El gobierno no cumplió el compromiso formal asumido por los ministros de Hacienda y del Trabajo durante la tramitación del proyecto de reajuste para el sector público. Entonces se concordó que las tradicionales desvinculaciones de fin de año se realizarían en base a criterios objetivos de desempeño, plasmadas en la circular 21. Cerca de 2000 profesionales y administrativos a contrata y honorarios fueron notificados que no se les renovarían sus contratos en el último mes. Al filo del plazo legal.
A ellos se suman los 2700 funcionarios ya despedidos desde que asumió el nuevo gobierno. Entonces se desvinculó, como era de esperar, a directivos de confianza o asesores, agregándose una cantidad de profesionales o administrativos sospechosos de ser “operadores políticos”.
El presidente Piñera, ignorando el compromiso formal asumido por sus ministros, ha intentado minimizar el proceso de desvinculación masiva durante el último mes, sosteniendo que representa un porcentaje muy menor para un universo de 500 a 600 mil trabajadores del sector público, “de acuerdo a lo que tradicionalmente sucede”.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) calificó la reciente medida como una verdadera razzia política en contra de funcionarios que no simpatizan con la actual administración- sean o no militantes de algún partido de oposición- sin una mínima evaluación de desempeño.
La asociación gremial reaccionó convocando a un paro nacional para este jueves 6, mientras las bancadas parlamentarias de la oposición han condicionado su aprobación al proyecto de reajuste para el sector público a que el gobierno revise la medida de desvinculación masiva de trabajadores, no descartando medidas similares durante la tramitación legislativa de proyectos emblemáticos para el Ejecutivo como el de modernización tributaria.
Se ha generando una fuerte reacción de la asociaciones de funcionarios, que amenaza con tensionar las relaciones con el parlamento, complicando la tramitación de la agenda más dura del gobierno, como el proyecto de “modernización” tributaria, la reforma del sistema previsional y la llamada contra reforma laboral.
El presidente Piñera, ignorando el compromiso formal asumido por sus ministros, ha intentado minimizar el proceso de desvinculación masiva durante el último mes, sosteniendo que representa un porcentaje muy menor para un universo de 500 a 600 mil trabajadores del sector público, “de acuerdo a lo que tradicionalmente sucede”.
La oposición tiene una opinión muy diferente.
El diputado demócrata cristiano Raúl Soto fijó la posición de su partido, afirmando que “no vamos a aprobar el proyecto de reajuste como una señal de nuestro malestar por la desidia del gobierno al despedir tanta gente en el sector público”.
Una postura similar adoptó el Partido Socialista, sosteniendo que el gobierno no ha sido capaz de cumplir su propia palabra. “Nuestra bancada no va a concurrir a validar un acuerdo que fue roto por el gobierno” sostuvo Manuel Monsalve, jefe de la bancada socialista. “Si el gobierno insiste, va a tensionar las relaciones con la oposición, poniendo en riesgo no sólo el reajuste sino también su reforma tributaria”, concluyó.
“Acá las confianzas se han visto muy dañadas porque el mismo gobierno nos aseguró que no habrían despidos masivos cuando se lo preguntamos en la tramitación del proyecto de presupuesto” sostuvieron representantes del Frente Amplio.
En representación de su partido, el diputado comunista Daniel Núñez anunció que se partido estaba barajando distintas opciones, “como rechazar alguna norma o artículo específico del proyecto de reajuste para presionar al gobierno a terminar con los despidos arbitrarios, que tiene visos de persecución política y reintegre a los funcionarios desvinculados”.
Las confianzas dañadas y los costos políticos para el gobierno
Las precarias confianzas que tanto el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, como el resto del gabinete se han esforzado por construir con la mayoría opositora en el parlamento, se han visto profundamente erosionadas por estas medidas de desvinculación.
Se ha generando una fuerte reacción de la asociaciones de funcionarios, que amenaza con tensionar las relaciones con el parlamento, complicando la tramitación de la agenda más dura del gobierno, como el proyecto de “modernización” tributaria, la reforma del sistema previsional y la llamada contra reforma laboral.
Sucesivas administraciones se han comprometido a regularizar progresivamente su situación, registrándose avances parciales, pero aún queda un largo trecho para que el gobierno se sujete a una moderna legislación laboral como la que se impone al sector privado en estas materias.
Ciertamente parece más que difícil revertir la medida de desvinculación puesta en marcha. Sobre todo porque una reincorporación implicaría su permanencia en los cargos al menos por los próximos 12 meses. Pero ese es un precio que debe ser comparado con los costos políticos que tiene mantener una medida que no considera una evaluación de desempeño de cada uno de los funcionarios.
El tema de la precariedad laboral de los trabajadores públicos, específicamente aquellos a contrata u honorarios, que pueden ser despedidos sin mayor expresión de causa o evaluación de su desempeño, o simplemente no renovárseles sus contratos, no tiene nada de nuevo. Sucesivas administraciones se han comprometido a regularizar progresivamente su situación, registrándose avances parciales, pero aún queda un largo trecho para que el gobierno se sujete a una moderna legislación laboral como la que se impone al sector privado en estas materias.
