Al ministro Pérez- en términos boxísticos – lo salvó la campana de un bochorno mayor recién cumpliendo 5 semanas a la cabeza del nuevo gabinete. Cuando se hacía evidente un costo mayor en abastecimientos básicos en la zona centro sur, que el jefe de gabinete menospreció, enfatizando el carácter pacífico de la paralización de camiones que ya contrastaba con incidentes y vulneración de las normas sanitarias en el Estado de Excepción vigente, el gobierno validó un acuerdo transitorio con las agrupaciones gremiales lideradas por Sergio Pérez y José Villagrán, quedando en signo de espera una resolución definitiva de las demandas de estas agrupaciones de transportistas que, en importante medida, dependerán de mayorías parlamentarias últimamente esquivas para el Ejecutivo.
Un conflicto con antecedentes
En su aún breve gestión el nuevo jefe del gabinete de Sebastián Piñera ha marcado su calidad de ministro del orden público. Debutó con un inmediato viaje a la Araucanía que tuvo como corolario principal el violento desalojo de un municipio tomado por comunidades mapuche en solidaridad con presos “políticos” que prolongaban una larguísima huelga de hambre. La violenta acción, en horario de toque de queda, fue protagonizado por civiles identificados con APRA, organización patronal, cuya vocera Gloria Naveillán y sus seguidores alentaron la intervención de carabineros en el desalojo de la Municipalidad de Victoria.
Los sucesos posteriores en el territorio demandado históricamente por los pueblos originarios confirman el abandono oficial del camino del diálogo y la negociación esbozado, pese a sus evidentes contradicciones, por el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno (traspasado a la menos ardiente cartera de Obras Públicas) con una línea de confrontación represiva marcada por episodios elocuentes como el ya protagonizado anteriormente por altos mandos policiales en los montajes de la “Operación Huracán” (durante la pasada administración) y más recientemente con la instalación del Comando Jungla- con formación en Colombia – inaugurado con bombos y platillos por el Presidente Piñera en junio de 2018, para enfrentar “el terrorismo en la Araucanía”.
Como bien expone José Bengoa en su reciente columna “Invierno caliente en el Sur” (“La Mirada Semanal N°100) en la Araucanía “no hay ninguna institución del Estado en que el mapuche tenga representación en su condición originaria”, en el contexto histórico de los efectos de la expoliación territorial. En ese marco coexisten una masiva movilización de las comunidades en estos tiempos de mayores restricciones y control policial – hecho frecuentemente ignorado por los medios de comunicación – que refuerza la decisión descolonizadora del pueblo mapuche, con acciones violentas de grupos que optan por la quema de camiones que sirven a las empresas que explotan la madera de territorios que sus autores califican como expropiados por la fuerza del Estado chileno. Sucesos que denuncian las organizaciones de transportistas que llegaron a poner en un jaque no forzado al ministro del Interior.
El autogol del ministro Pérez
Víctor Pérez es un duro entre los duros, avalado por su intransable trayectoria de lealtad a las bases que sustentaron el régimen militar al que sirvió desde su joven militancia gremialista hasta transformarse en parlamentario por la región crítica que hoy controla desde la jefatura del flamante gabinete con que Sebastián Piñera enfrenta la coyuntura del próximo plebiscito constitucional. Instancia que aparece como un eventual sendero para abordar el más que centenario y prolongado mal llamado “conflicto de la Araucanía”.
Con aquella trayectoria no debió haber sorprendido tanto el desatino del jefe de gabinete y responsable del orden interno cuando ignoró el carácter violento que escalaba la paralización de camiones por un importante grupo de empresas propietarias en la carretera, con incidentes y escándalos públicos violando las restricciones que rigen frente a la pandemia. En ese sentido las elocuentes afirmaciones del ministro de Salud, condenando la obstrucción al tránsito de personal clínico hicieron más que evidente el traspié del jefe del gabinete, como el único interlocutor reconocido por los gremios en rebeldía.
cuando ignoró el carácter violento que escalaba la paralización de camiones por un importante grupo de empresas propietarias en la carretera, con incidentes y escándalos públicos violando las restricciones que rigen frente a la pandemia.
En definitiva, Sergio Pérez le cobró la palabra a Víctor Pérez, que había resaltado el carácter pacífico de la movilización, acentuando el transportista que la violencia residía sólo en los que quemaban camiones en el sur. Violencia que la tan equipada policía uniformada sería incapaz de enfrentar, requiriéndose de una presencia militar y estados de excepción mayores para satisfacer debidamente la demanda gremial.
Sergio Pérez rechazaba cualquier otro interlocutor y subía la apuesta a un ya complicado Víctor Pérez – cazado en su propia trampa – desafiado en un poder que el jefe de gabinete intentó reforzar convocando a un equipo de ministros y autoridades para evidenciar el respaldo oficial que finalmente validó Sebastián Piñera en su intervención pública del 2 de septiembre.
Para Sergio Pérez su interlocutor debía comportarse como lo habría hecho el senador Víctor Pérez. Acostumbrado a esas lides poco tenía por perder el dirigente gremial que en el encuentro Enade 2020 anunció una alianza con grupos evangélicos de “Ciudadanos por Chile”, vinculado a una multigremial que acentuaba sus demandas ante la “debilidad del Estado de Derecho”, cuestionando la idea de una nueva Constitución y declarándose abierto partidario del Rechazo en el próximo plebiscito.
Para Sergio Pérez su interlocutor debía comportarse como lo habría hecho el senador Víctor Pérez.
Si algo ha desnudado la amenaza al abastecimiento esencial por bloqueo de rutas, que finalmente el gobierno no pudo negar como lo hiciera inicialmente el ministro del Interior, es la impericia política del nuevo gabinete, contrariando precisamente el fundamento de su nueva composición, en contraste a los cuestionamientos que se hicieron desde los partidos oficialistas al renunciado ministro Gonzalo Blumel.
Al cumplirse sólo 5 semanas desde que asumió como jefe de gabinete Víctor Pérez – declarando que lo hacía “Por la unidad de Chile” – su cuestionada habilidad política está desafiada también para dar plenas garantías al trascendente ejercicio ciudadano en tránsito al plebiscito constitucional del 25 de octubre.
Al cumplirse sólo 5 semanas desde que asumió como jefe de gabinete Víctor Pérez – declarando que lo hacía “Por la unidad de Chile” – su cuestionada habilidad política está desafiada también para dar plenas garantías al trascendente ejercicio ciudadano en tránsito al plebiscito constitucional del 25 de octubre.
