Seguridad humana y crimen organizado

Cátedra UNESCO-Chile por la Tolerancia y la No Violencia

Es desde el paradigma de la Seguridad Humana que en esta presentación se aborda un tema crucial para nuestra convivencia país, donde la próxima definición presidencial será decisiva para las políticas de Estado que se sigan en el período que viene. Este trabajo, aunque válido por sí mismo, puede leerse como un aporte complementario a “La Seguridad Humana no se reduce a la Seguridad Policial-Carcelaria” (La Nueva Mirada, mayo 2025).

a. Kast y Kaiser se escriben con las misma “K” de Bukele

Ambos candidatos presidenciales de la extrema derecha chilena compiten en su admiración por el jefe de Estado salvadoreño, tanto que en sus locuciones de campaña lo consideran un modelo a seguir. 

 Los dos proponen replicar, en el desierto nortino de nuestro país, una mega prisión semejante al Centro de Confinamiento (CECOT) construido por orden de Bukele en El Salvador, con una capacidad para 80.000 internos. Las imágenes que se tienen de este este lugar de reclusión muestran las condiciones infrahumanas en que se encuentran los internos en ese presidio, donde el maltrato y el trabajo forzado son una práctica carcelaria autorizada. “La Cárcel de Bukele —se lee en un medio virtual de Alemania (D.W. Global Media)— funciona como un hoyo negro”. 

  En los últimos días se puso Matthei en la fila tras Kast y Kaiser en su pretensión de copiar el modelo bukeliano de encarcelamiento.  La candidata de la UDI y Renovación Nacional recibió a quien fuera un asesor de Bukele. Paradojalmente llegó a nuestro país presentándose como “ex comisionado de derechos humanos”, asignado como tal a esa misma prisión salvadoreña que viene a ser el modelo del irrespeto absoluto a los principios de Naciones Unidas para los lugares de reclusión carcelaria.  

  La crisis de seguridad en El Salvador es de larga data, y tiene relación con el extenso período que abarcó el conflicto armado entre un régimen autoritario y la guerrilla en ese   país antes del Acuerdo de Paz de Chapultepec del año 1992. Pero en este nuevo tiempo político hubo que confrontar una situación de gravedad crítica con el surgimiento de las “maras”, denominación que reciben unas bandas delictuales muy violentas asentadas en los entornos urbanos. 

Bukele, quien fuera elegido presidente de El Salvador el 2019 por un quinquenio, ingresó al año siguiente con soldados portando fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa sentándose en el sillón principal de la testera como una forma de hacer ver su control político del país. Al término de su período presidencial presionó a la asamblea legislativa, ahora de mayoría oficialista, para volver él a presentarse como presidenciable, siendo así electo nuevamente para otro mandato. Y hace sólo unos días, mediante una reforma constitucional, obtuvo que se instituyera la reelección presidencial indefinida. Para Kast   el ejemplo político de Bukele es del todo admirable, y si él fuera electo presidente no cabe duda de que seguiría un camino institucional semejante. Hace unos días, aunque luego quiso camuflar lo dicho, Kast afirmó que “el Congreso es importante pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, ante lo cual el columnista Carlos Peña fue certero al indicar que la pretensión del candidato presidencial mencionado “abrió una rendija autoritaria al menospreciar al Congreso” (El Desconcierto.cl).

Aparte del antidemocrático modelo político bukeliano, pretender copiar en Chile los términos de seguridad represiva adoptados en ese país es un error mayor, toda vez que en la práctica iría en una línea de instalar guardias armados en todos los espacios públicos (plazas, parques, hoteles y centros comerciales) junto con incentivar la tenencia de armas en los edificios habitacionales y casas familiares. Quienquiera que visite la capital salvadoreña lo puede comprobar personalmente.

Los discursos de las derechas en la actual campaña presidencial —hay una constante histórica en esto— coinciden en alentar el miedo social y ofrecer una alternativa autoritaria de gobierno para asegurar el orden interno del país. En una entrevista a Kast en España, para un programa de televisión virtual afín a Vox, le preguntan: “Me has   comentado que antes de la revuelta del Metro el 2019, Chile era uno de los países más prósperos de toda América. ¿Crees que podría llegar a serlo nuevamente?” Como parte de su respuesta afirma: “Hoy día tenemos un problema de seguridad serio… Tenemos un problema de terrorismo en sectores del Sur… Para que tú recuperes el tema económico lo primero que tienes que hacer es brindarles seguridad a las personas. Nadie va a querer invertir en Chile si su gerente o su trabajador en la empresa no tiene la certeza de que va a llegar a su hogar de vuelta sin haber sido asaltado”.

 Sostener que existe una desmotivación actual para inversiones internacionales en nuestro país no se sustenta en datos verídicos. El Informe de IED-CEPAL 2025 sobre Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe señala: “En 2024 Chile fue el destino de 6.900 millones de dólares en anuncio de proyectos (…) lo que constituye [para este país] el segundo total más alto desde 2019”. Lo que sí queda en evidencia en el bukelismo chilensis es el eje de su campaña presidencial: ofrecer seguridad militarizada para la inversión extranjera. El desarrollo social inclusivo con seguridad humana, pluralidad democrática y un medio ambiente sostenible no tienen prioridad en el discurso de los candidatos de las derechas.

Ahora bien:  lo que ocurre en Chile actualmente es la confluencia de un discurso político intimidatorio como el descrito junto a una dominancia comunicacional —sobre todo en los   noticieros de los canales de televisión— de las nefastas prácticas de un nuevo tipo de delincuencia en los centros urbanos del país.

b. Deberes y derechos en el sistema carcelario.

La impunidad no es una alternativa. Es indiscutible que a quienes cometen delitos  contra la vida o la integridad corporal o sicológica de las personas, así como otras acciones ilegales de mayor gravedad, les corresponde la pena de presidio de acuerdo a lo que establezca un código penal legítimo, donde  una investigación acuciosa de la responsabilidad directa y asociada en la comisión de actos delictivos lleve a una acusación sostenible  en los tribunales de un poder judicial independiente o autónomo, siempre de acuerdo a principios de justicia de validez internacional.  

 Las personas que deben ser internadas en cárceles, por condenas resueltas por el Poder Judicial en un Estado de Derecho, tienen por cierto deberes asociados al cumplimiento de ellas. Y a la vez, el sistema carcelario tiene obligaciones éticas de contenido y forma en el trato de las o los condenados.

 No es el modelo de Bukele.  Para quienes comparten una visión democrática y de principios humanistas sobre el trato que deben recibir las personas privadas de libertad en las prisiones de los países integrantes de la ONU pueden encontrar una referencia orientadora en el Manual de este organismo que lleva como título “Los Derechos Humanos y las Prisiones” (2005). 

 Se sostiene en el texto mencionado, como un principio regulado, el derecho a la integridad física y moral de las y los reclusos: “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En particular se previene y condena la práctica de torturas o malos tratos hacia las y los internos en prisiones, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Y en consecuencia “las prisiones deberán ser lugares seguros para todos los que viven y trabajan en ellas, es decir para los reclusos, el personal y los visitantes”. El derecho a un nivel de vida adecuado en los centros carcelarios “abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido y la ropa de cama”. Y se subraya que “la finalidad esencial de las autoridades de las cárceles en su trato a los reclusos será alentar la reforma y la readaptación social de los penados”. Y que para ello se dará formación técnica o profesional a las y los reclusos, particularmente a los jóvenes (Ver: https:www.ohchr.org). 

c. La resiliencia ante el crimen organizado  

En todos los países del mundo hay crimen organizado. En Chile también. En el 2003 entró en vigor la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que viene a ser el principal instrumento internacional en esta materia. La definición de “crimen organizado” lo caracteriza como grupos o redes que actúan de manera concertada mediante la participación asociada a actos de violencia o corrupción o en actividades relacionadas con éstas a fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. Estas acciones pueden llevarse a cabo dentro de un país como transnacionalmente.

 El tipo de delitos propios del crimen organizado son la trata  de personas; la extorsión y cobros ilegales por protección; intervenciones cibernéticas ilícitas;  ilegalidades financieras; tráfico de drogas; concertación de tipo delictivo contra la flora, fauna y medio ambiente; comercio ilegal de armas; explotación sexual de personas en situación irregular,  y crímenes por encargo o sicariatos, entre otras prácticas caracterizadas por el abuso, la violencia  extrema  y la corrupción en órganos de poder estatal.

 La penetración del crimen organizado en los distintos países es variable, así como lo es también la persecución legal de sus prácticas. Aquí es donde cobra validez el parámetro de la Resiliencia. Este índice mide la capacidad de reducir o desmantelar las actividades del Crimen Organizado mediante políticas económicas, jurídicas y sociales por los actores de la institucionalidad estatal. 

En el Índice Global de Crimen Organizado -2023 (que publica Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Ginebra) se señala que la influencia del crimen organizado tiene una constante de aumento, lo que representa un desafío cada vez mayor para la seguridad y la estabilidad de la Región. En lo que nos afecta directamente como país, en este Informe se lee: “Si bien es posible que todavía no se puede comparar la situación de Chile con la de México o Colombia, el país está mostrando analogías alarmantes en cuanto a las prácticas asociadas al crimen organizado”. Y es que efectivamente un análisis de datos objetivos nos indica que ha aumentado su presencia en nuestro país, ubicándose en un nivel intermedio en la escala latinoamericana.

Disminuir la tasa de delincuencia es una tarea permanente y desde luego resulta una prioridad la persecución del crimen organizado, para así garantizar la convivencia en los sectores residenciales más vulnerables de las comunas populares. Por cierto, siempre les corresponde a los organismos estatales pertinentes hacerse cargo de la presencia de bandas ligadas al narcotráfico, que ocupan los espacios públicos con intervenciones demostrativas de su poder de fuego, cuando no realizan ejecuciones de integrantes de grupos rivales. Lo más complejo, aparte de las víctimas de estos episodios, es el dañino efecto que tiene lugar en los chicos y jóvenes que llegan a asociar el camino delictivo con un modo de vida que los puede distanciar de la pobreza dominante en su sector residencial.

 Desde luego es necesario fortalecer el rol de las instituciones policiales en la persecución del crimen organizado, y a la vez garantizar la independencia y acuciosidad investigativa de los tribunales, para que así se haga efectiva la sanción de las responsabilidades penales en los diferentes niveles del compromiso delictual de sus autores directos, jefaturas mayores y cómplices relacionados.

d. O es vivir con miedo o es resistencia cultural 

“Chile es el país más atemorizado del mundo en muchas encuestas internacionales”. Ello lo sostiene Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, una   entidad ligada en su momento fundacional a El Mercurio, y que ha realizado un importante trabajo, de buen nivel académico y responsabilidad en sus informes analíticos, en el campo de la prevención y estudio de la delincuencia. En su análisis señala que hay un aumento no menor de las víctimas de homicidio. Estos delitos, señala, están concentrados en ciertas zonas urbanas, y no es un problema extendido. Coincidimos en ese análisis: los delitos violentos del crimen organizado tienen lugar principalmente en los sectores populares y no en el barrio alto de Santiago, en un patrón sectorial que se mantiene en otras ciudades del país. No ocurre lo mismo con los delitos económicos de envergadura o con las causas de violencia intrafamiliar que se sitúan más transversalmente.

El mismo analista señaló — en un programa de Radio U. de Chile— que este miedo provoca un daño social enorme: “Más del 90% de las personas declara haber dejado de hacer alguna actividad cotidiana por temor”. Los noticieros de la televisión abierta —podemos agregar—todos los días y a toda hora concentran su tiempo de cobertura en la “crónica roja”, como se decía antes. El representante de Paz Ciudadana agrega: “Los delitos más comunes, como hurtos y robos, no han aumentado significativamente desde la pandemia, pero el temor ha generado un efecto de retiro ciudadano que debilita la vigilancia natural y favorece el círculo vicioso de la inseguridad”.

Hubo un tiempo en que el principal agente de crimen organizado en nuestro país fue el aparato estatal. Fueron los años de la dictadura, cuando los  “crímenes contras los derechos humanos”  —esto es, ejecuciones, detenidos desaparecidos, torturas, exilio, atentados de muerte fuera del país,  relegaciones, represión callejera, prohibición de eventos públicos, censura de los medios de prensas alternativos, detenciones policiales arbitrarias, toques de queda, estados de excepción y en general  las formas de prohibición de las actividades políticas sociales y culturales alternativas— buscaron  intimidar a la gran mayoría de las  personas. 

Actualmente el crimen organizado se estructura en bandas violentas que ejercen un dominio represivo en sectores urbanos populares y controlan —a veces en connivencia con algunos integrantes de las policías— un mercado de bienes y males (por así decirlo), en la trata de personas, narcotráfico, delincuencia ambiental, lavado de dineros, robo de vehículos, asalto de viviendas y locales comerciales, explotación sexual, secuestros y sicariatos, donde a cambio de drogas u otras prebendas  los muchachos más jóvenes son utilizados como “carne de cañón” en sus operaciones más agresivas. 

Contra el crimen organizado  de  la dictadura  surgieron distintas formas de resistencia, ciudadanas y solidarias, con el apoyo de las fuerzas políticas democráticas, organizaciones sindicales, las iglesias y la cooperación internacional, y donde los movimientos sociales y culturales, más las organizaciones de la sociedad civil, en particular de jóvenes universitarios, tuvieron una presencia proactiva en el mundo poblacional apoyando iniciativas solidarias, actividades culturales y de educación popular,  junto a  acciones contestarias al régimen dominante.

 Este es un tiempo donde es prioritario volver a una política de fortalecimiento de la sociedad civil en el mundo poblacional y comunas de los sectores residenciales más vulnerables de cada una de las regiones del país en una línea de educación popular y ciudadana, que incentive respuestas culturales alternativas en las generaciones más jóvenes frente a la cooptación del crimen organizado. En ese sentido, resulta imprescindiblepara un desarrollo sostenible del país, con una sociabilidad fundada en la   justicia social, que las nuevas generaciones, con el apoyo de políticas públicas focalizadas y participativas, tengan la oportunidad de realizar sus proyectos de vida, desde su edad escolar y temprana juventud. Ello en una práctica de diálogo, solidaridad social y convivencia no violenta. Esto es resistencia cultural: lo contrario es vivir con miedo.