Ha sido una campaña áspera. Cargada de infundios, medias verdades y muchas falacias, Que ha dividido partidos. Sobre todo, en la centroizquierda. Antiguos aliados, que se unieran para derrotar una dictadura y recuperar la democracia, que gobernaron juntos casi 30 años, han asumido bandos opuestos. La polarización ha llegado al parlamento. Se refleja en la franja, en los debates televisivos. En la calle, en donde se enfrentan los partidarios del apruebo y del rechazo.
Este debate trascendente, que ha concitado el interés internacional, no puede dejar indiferente a nadie. Y menos a los más de 15 millones de chilenos que están obligados a pronunciarse sobre la propuesta de nueva constitución el próximo 4 de septiembre. Como pocas veces en su historia, los chilenos y chilenas tienen la oportunidad de decidir sobre su propio futuro y el del país.
Sin embargo, sea que gane el apruebo o se imponga el rechazo, el país requiere reconstruir un consenso para continuar con un proceso constituyente que permita implementar una nueva carta magna. Parecen minoritarios los sectores que apuestan a mantener la actual. Ciertamente los nostálgicos de la dictadura, los republicanos, sectores de Chile Vamos que tempranamente votaron por el rechazo del proceso constituyente, grupos empresariales y algunos amarillos. La inmensa mayoría del país, con todos sus bemoles, no quiere la vieja constitución.
El proceso constituyente ha logrado importantes avances. Pocos cuestionan que el país debe avanzar hacia un estado social y democrático de derechos, que deje atrás el vilipendiado estado subsidiario, con nuevos derechos sociales garantizados, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la paridad de género, la descentralización y la protección del medio ambiente.
No son aquellos los temas que suscitan mayor controversia. Parecieran incontrarrestables. Cualquiera sea el resultado del plebiscito, el debate constitucional no parte de cero. Con todo, ciertamente la alternativa del rechazo proyecta incertidumbres respecto de la continuidad del proceso.
Las ventajas del apruebo
La propuesta de nueva constitución es un nuevo punto de partida. De aprobarse requerirá de precisiones, afinamientos e incluso correcciones, como lo ha reconocido la diversidad de partidos oficialistas en el documento suscrito el 11 de agosto. Representa un compromiso, del cual el presidente Boric es su garante, y debiera constituir un espacio de diálogo y búsqueda de acuerdos con aquellos sectores del rechazo que plantean legítimos reparos.
En definitiva, la opción de aprobar marca un sendero claro, seguro y democrático en donde todos los sectores podrán participar y decidir sobre nuestra futura institucionalidad. Le corresponderá al parlamento, en su amplia diversidad, la tarea de aprobar estas propuestas e implementar su tránsito. La rebaja del quorum para reformar la constitución, así como el fin de los quórums supra mayoritarios de las leyes orgánicas constitucionales, facilitan este camino.
El rechazo ciertamente proyecta una incertidumbre respecto de la continuidad del proceso constituyente. El presidente ha sido claro en señalar que, en esa alternativa, el país debiera iniciar un nuevo proceso, con convencionales íntegramente elegidos. Uno que podría tomar, al menos un año más, prolongando la incertidumbre institucional.
Un antes y un después
El resultado del plebiscito marcará un antes y un después para el conjunto del país. A la luz de sus resultados el gobierno deberá señalar un sendero para seguir avanzando en este proceso constituyente, asumiendo que la vida continúa, como enfatizara el senador Insulza, con un desafiante tránsito para implementar la nueva institucionalidad y posibilitar que la letra de una nueva constitución se haga carne en la vida cotidiana de las personas, como el derecho a una vivienda digna, salud y educación de calidad, un trabajo justamente remunerado y un verdadero sistema de protección social.
Ello obliga al gobierno a iniciar una nueva etapa en su gestión, dejando atrás su exigente proceso de instalación, marcado por más de algunos errores no forzados. Si, como se supone, ello implica ajustes ministeriales, el presidente lo deberá resolver con su facultad privativa. Lo verdaderamente relevante es concentrar las energías en asumir las principales prioridades que enfrenta el país- como la emergencia sanitaria, la reactivación económica, la seguridad ciudadana- e impulsar los cambios y transformaciones comprometidas en su programa de gobierno, que no se juegan con el resultado del plebiscito, sino que lo trascienden.
Por su parte, tanto los parlamentarios como los partidos políticos están desafiados a enfrentar la crisis de confianza y credibilidad que los afecta, por malas prácticas, extrema dispersión y un clima de polarización que los incumbe e involucra. No parece tarea fácil para el rumbo democrático del país reponer un clima de colaboración, diálogo y búsqueda de acuerdos, en un contexto económico internacional más que complejo para avanzar en la senda de los cambios y transformaciones que el país demanda.
Y tan importante como lo anterior, además de una nueva constitución el país requiere avanzar hacia un nuevo pacto social que comprometa a una gran mayoría en metas comunes para el interés superior del país. Entre ellas, las propias de una reforma tributaria, previsional y del sistema de salud. Además de continuar abordando en su integridad el sensible tema de la seguridad ciudadana y sus complejos bemoles.
