¿Cuántas veces hemos escuchado la frase «se terminó la transición política»?
Quienes han ostentado el poder desde Patricio Aylwin hasta los momentos actuales suman capítulos de evolución contradictoria y la evidencia nos muestra que la transformación conducente a un sistema democrático pleno, con justicia social, inclusivo, participativo y deliberativo todavía sigue siendo una meta por alcanzar.
Es cuestión de reconocer el tiempo reciente que desembocó en octubre de 2019 con el «estallido social», acontecimiento cuyas consecuencias conocemos, pero que obligó al mundo político a buscar una válvula de escape a una serie de reivindicaciones de antigua data y otras más recientes. Como la memoria es frágil me permito citar al Senado: Con el compromiso del restablecimiento de la paz social y el orden público, así como el total respecto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, representantes de los partidos políticos, con excepción del PC, suscribieron el histórico “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, que apunta a generar una nueva Carta Magna que reemplace la de 1980
Tras la crisis política y social agudizada por las movilizaciones de octubre y luego de días de conversaciones y negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de aquel viernes 15 de noviembre, se dio paso a un documento suscrito por los representantes de todas las fuerzas políticas y que fue leído por el Presidente del Senado, Jaime Quintana.
«Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con Constitución 100% democrática«, señaló el senador Quintana quien explicó que el acuerdo tiene como eje la participación ciudadana.
De ahí derivó el plebiscito donde el 80% de los electores dijo APRUEBO, Sí a una nueva Carta Fundamental. Un poco más de ese porcentaje se pronunció porque los constituyentes fueran solo ciudadanos.
Realizada la elección de integrantes de la Convención Constituyente, los sectores de derecha que estaban por el RECHAZO, no alcanzaron el tercio necesario para objetar iniciativas que difieran de sus intereses ideológicos, políticos y económicos.
Dicho esto, tenemos un debate en pleno desarrollo conducente a una nueva constitución para Chile. No sin problemas. Con una logística deficiente implementada por el gobierno, cuestión que causó extrañeza, ya que se sabía de la instalación, hace por lo menos un año.
En el intertanto, elegimos Alcaldes, Concejales, y Gobernadores, estos últimos por primera vez en la historia.
Paralelamente tenemos elecciones presidenciales en noviembre con la renovación total de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y los Consejeros Regionales.
Ya está claro quiénes serán los candidatos de la izquierda y la derecha. Gabriel Boric del Frente Amplio aliado con los comunistas y Sebastián Sichel como independiente de derecha y con amplio apoyo económico empresarial, como es de público conocimiento.
La Centro Izquierda comienza a decantar tardíamente su opción a la primera magistratura de la nación, con Yasna Provoste, presidenta del Senado por la Democracia Cristiana, Paula Narváez del Partido Socialista, ex ministra de estado y ungida por Michelle Bachelet, apoyada por el PPD, Partido Liberal más Nuevo Trato. El tercer precandidato presidencial es el exministro de Estado, Carlos Maldonado.
Los tres nombres irán en una papeleta el 21 de agosto, en una convocatoria incierta, si consideramos que en la primaria legal votaron más de 3 millones de electores, toda una sorpresa para la ciudadanía.
Sin embargo, hay 3 millones de votantes que han sufragado en comicios anteriores, y que esta vez no lo hicieron, la inmensa mayoría sin filiación política. Todo esto da en un universo de potenciales electores de 14 millones 347 mil 288. De ese total solo 557.805 militan en partidos políticos.
La Unidad Constituyente estaría ordenando la impresión de 1 millón de papeletas para votar. ¿Cuántas serán utilizadas finalmente? El misterio se resolverá el sábado 21 de agosto.
Para esta consulta ciudadana no cuentan con ningún apoyo del Servicio Electoral y tendrán un gasto de 500 millones de pesos.
En medio de estos avatares electorales, la Convención Constitucional ha echado a andar un proceso altamente complejo. Ya se han formado las comisiones de reglamento, de ética y presupuesto y administración. Una vez que complete la formación de la directiva con 9 integrantes se abocará al debate de contenidos constitucionales, con algunas comisiones que serán transitorias.
El telón de fondo para el cambio profundo que Chile ha emprendido está en la situación de pobreza y extrema pobreza que nos revela la encuesta CASEN.
La economista Andrea Repetto, ha dicho que el Estado no fue capaz de llegar con ayuda suficiente (y oportuna) como para compensar la pérdida del empleo y el deterioro de las remuneraciones.
Nunca habíamos visto caídas del empleo tan importantes como ésta, agrega la directora de Fundación para la Superación de la Pobreza. La pobreza aumentó al 10,8% lo que equivale a 2.112.185 personas. Con estos datos nos fuimos a la realidad que vivimos entre 2015 y 2017. La pobreza extrema aumentó en 2 puntos porcentuales.
La manifestación evidente de estas cifras está en las ollas comunes y en los comedores solidarios, un tanto invisibilizados, ya que pasó a ser «costumbre» en casi 19 meses de pandemia. Hijos deben volver a las viviendas de sus padres, acentuando el hacinamiento y los conflictos intrafamiliares.
Los expertos proyectan una lenta recuperación del empleo. Ya veremos el balance a fin de año. En todo caso, con el levantamiento de las medidas anti Covid, las expectativas para el presupuesto familiar se animan.
Difícil tarea para quien resulte elegido para dirigir el país a partir del próximo año. Salud, educación, pensiones, vivienda y recuperación económica son los grandes desafíos.
