Los sectores opositores adolecen de una severa vaguedad programática. Se esgrimen nobles propósitos generales sin señalar cómo se alcanzarían. Se apunta al objetivo de ganar la elección presidencial y parlamentaria, con vacíos respecto del sendero por transitar.
Se postula y reitera la necesidad de un gobierno que conduzca al país a un futuro digno, que aborde las desigualdades y la discriminación en búsqueda justicia social desde la solidaridad, igualdad y dignidad. Ello involucra desafíos mayores en el ámbito de la seguridad social, el sistema de pensiones, la salud pública, sin desconsiderar los retrasos históricos ante la situación crítica de la Araucanía, el cambio climático y las urgencias medioambientales, entre otros de gran envergadura para el futuro cercano.
En este contexto de acentuadas urgencias estimuladas por la desastrosa gestión del actual gobierno y la acumulación de deudas históricas con un amplio y diverso espectro social, los simples titulares de objetivos parecen desconsiderar que la gestión humana tiene lugar en el tiempo y el espacio, a la luz de opciones económicas, sociales y políticas que enfrentan diversos, variados y contrapuestos intereses.
Por de pronto se desconsidera que el período de gobierno es de 4 años y que para algunos objetivos ese es un plazo demasiado corto. Más aún, es probable, como dice Paula Narváez, que la derecha “va a dejar un país debilitado”.
Consideración válida que plantea la necesidad de un riguroso diagnóstico de la realidad económica y social del país. Por de pronto, salta hoy a la vista el tema- abordado con urgencia y algo de superficialidad – del retiro de fondos previsionales en un contexto crítico de su agotamiento y la urgencia de un cambio estructural que requiere del fortalecimiento de la función del Estado.
En esa línea surgen desafíos cruciales asociados a la urgencia de plazos para ciertas iniciativas que dicen relación con los problemas más apremiantes de chilenas y chilenos. Aquellos requerimientos vinculados a las condiciones de vida de las mayorías suponen incrementar los recursos estatales y, aunque se eleven los impuestos a las ganancias de grandes empresas y a los patrimonios más caudalosos, nada garantiza que los recursos fiscales alcancen para resolver los problemas más urgentes, agravados por la pandemia.
Así resulta indispensable el incremento de la inversión pública asociada a una disposición de servicios básicos a un alcance hoy más que crítico para las grandes mayorías como ocurre en el ámbito de los medicamentos (abordado tan experimental como parcialmente en las redes de farmacias públicas).
Esto demanda, entre otras cosas, ocuparse en prioridad del crecimiento por cuanto mayor crecimiento, por lo general, implica más empleos. Mayores y más estables niveles de empleo incrementan los salarios al elevarse el precio de la mano de obra dado que a mayor demanda mayores precios.
Ante este tipo de urgencias y desafíos es que se requiere enfocar la puntería programática, atendiendo a objetivos y prioridades esenciales, asumiendo que no se puede partir del supuesto que las medidas que se vayan a adoptar no encontrarán oposición de grandes intereses en juego que, en algunos casos y circunstancias, pueden adquirir un alto grado de virulencia.
La experiencia histórica ilustra que quienes se proponen modificaciones sustantivas en el sistema económico-social imperante requieren reunir amplias y sustantivas fuerzas para enfrentar a adversarios refractarios al cambio social, minoritarios pero poderosos. Es en esa perspectiva que se requiere un proceso de definiciones programáticas que se traduzca en objetivos compartidos y movilizadores para una mayoría social y política tras las reformas.
En suma, la cuestión fundamental que está planteada es alcanzar cuanto antes un planteamiento programático sólido y coherente que exprese la orientación general respecto de la estrategia de desarrollo del país, con vista a elevar las condiciones de vida de la gran mayoría de chilenas y chilenos.
