Reducidas referencias en la prensa nacional aluden al reciente fallo, en segunda instancia, de la justicia italiana, que condena con cadena perpetua a 24 imputados por la desaparición de 43 ciudadanos ítalo- latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras en nuestra región en la década de los 70.
El desenlace judicial tiene lugar después de un largo proceso de dos décadas, iniciado en 1999 con denuncias de familiares de desaparecidos de origen italiano en nuestro continente. La indagatoria se inició un año después de la detención en Londres de Augusto Pinochet, solicitada por juez español Baltasar Garzón.
condena con cadena perpetua a 24 imputados por la desaparición de 43 ciudadanos ítalo- latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras en nuestra región en la década de los 70.
El larguísimo proceso, cuya última fase penal se ha extendido durante 6 años, fue depurando responsabilidades en la desaparición de ciudadanos latinoamericanos de orígenes italianos, a las sombras de la criminal Operación Cóndor.
Cóndor surgió como un plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) y la CIA de Estados Unidos.
Cóndor surgió como un plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) y la CIA de Estados Unidos.
Después de casi 44 años son muchos los que ignoran que aquella operación criminal – que traspasó las fronteras de países en nuestro continente – dio sus primeros pasos en un encuentro presidido por el jefe de la Dina, Manuel Contreras, en territorio chileno, el 25 de noviembre de 1975, con participación de sus pares represivos provenientes de los países ya mencionados.
Después de casi 44 años son muchos los que ignoran que aquella operación criminal – que traspasó las fronteras de países en nuestro continente – dio sus primeros pasos en un encuentro presidido por el jefe de la Dina, Manuel Contreras, en territorio chileno, el 25 de noviembre de 1975, con participación de sus pares represivos provenientes de los países ya mencionados.
Un documento desclasificado de la CIA, fechado el 23 de junio de 1976, explica el surgimiento del Plan Cóndor en las décadas de los 70 y 80, cuando agentes de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron luego en Buenos Aires para preparar “acciones coordinadas contra objetivos subversivos». Muy luego se sumarían responsables de Brasil, Perú y Ecuador.
Así los opositores a las dictaduras que dominaban la región fueron acechados por la represión, estuvieran donde estuvieran, sin importar fronteras, ante la coordinada acción criminal de los servicios de seguridad. Los brutales asesinatos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, como el atentado en contra de Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma, ya realizados por agentes de la dictadura chilena, sirvieron de carta de presentación en el citado encuentro, replicándose el año siguiente en las calles de Washington con el sangriento atentado que terminó con las vidas de Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffit el 21 de septiembre de 1976.
Los brutales asesinatos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, como el atentado en contra de Bernardo Leighton y Anita Fresno en Roma, ya realizados por agentes de la dictadura chilena, sirvieron de carta de presentación en el citado encuentro, replicándose el año siguiente en las calles de Washington con el sangriento atentado que terminó con las vidas de Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffit el 21 de septiembre de 1976.
Así se iría materializando la cacería internacional en contra de los “enemigos internos” como señalaba la Doctrina de Seguridad Nacional. La Operación Cóndor significó el secuestro, tortura, desaparición o ejecución de cerca de 600 personas. Mientras decenas de miles de hombres, mujeres e inclusive niños y niñas, sufrían la represión criminal de las dictaduras latinoamericanas.
Algunos de los recientemente condenados por la Operación Cóndor están detenidos en sus propios países de origen cumpliendo otras condenas por crímenes de lesa humanidad. Entre los recién condenados se cuenta el único que debió apersonarse en el proceso por residir en Italia, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, militar del cuerpo de fusileros navales durante la dictadura(1973-1985), al que se le imputa la desaparición de una veintena de prisioneros.
Algunos de los recientemente condenados por la Operación Cóndor están detenidos en sus propios países de origen cumpliendo otras condenas por crímenes de lesa humanidad.
La nueva lista de condenados a cadena perpetua (excluyendo algunos fallecidos como el ex dictador boliviano Luis García Meza y el ex ministro peruano Pedro Ritcher) incluye al ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco y el ex ministro del Interior de Bolivia Luis Arce Gómez.
Los chilenos condenados son los ex oficiales uniformados y agentes de servicios represivos, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Hernán Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Carlos Luco Astroza, Orlando Mora Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Se agregan los ex militares uruguayos, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Entre los condenados no hay ningún militar argentino porque, hace años, el país trasandino ha realizado por su parte los juicios contra los militares del Plan Cóndor.
UN LARGO TRÁNSITO CONTRA LA IMPUNIDAD
Asesinar a exiliados de las sangrientas dictaduras del Cono Sur, así como a defensores de los derechos humanos, era parte del Plan Cóndor, como lo certifican documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado.
Asesinar a exiliados de las sangrientas dictaduras del Cono Sur, así como a defensores de los derechos humanos, era parte del Plan Cóndor, como lo certifican documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado.
Se trata de más de 500 documentos con información que revela cómo EE.UU. colaboró con los regímenes dictatoriales de Argentina, Chile y Uruguay, para «liquidar» a líderes sociales y políticos de izquierda, no sólo en sus países de origen, sino en Europa, donde muchos iban como exiliados y se dedicaban a la defensa de los Derechos Humanos.
«Dirigentes no terroristas también fueron elegidos para ser asesinados; algunos líderes de Amnistía fueron mencionados como blancos», refiere uno de los informes de inteligencia de la CIA, fechado en mayo de 1977.
La propia Casa Blanca anunció la desclasificación de más de 500 documentos de inteligencia, relativos a la represión política en Argentinaen las décadas de 1970 y 1980, y planes elaborados en el marco de la Operación Cóndor.
Al respecto la Casa Blanca agregó que ello representaba «un esfuerzo histórico del gobierno de Estados Unidosen buscar, identificar, revisar y proporcionar documentos que arrojen luz sobre los abusos a los derechos humanos en Argentinaentre 1975 y 1984”.
Entre aquellos documentos desclasificados se incluyó un reporte de la CIAsobre planes del gobierno argentino, como parte de la Operación Cóndor, de enviar agentes a París y Londrespara «liquidar líderes terroristas» sumando activistas ligados a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
«La misión básica de los equipos de Cóndor al ser enviados al exterior», afirma el documento, era «liquidar líderes terroristas de alto nivel. No terroristas también son aparentemente candidatos para asesinato».
«La misión básica de los equipos de Cóndor al ser enviados al exterior», afirma el documento, era «liquidar líderes terroristas de alto nivel. No terroristas también son aparentemente candidatos para asesinato».
En otro de los documentos desclasificados, la oficina de la CIAen el interior del Departamento de Estado reportó que «seis naciones sudamericanas que participaban de la Operación Cóndor se habían puesto de acuerdo para «la liquidación de latinoamericanos que viven en Francia».
Fiel a su tradición el fallecido dictador chileno (senador vitalicio, para escarnio de la singular transición del país a la democracia) Augusto Pinochet – quien se jactaba de que no se movía una hoja en el país sin que él lo supiera- nunca admitió su participación en el Plan Cóndor, aunque colaboradores cercanos reconocieron su responsabilidad política por patrocinar en Chile, en aquel noviembre de 1975, el primer encuentro de coordinación para la ejecución de la naciente operación de exterminio, sancionada ahora judicialmente por los vínculos de sus ejecutores con víctimas de origen italiano.
Poco antes de conocerse la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes, como venganza de un atentado contra ellos el día anterior realizado por la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi, ultimado brutalmente por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó”, agregó el hombre que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.
En Chile, poco y nada se hacen cargo las autoridades de estas revelaciones que involucran a ex agentes del Estado de nuestro país. Al contrario, el gobierno de Sebastián Piñera busca, discretamente, el acomodo legal que le permita satisfacer la presión de sectores de su coalición oficial y del fiel admirador de Augusto Pinochet, José Antonio Kast, cobrándole la palabra empeñada durante la última campaña presidencial, para aliviar las condenas a los responsables de crímenes de lesa humanidad que habitan el singular penal de Punta Peuco.
Al contrario, el gobierno de Sebastián Piñera busca, discretamente, el acomodo legal que le permita satisfacer la presión de sectores de su coalición oficial y del fiel admirador de Augusto Pinochet, José Antonio Kast, cobrándole la palabra empeñada durante la última campaña presidencial, para aliviar las condenas a los responsables de crímenes de lesa humanidad que habitan el singular penal de Punta Peuco.
Todo transcurre silenciosamente después de 44 años que la criminal Operación Cóndor dio sus primeros pasos bajo patrocinio y auspicio del Estado chileno.
Todo transcurre silenciosamente después de 44 años que la criminal Operación Cóndor dio sus primeros pasos bajo patrocinio y auspicio del Estado chileno.
