Por Jaime Gazmuri
La revelación de un conjunto de conversaciones entre el entonces Juez Sergio Moro y el Procurador (Fiscal) Deltan Dallagnol, quienes encabezaban la investigación sobre la denominada operación Lava Jato, así como de comunicaciones entre los procuradores del equipo, han provocado una explicable conmoción política en Brasil y múltiples reacciones internacionales.
Las intercepciones de estas conversaciones fueron dadas a conocer por el reconocido periodista Glenn Greenwald, quien encabeza The Intercept Brasil, una conocida agencia de periodismo investigativo. El episodio puede ser solo el primero de una larga saga, ya que Greenwald sostiene que lo dado a conocer públicamente es solo el 1% del conjunto de la información de la que disponen. En la medida que se analice y verifique el resto la pondrá a disposición del público. En asociación ahora con el influyente periódico Folha de San Pablo se dan a conocer nuevas revelaciones. Sin explicitar las fuentes amparándose en el secreto profesional que asiste al periodismo.
En asociación ahora con el influyente periódico Folha de San Pablo se dan a conocer nuevas revelaciones.
Moro, Dallagnol, ni los procuradores involucrados, han negado la veracidad de las conversaciones dadas a conocer por Greenwald. Todo indica que se trata de afirmaciones y hechos ciertos.
Moro, Dallagnol, ni los procuradores involucrados, han negado la veracidad de las conversaciones dadas a conocer por Greenwald.
¿Qué se devela? En primer lugar que Moro, el Juez, sugiere al Fiscal el orden en que debería presentar el caso. Luego le indica que no inicie acciones que involucren al ex Presidente Fernando Henrique Cardozo, pues pueden requerir apoyo político para sostener la operación. Dando indicaciones sobre los asuntos a investigar.
Se devela también la evidencia de que los procuradores se confabularon para retrasar una entrevista periodística a Lula, autorizada por un ministro del Supremo Tribunal Federal, para después de la elección, pues ella podría favorecer a Fernando Haddad, candidato del PT a la Presidencia. El artilugio utilizado fue que la autorización no indicaba una fecha determinada.
Nos informamos, asimismo, que Dallagnol, poco antes de presentar el caso comenta con el Juez sus dudas de la solidez de las pruebas contra Lula, en el caso del departamento de Guarujá, que el ex mandatario niega haber poseído y habitado. Asimismo, informa a Moro de sus conversaciones con un miembro del Supremo Tribunal, el Ministro Fux, en búsqueda de respaldo frente a las eventuales intervenciones de otros integrantes del tribunal ante las reiteradas demandas por irregularidades procesales de los responsables de Lava Jato. Se devela también la evidencia de que los procuradores se confabularon para retrasar una entrevista periodística a Lula, autorizada por un ministro del Supremo Tribunal Federal, para después de la elección, pues ella podría favorecer a Fernando Haddad, candidato del PT a la Presidencia. El artilugio utilizado fue que la autorización no indicaba una fecha determinada.
Todos estos antecedentes corroboran lo que se denunció antes, encontrando muchos oídos sordos dentro y fuera de Brasil: Moro y Dallagnol actuaron coludidos en todo el proceso contra Lula con la finalidad explícita de impedir que concurriera como candidato a una elección presidencial, en la que todas las encuestas de opinión pública lo señalaban como el más probable vencedor.
Todos estos antecedentes corroboran lo que se denunció antes, encontrando muchos oídos sordos dentro y fuera de Brasil
Amparados en la popularidad ganada por descubrir y desmantelar la tremenda cadena de corrupción montado en torno a Petrobras, que involucraba a ejecutivos de ésta, a las mayores empresas constructoras, y prominentes figuras políticas, usaron su poder para intervenir directamente en la crisis provocada por la destitución de la Presidenta Rousseff, intentando destruir el liderazgo más importante del país.
Amparados en la popularidad ganada por descubrir y desmantelar la tremenda cadena de corrupción montado en torno a Petrobras, que involucraba a ejecutivos de ésta, a las mayores empresas constructoras, y prominentes figuras políticas, usaron su poder para intervenir directamente en la crisis provocada por la destitución de la Presidenta Rousseff, intentando destruir el liderazgo más importante del país.
Para ello fabricaron un juicio sin pruebas y utilizaron procedimientos ilegales para influir en la opinión pública. Los abogados de Lula demandarán la anulación del proceso y este ha exigido un juicio justo, realizado a la brevedad. Corresponderá a los tribunales superiores saldar la deuda que el sistema judicial ha contraído con la democracia brasileña.
Con todo, lo que parece más grave y amenazador para el orden democrático en Brasil es la reacción de Moro, ahora recompensado con el cargo de Ministro de Justicia de una de las mayores democracias del mundo.
No cabe duda que los hechos revelados por The Intercept, y reconocidos como ciertos por Moro y Dallagnol, atentan contra la Constitución y el Código de Ética de la Magistratura, que señalan expresamente que el juez debe mantener absoluta equidistancia entre acusadores y defensores en los casos en que debe fallar. El principio de la independencia del magistrado es consustancial a la recta aplicación de la justicia en un Estado de Derech.
Estamos frente al germen ideológico del totalitarismo: la defensa de un bien mayor justifica el atropello de la ley. En este caso el bien mayor es el combate a la corrupción. Mañana puede ser cualquier otro: la patria, la familia, la seguridad pública, la moralidad amenazada.
Con todo, lo que parece más grave y amenazador para el orden democrático en Brasil es la reacción de Moro, ahora recompensado con el cargo de Ministro de Justicia de una de las mayores democracias del mundo. Moro atribuye las revelaciones a una obscura campaña cuyo objetivo es paralizar las investigaciones sobre la corrupción que se han multiplicado desde el inicio de la operación Lava Jato y añade que, reconociendo la verosimilitud de las conversaciones, ellas no implican ninguna ilegalidad ni delito. El Ministro de Justicia se excusa de cumplir la Constitución y la Ley. En ello, es apoyado por el Presidente y su gabinete. Estamos frente al germen ideológico del totalitarismo: la defensa de un bien mayor justifica el atropello de la ley. En este caso el bien mayor es el combate a la corrupción. Mañana puede ser cualquier otro: la patria, la familia, la seguridad pública, la moralidad amenazada.
Si ello no ocurre y se naturaliza el desprecio por la ley de parte de la autoridad gubernamental, la progresiva erosión de la democracia es inevitable.
Se han alzado voces, entre ellas la de la prestigiada Orden de Los Abogados del Brasil, pidiendo la renuncia del ministro como del fiscal, y el inicio de una investigación y juicio. Pero sin duda corresponde una acción más enérgica de los otros poderes del Estado: Congreso y Poder Judicial, llamados a hacer respetar el imperio de la Constitución y la responsabilidad política de las autoridades. Si ello no ocurre y se naturaliza el desprecio por la ley de parte de la autoridad gubernamental, la progresiva erosión de la democracia es inevitable.
