Por Roberto Fernández Droguett
Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile. Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.
A proposito del boicot de la Prueba de Selección Universitaria PSU por parte de estudiantes agrupados en la ACES y otras organizaciones y espacios autoconvocados, a través de todo Chile, el gobierno emprendió una persecución judicial contra voceros y estudiantes detenidos en las manifestaciones, además de advertir que estos no podrían rendir dicha prueba como consecuencia de sus acciones. Si bien las manifestaciones resultaron más que polémicas y cuestionadas por autoridades, entidades académicas y sectores políticos por transgredir el derecho de quienes querían rendirla, también hubo reacciones de apoyo a los estudiantes movilizados que irrumpieron perturbando su realización y rechazando la postura criminalizadora del gobierno.
Pero más allá de las posturas encontradas, lo cierto que estas movilizaciones, ampliamente anunciadas por organizaciones estudiantiles, han surgido en el contexto de una prolongada ausencia de voluntad política de los últimos gobiernos y del Consejo de Rectores para cambiar una prueba con suficientes evidencias de incumplir debidamente su rol de selección para ingreso a la educación superior, acentuando las desigualdades reconocidas y propias del sistema educativo vigente. Pese a ello, el gobierno y el Consejo de Rectores insistieron en realizar la prueba, aún conociendo la situación de excepcionalidad en que se encuentra el país, la que auguraba que era prácticamente imposible que ésta se desarrollara con normalidad.
Una vez más, la inercia y tozudez de las élites políticas y académicas les impide comprender que vivimos no solamente un momento de crisis social sino también de una profunda transformación cultural en que activos grupos de la ciudadanía no parecen dispuestos a seguir siendo objeto de políticas públicas que mantienen la reconocida desigualdad en nuestro país. Si bien nadie pudo prever que el aumento de 30 pesos del metro detonaría el mayor movimiento social desde el regreso a la democracia, a esta altura es factible anticiparse al rechazo social que producen ciertas medidas, como en este caso mantener la realización de la PSU sin contemplar en lo más minimo las demandas y propuestas de los estudiantes y otros actores de la educación.
Pareciera evidente que ya hemos tenido suficientes expresiones en los complejos último meses, que aconsejan considerar que cualquier aplicación de alguna política pública relevante requiere tomar el pulso de la ciudadanía, de modo de ir avanzando hacia las transformaciones que se demandan, con otro tono y prisa, desde el 18 de octubre del 2019.
