No hay otro calificativo más adecuado que el de errática para describir la política exterior de este gobierno. Definida y conducida desde La Moneda, subestimando el rol específico de la Cancillería, ha asumido con singular entusiasmo el apoyo al “Presidente encargado”, Juan Guaidó, dejando huella en un papelón mayor con el frustrado episodio de Cúcuta.
Ese viaje y su encendido discurso, garantizando que Chile siempre sería “asilo contra la opresión”, motivó a decenas de miles de venezolanos, al largo y difícil tránsito a nuestra frontera norte. La promesa hacía eco con la imagen de un país ordenado y floreciente. Además operaba el antecedente histórico de miles de chilenos acogidos como refugiados en Venezuela tras el golpe de Estado de 1973.
A fin de cuentas la visa de responsabilidad democrática, generosamente ofertada por Piñera a los venezolanos que optaban por el exilio, fue la guinda de la torta para estimular y masificar el largo viaje a nuestro territorio.
A fin de cuentas la visa de responsabilidad democrática, generosamente ofertada por Piñera a los venezolanos que optaban por el exilio, fue la guinda de la torta para estimular y masificar el largo viaje a nuestro territorio.
El hoy atribulado mandatario nunca proyectó seriamente que el número de venezolanos que buscarían asilo en nuestro país, cruzando prácticamente toda la región (Colombia, Ecuador y Perú o Bolivia), sería tan elevado. Los cálculos oficiales se aproximaban a 250.000. Hoy suman más de 400 mil y todo indica un exponencial crecimiento sin una salida a la crisis que hoy vive ese país. Tal como afirmara el senador José Miguel Insulza, si Piñera no lo vio venir, lo mandó traer.
El gobierno chileno reaccionó a una realidad impensada y de manera evidentemente tardía. Imponiendo nuevos requisitos de ingreso, muy difíciles o imposibles de cumplir por miles de inmigrantes en camino al sueño prometido.
La crisis humanitaria que hoy se vive en la frontera norte, con centenares de familias venezolanas agolpadas en Chacalluta o Colchane, en precarios campamentos de emergencia frente a los consulados chilenos, configura una dramática situación que acentúa el desgaste y pesar de los que viajaron tras aquella entusiasta oferta del mandatario chileno.
El gobierno chileno reaccionó a una realidad impensada y de manera evidentemente tardía. Imponiendo nuevos requisitos de ingreso, muy difíciles o imposibles de cumplir por miles de inmigrantes en camino al sueño prometido.
El gobierno no tiene más remedio que tomar medidas de excepción para resolver esa crisis (salvoconductos, visas temporarias u otras), independientemente de establecer una nueva política migratoria consensuada, que intente interpretar a la mayoría de los chilenos, buscando una coordinación indispensable con otros países de la región.
Más aún si la aflictiva situación que hoy vive Venezuela se prolonga, como indicarían algunas encuestas, con 47 % de su población pensando en emigrar, acentuando la evidente crisis actual que se visualiza dramáticamente en nuestra frontera.
El reconocimiento del contundente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se vio empequeñecido por la calificación de “tardío” que Piñera no pudo evitar. Acentuando el cariz demagógico de los mismos dichos que hoy lo complican con la migración venezolana, el mandatario demandó una presentación de la Alta Comisionada ante la Corte Penal Internacional que, en rigor, excede los ámbitos de su competencia.
Acentuando el cariz demagógico de los mismos dichos que hoy lo complican con la migración venezolana, el mandatario demandó una presentación de la Alta Comisionada ante la Corte Penal Internacional que, en rigor, excede los ámbitos de su competencia.
Sumatoria de errores y tropiezos en política exterior
Con todo, Venezuela está lejos de ser el único traspié de la política exterior del gobierno chileno. Partiendo por la designación de un escritor más bien modesto (según lo describiera Jorge Edwards) como Roberto Ampuero a la cabeza de la Cancillería, cuyos escasos atributos contribuyó a desnudar el propio Sebastián Piñera, con su manejo estrecho de las relaciones internacionales, dañando la imagen de profesionalismo, marcada por el carácter de política de Estado desde el retorno a la democracia en nuestro país. Previo a su inevitable renuncia, Ampuero había librado silenciosamente del bochorno de su camarada de aventuras políticas, Mauricio Rojas, que debió dejar el Ministerio de las Culturas a escasos días de su nominación.
Ya hemos señalado los pobres resultados conseguidos por el entusiasmo del actual gobierno chileno al desahuciar UNASUR y reemplazarlo por su afiliación a PROSUR, que tras su acta de nacimiento se definió más bien como un Foro que como una organización, que no ha tenido (ni probablemente tendrá) mayor relevancia luego de su creación.
En un corto plazo, la decisión gubernamental de no suscribir el pacto medioambiental de Naciones Unidas, sus reservas en relación al pacto migratorio y al protocolo que regula el Tratado de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, suman evidencias al ya mencionado retroceso y debilitamiento de la política exterior de Chile.
En un corto plazo, la decisión gubernamental de no suscribir el pacto medioambiental de Naciones Unidas, sus reservas en relación al pacto migratorio y al protocolo que regula el Tratado de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, suman evidencias al ya mencionado retroceso y debilitamiento de la política exterior de Chile.
La propia iniciativa de recurrir a la Corte Interamericana de Justicia para solicitar la no interferencia, autolimitación y respeto a la jurisdicción de los tribunales nacionales, ha generado una fuerte polémica que trasciende nuestras fronteras.
La propia iniciativa de recurrir a la Corte Interamericana de Justicia para solicitar la no interferencia, autolimitación y respeto a la jurisdicción de los tribunales nacionales, ha generado una fuerte polémica que trasciende nuestras fronteras.
La abstención en el caso de Filipinas
La reciente abstención del gobierno chileno ante la solicitud de examinar la situación de los Derechos Humanos en Filipinas (que registra más de 5.000 asesinados por los servicios policiales del bestial mandatario Rodrigo Duterte), contrastando con el pretendido protagonismo crítico ante el gobierno de Venezuela, es una muestra más reciente de la errática política exterior asumida por Sebastián Piñera.
La reciente abstención del gobierno chileno ante la solicitud de examinar la situación de los Derechos Humanos en Filipinas (que registra más de 5.000 asesinados por los servicios policiales del bestial mandatario Rodrigo Duterte), contrastando con el pretendido protagonismo crítico ante el gobierno de Venezuela, es una muestra más reciente de la errática política exterior asumida por Sebastián Piñera.
Todo ello sin mencionar los evidentes desaguisados, torpezas, errores no forzados, del propio mandatario en materias que se podrían calificar como menudencias no tan menores en las relaciones exteriores (inclusión de sus hijos en la gira a China, la bandera intervenida que le exhibió a Donald Trump, o el inédito bochorno en su reciente visita a Israel y Palestina).
El nuevo Canciller, Teodoro Ribera, político experimentado, ex parlamentario y ex ministro, asumió el cargo con una pesada herencia y muchas sombras. En sus primeras semanas en el cargo se ha esforzado por reponer un clima de diálogo y cooperación con sectores de la oposición, afirmando que había recibido del Presidente la misión de reforzar las relaciones exteriores como una política de Estado. Con todo, la abstención de nuestro país en el tema de Filipinas es un grave traspié, reforzando la idea que dicha política no se define en la Cancillería sino en la Moneda.
la definición de las relaciones exteriores no debiera sustentarse en los meros sesgos ideológicos de un mandatario, menos de su estados de ánimo o búsqueda de protagonismo, sino apuntar al interés superior del país. Y sobre ese particular, las evidencias manifiestan la existencia de algo más que una razonable duda.
La Constitución Política del Estado reconoce que la conducción de la política exterior del país le corresponde al Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado, pero la definición de las relaciones exteriores no debiera sustentarse en los meros sesgos ideológicos de un mandatario, menos de su estados de ánimo o búsqueda de protagonismo, sino apuntar al interés superior del país. Y sobre ese particular, las evidencias manifiestan la existencia de algo más que una razonable duda.
