- “¡A Zamora se le cayó un weón…!”
- “¡Se cayó un chinche, se cayó un chinche!”.
Dos expresiones coloquiales que bien podrían reproducir una conversación de barristas de fútbol después de cometer alguna tropelía a la salida de un clásico retratan la realidad de Carabineros de Chile, institución que atraviesa una de las más agudas crisis de su historia.
Frases emitidas el viernes 2 de octubre por miembros de sus Fuerzas Especiales en medio de la adrenalina de la acción para contener una de las primeras protestas violentas en Plaza Baquedano, después de declarada la pandemia del coronavirus y a casi un año de inicio del estallido. Palabras que remiten a la caída de un adolescente de 16 años al río Mapocho, desde el Puente Pío IX, después de lanzarle piedras y palos a algunos vehículos policiales, y tras ser embestido por el carabinero Sebastián Zamora Soto, quien por tratar de detenerlo lo empuja baranda abajo.
Así se pudo escuchar en los vídeos registrados por los funcionarios al momento de suceder este hecho -retirándose del lugar sin prestar auxilio al herido, inerte y en riesgo de ahogarse-, como parte de las pruebas presentadas por la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong, a cargo de investigar el caso, que categorizó como homicidio frustrado.
Un “chinche” en la jerga policial refiere despectivamente a cierta categoría de ciudadanos que asisten a protestas y generan disturbios, generalmente anti – carabineros de clase baja, en entornos marginales asociados directamente a violencia delictiva y narcotráfico.
Chinche al agua
El entorno violento en que se inscribe el accionar policial se agudizó de un año a esta parte, como cuenta el General Director, Mario Rozas, al relatar a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lo sucedido esa tarde. Ante ella compareció junto a parte de su alto mando para esclarecer la caída del adolescente y frente a los cuestionamientos del hecho que reinstaló en los principales medios periodísticos internacionales la imagen de Carabineros como una entidad represiva y violadora de los derechos humanos, avalada por el gobierno de Chile. Cuestión que a ojos de la oposición política en pleno amerita su urgente renuncia y una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI).
En el comienzo de su argumentación justificativa mencionó las decenas de miles de operaciones en que participan mensualmente miembros de su institución a lo largo del país y los más de 8 millones de personas que han asistido a manifestaciones y actos de protesta en el último año. También que en el operativo del último viernes se cumplió a cabalidad con las tres fases de despliegue de acciones planificadas para controlar a lo que refirió como muchedumbre: a) Contención y agrupamiento de efectivos, b) Intervención y detención de manifestantes, c) Copamiento y post despeje de vías.
a) Contención y agrupamiento de efectivos, b) Intervención y detención de manifestantes, c) Copamiento y post despeje de vías.
Precisamente en la transición entre las fases b y c se produjo la caída del menor que quedó inerte con tec cerrado, fracturas en sus dos muñecas y serias contusiones en su rostro y cráneo. Y frente a la no prestación de socorro, retrucó diciendo que casi inmediatamente se llamó a bomberos y personal de salud de emergencia para alertar del hecho y la necesidad de rescate. No obstante, el menor -que quedó tendido boca- abajo habría fallecido ahogado si no es retirado en pocos segundos del lecho del Mapocho por otros manifestantes.
No obstante, el menor -que quedó tendido boca- abajo habría fallecido ahogado si no es retirado en pocos segundos del lecho del Mapocho por otros manifestantes.
El episodio se complicará más por los sucesivos llamados telefónicos del imputado a la fiscalía para contar su versión y recalcar que el herido se encontraba en condición de detenido. Este dato fue cuestionado por la fiscal Chong, calificándolo como intento de obstrucción a la investigación.
Este dato fue cuestionado por la fiscal Chong, calificándolo como intento de obstrucción a la investigación.
Un black hole lleno de espinas
Sin entrar en detalles del extenso y multimillonario fraude conocido como “Pacogate” (aún en investigación por malversación de casi 30 mil millones de pesos), el accionar de Carabineros motivó el descabezamiento de su plana mayor, junto con tener cuatro Generales Directores en cinco años: Eduardo Gordon, Gustavo González, Hermes Soto y Mario Rozas. En el mismo período se descubrió el caso “Huracán” con levantamiento de pruebas falsas de inculpabilidad contra comuneros mapuche y el asesinato de Camilo Catrillanca (del que se dieron versiones no ajustadas al hecho).
Al repasar algunos casos de efectivos institucionales dados de baja en el mismo lapso, se cuentan entre sus estadísticas cuatro por extravío de 28 armas de servicio en Iquique, cuatro por apremios ilegítimos a un detenidos en Renca, otros dos por la presunta participación en un robo en El Bosque, dos también por un accidente de tránsito con víctimas fatales en Arica (uno por conducir ebrio y el otro por intentar encubrirlo), un funcionario en Frutillar acusado del robo de sacos de papa, cuatro carabineros y dos oficiales por el caso Catrillanca. Y ahora, el carabinero Zamora por no portar la cámara institucional en el operativo, sino una personal que no había sido informada.
cuatro por extravío de 28 armas de servicio en Iquique, cuatro por apremios ilegítimos a un detenidos en Renca, otros dos por la presunta participación en un robo en El Bosque, dos también por un accidente de tránsito con víctimas fatales en Arica (uno por conducir ebrio y el otro por intentar encubrirlo), un funcionario en Frutillar acusado del robo de sacos de papa, cuatro carabineros y dos oficiales por el caso Catrillanca.
Sofismas y dialéctica de guerra fría
Las complicaciones derivadas del escalamiento de este episodio, con los continuos ataques a la Comisaría de Puente Alto, los nuevos enfrentamientos en Plaza Baquedano y la amenaza de acusación constitucional contra el jefe del gabinete ministerial llevaron al Presidente Sebastián Piñera a reunirse con las cabezas de los poderes Legislativo y Judicial. Y al término de la reunión, fiel a su estilo, solidarizó con el dolor de la familia del adolescente herido, condenando el hecho que generó su caída al río, al mismo tiempo que respaldó de modo absoluto a Carabineros.
Comprender entonces las aristas de este nuevo episodio policial violento amerita desentrañar las lógicas implícitas de conducción aplicadas por la institución encargada de la seguridad pública. Primero, la incapacidad absoluta de reconocer errores, como si en ello se jugara su honor y prestigio, afectados en peor medida por su soberbia que por su ineptitud. Segundo, no haber actuado de modo más abierto y sincero en el caso de la caída del joven al Mapocho, donde al menos se entregaron tres versiones previas descartando la participación policial a pesar de los diversos registros en vídeo confirmando aquello. Tercero, escudarse en la falacia de justificar no socorrerlo bajo la excusa de avisar por teléfono a otras entidades para que rescataran al adolescente, sabiendo que se jugaba su vida en ese mismo instante y que si no era retirado del agua se moría en pocos minutos. Cuarto -y quizá lo más grave-, operar con un férreo clasismo implícito al interior de la institución y al momento de abordar el orden público y la seguridad ciudadana en contextos de protestas o efervescencia social. La oficialidad y los suboficiales se mantienen separadas no solo por grados sino por castas, por culturas y acceso a formación. Un suboficial puede excepcionalmente llegar a formar parte de la oficialidad, pero nunca aspirar sino a los grados más bajos de ella.
La oficialidad y los suboficiales se mantienen separadas no solo por grados sino por castas, por culturas y acceso a formación.
Lo más grave en el contexto actual refiere a la manera de abordar los desórdenes callejeros y actos de protestas –sean pacíficas o violentas-, derivada de la falta de sensibilidad y empatía cívica para comprender estos fenómenos emergentes en las democracias contemporáneas. Se mantiene en su prisma el sesgo del siglo XX respecto de las lógicas orden-desorden, amigo-enemigo, ciudadano-delincuente que cualifica y reinterpreta su accionar sin asumir responsabilidad alguna en el ejercicio de la violencia aplicada para disuadir y disolver las manifestaciones. Y menos aún para el necesario ejercicio mínimo de alteridad de ponerse en el lugar del otro, cuando de por medio están involucradas opciones políticas. Baste ver las formas de operar en las marchas de Las Condes por la opción del rechazo en el plebiscito y las manifestaciones por el apruebo en Providencia o Santiago.
Se mantiene en su prisma el sesgo del siglo XX respecto de las lógicas orden-desorden, amigo-enemigo, ciudadano-delincuente
Baste ver las formas de operar en las marchas de Las Condes por la opción del rechazo en el plebiscito y las manifestaciones por el apruebo en Providencia o Santiago.
Carabineros está atrapado en una crisis institucional que no se resolverá mientras no se asuma y sincere desde dentro en todas sus dimensiones. Tampoco saldrá de ella sin la ayuda del poder político. Pero para solucionarla primero requiere desprenderse de los lastres que la anclan a los prismas de conflictividad y retóricas de épocas de dictadura, como si todo el que protesta fuera un paria comunista o un simple y despreciable chinche.
lastres que la anclan a los prismas de conflictividad y retóricas de épocas de dictadura, como si todo el que protesta fuera un paria comunista o un simple y despreciable chinche.
