Sebastián Piñera publicó hace algún tiempo un artículo en La Tercera presumiendo hablar en nombre de “los amantes de la libertad y la dignidad de todos los seres humanos”, con el ya gastado aval personal de haber votado por el NO, aún cuando entre buena parte de sus compañeros de ruta que lo condujeron a la Presidencia hay quienes a este respecto sólo pueden hablar de libertad, hipocresía mediante, es decir, en palabras del personaje: los “cómplices pasivos”, a lo menos.
Aquellas líneas sólo aspiraban, a su buen entender, expresar algunas “reflexiones” sobre nuestros días y nuestro país. Algo que, en rigor, se reducía a una vulgar combinación de ideología y demagogia. Así, se preguntaba: “¿Qué tan libres queremos ser? y, ¿cómo afectan nuestras libertades algunas ideas e iniciativas que se están promoviendo?”
Entonces cuestionaba la pretensión de responsabilidades mayores del Estado para responder a necesidades básicas de la población como un intento de “ desplazar o expulsar a la sociedad civil de participar en la prestación de servicios tan importantes como la educación y la salud”.
A todas luces una falacia de Sebastián Piñera porque ¿cuándo la “sociedad civil” ha participado en alguna “prestación”? Quienes lo hacen son individuos, asociados o no, cuyo objetivo legal (pero no necesariamente legítimo) es obtener beneficios, ganancias, provecho o lucro, para sí y/o sus sociedades.
A todas luces una falacia de Sebastián Piñera porque ¿cuándo la “sociedad civil” ha participado en alguna “prestación”?
Lo único que se ha intentado con aquellas prácticas legales es que no sobrepasen los límites de una “rapacidad extrema”. Estas limitaciones ya han sido puestas por los propios autodenominados “amantes de la libertad” y, precisamente, esas son las limitadas facultades de las diversas superintendencias, encomendadas por la “sociedad civil” a fin de que los “prestadores” no se pasen de la raya.
Intentando un audaz contrapunto el mandatario condenaba la pretensión de organizaciones de trabajadores para “establecer el monopolio de los sindicatos o la afiliación obligatoria a los mismos”.
Otro ideologismo de Sebastián, porque entre personas de distintos roles en una empresa no existe un tipo de relación que pueda caracterizarse como monopólica. Esa negación presidencial no obedece más que a un interés capitalista, por cuanto es obvio que, para un empleador, a la hora de las reivindicaciones laborales, es más favorable enfrentar a una cantidad de personas dispersas en diversos grupos que a la misma cantidad de personas agrupadas en un solo colectivo. A fin de cuentas, esto se trata nada más que de la aplicación de viejos dichos en contrapunto “la unión hace la fuerza” o “divide y reinarás”.
Pretender llevar a categoría de principio ideológico, el propósito de los “partidarios de la sociedad libre” de debilitar las capacidades negociadoras de quienes venden su fuerza de trabajo es una frescura sin límite.
Pretender llevar a categoría de principio ideológico, el propósito de los “partidarios de la sociedad libre” de debilitar las capacidades negociadoras de quienes venden su fuerza de trabajo es una frescura sin límite.
Como si no fuera suficiente lo anterior quien oficia de mandatario advierte contra la supuesta pretensión de “Transformar al Estado en un ente todopoderoso, omnipresente y discrecional, que invade crecientemente nuevos ámbitos del quehacer humano, desconfiando de todo el que innova o emprende y de nuestro buen criterio para tomar decisiones respecto de nuestras propias vidas, haciendo cada día más subordinados y dependientes a los ciudadanos”.
Ciertamente nadie puede aspirar a transformar el estado en un “ente todopoderoso” porque no es posible ni práctica ni históricamente. El estado, institucionalmente hablando, es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, tres poderes interrelacionados pero autónomos entre sí. En nuestro país, al menos, hay que consignar además a los municipios y la Contraloría, en cuanto también tienen sus propias facultades y grados de autonomía, respecto de los tres poderes clásicos.
Esta diversidad por si sola es más que suficiente para que un estado no alcance nunca un carácter todopoderoso, omnipresente y, en especial, discrecional. Tal estado – temido en los dichos de Piñera – según nuestra experiencia, sólo se asemeja a los 17 años de dictadura, de los cuales buena parte de los “partidarios de la sociedad libre” fueron “cómplices pasivos”.
Tal estado – temido en los dichos de Piñera – según nuestra experiencia, sólo se asemeja a los 17 años de dictadura, de los cuales buena parte de los “partidarios de la sociedad libre” fueron “cómplices pasivos”.
La incoherencia del mandatario queda aún más de manifiesto cuando asevera que este estado desconfía “de nuestro buen criterio para tomar decisiones respecto de nuestras propias vidas”, en circunstancias que sus adherentes, por ejemplo, se opusieron sistemática y enérgicamente a que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio con las mismas prerrogativas legales que los matrimonios heterosexuales.
Rasgaron vestiduras aduciendo que el matrimonio legalmente consagrado en Chile es un “matrimonio natural” , algo históricamente falso. El matrimonio es una institución que surge en un punto bastante avanzado de la civilización y cuyo objeto principal era resguardar bienes y patrimonio, algo ciertamente lejano a las condiciones naturales y originarias de la especie humana.
Valga esta última digresión como otro “tiro al aire” en las reflexiones profundas de Sebastián Piñera. Hipocresía mediante, se aboga por sacar las peligrosas manos del estado de las empresas, de los negocios, del emprendimiento y de las prestaciones básicas, mientras se pretende meterlas entre las sábanas de las personas.
Hipocresía mediante, se aboga por sacar las peligrosas manos del estado de las empresas, de los negocios, del emprendimiento y de las prestaciones básicas, mientras se pretende meterlas entre las sábanas de las personas.
