Eugenio Tironi llamaba a ser justos con el Presidente, reconociendo que asumió sus errores y enmendó el rumbo, privilegiando el bien del país sobre el amor propio. Pero aquello no es evidente, como dicen elegantemente los franceses cuando quieren contradecir rotundamente a sus interlocutores.
Piñera debió desprenderse de figuras emblemáticas de su equipo original, incluido el ex jefe de gabinete, Andrés Chadwick, acusado constitucionalmente por sus responsabilidades en gravísimas violaciones a derechos humanos y los más que desatinados e insensibles integrantes de su anterior equipo económico.
Es cierto que el gobierno, tras una prolongada resistencia, debió allanarse a un inédito acuerdo “por la paz y una nueva Constitución”, suscrito por un amplio arco de fuerzas políticas que va desde Chile Vamos hasta la mayoría de los partidos de oposición. También que luego de intensas negociaciones y forcejeos, el gobierno se ha allanado a elevar el salario mínimo a $ 301.000 pesos líquidos, incrementar las pensiones mínimas o solidarias de manera gradual para los mayores de 80 años y escalonada para los mayores de 74 y 65 años. Y que ha anunciado una nueva agenda social (claramente insuficiente) y aceptado, parcialmente, un rediseño del presupuesto del año próximo que incorpora algunas prioridades sociales, más que elementales en el contexto del desborde social que cumple 2 meses.
Ciertamente nada de lo señalado es suficiente para resolver la crisis social y política que hoy vive el país, ni abre un cauce institucional que se haga cargo de las principales demandas de la ciudadanía, consistentes con sus urgencias y evidente diversidad.
Ciertamente nada de lo señalado es suficiente para resolver la crisis social y política que hoy vive el país, ni abre un cauce institucional que se haga cargo de las principales demandas de la ciudadanía, consistentes con sus urgencias y evidente diversidad.
Es una movilización en contra de los abusos del mercado, hechos de corrupción que han involucrado a las principales instituciones del Estado y malas prácticas políticas. En ese contexto, no se puede leer sino como una extendida demanda por cambios sistémicos, profundos y radicales en su esencia.
Una inmensa mayoría social, movilizada de forma pacífica en multitudinarias manifestaciones ha expresado su crítica y rechazo a una institucionalidad ilegitima en sus orígenes y extremadamente limitada en sus contenidos, como a un modelo de desarrollo excluyente, que acentúa y profundiza las desigualdades. Es una movilización en contra de los abusos del mercado, hechos de corrupción que han involucrado a las principales instituciones del Estado y malas prácticas políticas. En ese contexto, no se puede leer sino como una extendida demanda por cambios sistémicos, profundos y radicales en su esencia.
Frente a estas demandas, el intento del gobierno para negociar a cuenta gotas, con la calculadora en mano, tratando de ceder lo menos posible para salvar lo máximo que pueda rescatar de una gestión abortada, resulta ser una apuesta de muy alto riesgo en estos tiempos de crisis. Y los tiempos le juegan en contra.
Frente a estas demandas, el intento del gobierno para negociar a cuenta gotas, con la calculadora en mano, tratando de ceder lo menos posible para salvar lo máximo que pueda rescatar de una gestión abortada, resulta ser una apuesta de muy alto riesgo en estos tiempos de crisis. Y los tiempos le juegan en contra.
Transcurridos dos meses del inicio de masivas movilizaciones, con su gravísimo costo en vidas humanas y el grave descalabro económico con inquietantes efectos sociales, el gobierno aún carece de un diseño para enfrentar la crisis estructural en su integridad. Su insistencia en una agenda de orden y seguridad, que busca atacar los síntomas antes que las causas de la crisis, es del todo inconducente. La propuesta oficial de agenda en contra de los abusos es claramente insuficiente para enfrentar múltiples y evidentes abusos acumulados en contra de la mayoría de la población, con origen en el sector financiero, ISAPRES, AFPs, grandes cadenas de farmacias, por mencionar algunos.
La propuesta oficial de agenda en contra de los abusos es claramente insuficiente para enfrentar múltiples y evidentes abusos acumulados en contra de la mayoría de la población, con origen en el sector financiero, ISAPRES, AFPs, grandes cadenas de farmacias, por mencionar algunos.
No es antojadizo hablar de la urgencia de un nuevo pacto político, económico y social, por más desafiante y complejo que parezca su sendero de construcción. Tiene que ver con la “hoja de ruta reformista”, a la que ha aludido el ministro Briones. Una agenda que enfrente el sensible tema de las desigualdades que aún marcan nuestro proceso de desarrollo, que reforme drásticamente el sistema previsional, introduciendo mayor competencia y solidaridad, asegurando un mínimo básico suficiente en las actuales y futuras pensiones, sin descartar la alternativa de un seguro de vejez.
Todo lo señalado exige de una nueva reforma tributaria (con mayores exigencias a la pequeña minoría que concentra la riqueza del país) que supere las expectativas originadas en los cambios aprobados durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet( que la actual administración se ha esmerado en revertir), que no tan sólo asegure el financiamiento de una robusta agenda social, con medidas de corto, mediano y largo plazo, eliminando injustas exenciones tributarias, incrementando significativamente los aportes de quienes explotan los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos.
Una nueva relación entre capital y trabajo que apunte a reponer equilibrios gravemente alterados a partir de 17 años de dictadura, entregando mayor centralidad y protagonismo a los trabajadores, eliminando las trabas estructurales a las demandas por sus derechos.
En este contexto crítico surge aquella perspectiva, fácilmente esgrimida pero trabada en sus senderos, para una política de desarrollo, sustentable, sostenible e inclusiva, que apunte a diversificar nuestra matriz productiva, incremente la inversión en ciencia y tecnología y sobre todo en capital humano.
En definitiva, superar el Estado subsidiario con uno social y democrático de derechos, que asuma la diversidad étnica del país, garantice el acceso a una educación y salud pública de calidad, el derecho a la vivienda digna, una activa política de inclusión y participación social, con igualdad de género y superación de la marginalidad a que está condenado un sector significativo de nuestra población.
En definitiva, superar el Estado subsidiario con uno social y democrático de derechos, que asuma la diversidad étnica del país, garantice el acceso a una educación y salud pública de calidad, el derecho a la vivienda digna, una activa política de inclusión y participación social, con igualdad de género y superación de la marginalidad a que está condenado un sector significativo de nuestra población.
Es más que evidente que lo señalado en todas estas reivindicaciones señaladas refieren a una transformación profunda del actual orden institucional y se contrapone con buena parte de los sectores que respaldan la actual administración y hacen propio el legado de la dictadura cívico militar. Pero es igualmente evidente que ese orden injusto está en el origen del estallido social que ha vivido el país y que debe ser urgentemente transformado.
A la hora de las definiciones surge la interrogante respecto del amplio consenso político, económico y social que requieren esas transformaciones esenciales. La interrogante está abierta, el paso del tiempo cuenta demasiado
A la hora de las definiciones surge la interrogante respecto del amplio consenso político, económico y social que requieren esas transformaciones esenciales. La interrogante está abierta, el paso del tiempo cuenta demasiado y nuevas opciones, como la propuesta de un Consejo Económico y Social podría abrir puertas a un diálogo aún insuficiente para las urgencias del país, donde el desafío constitucional surge como un primer hito esencial.
Se requiere de una clara voluntad política para impulsarlos. La misma que aún no se divisa desde la Moneda. Para ser claros, hoy Sebastián Piñera hace parte del problema antes de que la solución.
Chile cuenta con los recursos y potencialidades para asumir y viabilizar estas transformaciones urgentes. Se requiere de una clara voluntad política para impulsarlos. La misma que aún no se divisa desde la Moneda. Para ser claros, hoy Sebastián Piñera hace parte del problema antes de que la solución.
