estable. Y ambos sectores deberán esforzarse por construir ventajas circunstanciales en torno a cada una de las materias y proyectos que el Ejecutivo proponga al trámite parlamentario.
Una situación no demasiado novedosa en relación al pasado reciente, en donde diversos gobiernos en la era de la transición o post transición no contaron con mayorías parlamentarias, debiendo buscar un diálogo y negociación que les permitiera viabilizar su agenda legislativa. Tampoco es muy novedosa la figura de parlamentarios (no tan sólo independientes) que cumplían un rol de bisagra en el proceso legislativo y que nunca jugaron roles políticos muy protagónicos.
Obviamente ello obliga a definir una nueva relación no tan sólo al interior de la oposición en su más amplia diversidad, que no necesariamente los transforma en adversarios políticos, como tampoco ocurrirá con la DC como aliados incondicionales del gobierno. En cualquier caso se acentúa una tensión en torno a lo que se define centro político como un terreno en disputa entre los sectores más conservadores, que incluyen a sectores de la DC y los progresistas, en donde también se reconocen amplios sectores de dicho partido.
En cualquier caso se acentúa una tensión en torno a lo que se define centro político como un terreno en disputa entre los sectores más conservadores, que incluyen a sectores de la DC y los progresistas, en donde también se reconocen amplios sectores de dicho partido.
Con la aprobación de la idea de legislar, el gobierno y con él los sectores empresariales, han alcanzado un triunfo parcial, que bien puede revertirse en su contra. Sobre todo porque el proyecto ha sufrido importantes modificaciones respecto de su formulación original que, anticipadamente, debió renunciar a derechamente bajar los impuestos a las empresas del 27 al 25 %, como era la propuesta de campaña, para buscar la rebaja a través del mecanismo de la “simplificación” o reintegración tributaria, que mayoritariamente favorece a los grandes contribuyentes y marginalmente a las PYMES, reduciendo sensiblemente el carácter progresivo que tuvo la reforma tributaria aprobada durante la pasada administración.
Y aún el ministerio de Hacienda tuvo que barajar diversos mecanismos de compensación parcial (e insuficiente, como han calificado parlamentarios de oposición) para compensar la menor recaudación fiscal que implica el proyecto y mantener un mínimo grado de progresividad en el aún inequitativo sistema fiscal y que según sectores oficialistas y dirigentes empresariales, contribuyen a desnaturalizar el proyecto original.
Independientemente de que la aprobación de la idea de legislar reduce los márgenes de maniobra opositora para introducir indicaciones o modificaciones mayores al proyecto del Ejecutivo, es más que evidente que su tramitación no estará exenta de tropiezos, que involucrarán a la Democracia Cristiana, que deberá demostrar que no ha girado un cheque en blanco al gobierno y que mantendrá las objeciones que sus propios técnicos le han formulado a la propuesta.
Independientemente de que la aprobación de la idea de legislar reduce los márgenes de maniobra opositora para introducir indicaciones o modificaciones mayores al proyecto del Ejecutivo, es más que evidente que su tramitación no estará exenta de tropiezos, que involucrarán a la Democracia Cristiana, que deberá demostrar que no ha girado un cheque en blanco al gobierno y que mantendrá las objeciones que sus propios técnicos le han formulado a la propuesta.
En esta perspectiva, aparece pertinente preguntarse, como lo han hecho los propios dirigentes empresariales y algunos dirigentes del oficialismo, si realmente vale la pena el enorme esfuerzo desplegado por el gobierno para dividir a la oposición y lograr la aprobación de la idea de legislar en torno a un proyecto que no deja satisfechos ni a moros ni a cristianos, implicando una menor recaudación fiscal en un país que requiere de una mayor y no una menor inversión fiscal, con efectos más que dudosos para el futuro de la inversión y el emprendimiento.
Lejos de ser una bala de plata que impulse el alicaído crecimiento económico, que numerosos estudios proyectan a la baja, esta reforma, que amenaza con consumir buena parte de las energía del gobierno en los próximos meses, desplazando otras prioridades legislativas tanto o más urgentes, bien puede convertirse en un verdadero revés para el Ejecutivo, que parece más que inquieto por su baja sostenida en las encuestas de opinión, así como la ralentización en el ritmo de crecimiento.
Lejos de ser una bala de plata que impulse el alicaído crecimiento económico, que numerosos estudios proyectan a la baja, esta reforma, que amenaza con consumir buena parte de las energía del gobierno en los próximos meses, desplazando otras prioridades legislativas tanto o más urgentes, bien puede convertirse en un verdadero revés para el Ejecutivo, que parece más que inquieto por su baja sostenida en las encuestas de opinión, así como la ralentización en el ritmo de crecimiento.
La inmensa mayoría del país debería lamentar los efectos de una menor recaudación fiscal necesaria para financiar áreas sociales prioritarias como salud, pensiones, educación, infraestructura, vivienda o innovación. Y que se registre un retroceso en materia de justicia tributaria y el combate en contra de las desigualdades.
