La LUC, un paquete de cientos de artículos que incluyen normativas referidas a la salud, seguridad, educación, empresas públicas, entre otras cosas, fue aprobada en 2020 por parte de la coalición de Gobierno.
Esta normativa formó parte del acuerdo que alcanzaron los cinco partidos que se unieron para gobernar; el Partido Nacional (PN, centroderecha), el Partido Colorado (PC, centroderecha), Cabildo Abierto (CA, derecha), el Partido Independiente (PI, centroizquierda) y el Partido de la Gente (PG, derecha).
Una vez aprobado, las organizaciones sociales junto a la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, el Frente Amplio, decidieron comenzar la campaña para derogar 135 de los artículos de la LUC que, entienden, son perjudiciales para el país.
La organización «Yo Firmo» -integrada por colectivos políticos y sociales- anunció el jueves 8, recién pasado, que alcanzó las 763.443 adhesiones para llevar a referéndum la ley estrella del mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, cerca de 100.000 más que las exigidas.
Columna de Oscar A. Bottinelli
Que la oposición política y social uruguaya haya logrado convocar a la tercera parte del electorado nacional es una señal importante, que debe ser atendida. No solo demostró una capacidad movilizatoria significativa de organizaciones sociales y políticas, sino que encontró un terreno fértil para traducirla en captación de firmas. Hay pues espacios de malestar en la sociedad lo suficientemente importantes para que se traduzcan en actos, para que provoquen el paso del pensamiento a la acción.
La Izquierda pasa a la ofensiva y el oficialismo queda a la defensiva
En la tarde del jueves 8 de julio, la Comisión Pro Referendum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentó ante la Corte Electoral –según lo declarado- casi 800 mil firmas (797.261) Cabe dimensionar estas cifras, que luego de la depuración podrán sufrir alguna merma razonablemente no mayor al 5%, lo que dejaría el número neto en un piso de 750 mil. Cualquiera de las dos magnitudes significa un volumen de entre 50 y 100 mil personas más que el total de votantes del Partido Nacional en las pasadas elecciones nacionales. Representa la tercera parte del total del electorado residente en el país (cuyo universo es de 2:400.000 personas) y un 35% del total de votantes en las pasadas elecciones departamentales y municipales del 27 de setiembre de 2020.
Es un hecho de enorme significación política, con múltiples efectos, todos ellos favorables a la oposición y a los movimientos sociales de izquierda, y desfavorables para el oficialismo y en particular para el elenco presidencial. Todo indica que el referendum se realizará con las mayores probabilidades en el mes de marzo, o en abril.
Los efectos políticos más relevantes son:
Uno. La Izquierda retoma la iniciativa que perdiera hace 20 meses, en la noche de las Elecciones Nacionales, el 27 de octubre de 2019. El actual oficialismo, a su vez, pierde su propia iniciativa que obtuvo un mes después, en la noche del balotaje, el 24 de noviembre de ese mismo 2019.
Dos. La Izquierda pasa por primera vez a la ofensiva y el oficialismo, en particular el elenco presidencial y el partido del presidente, quedan a la defensiva. Se produce una inversión en el juego.
Tres. En marzo o en abril habrá un acto electoral con las características de “elección de medio periodo”. Será pues uno de aquéllos en que se opta en forma dicotómica en favor o en contra del gobierno, más allá y a veces con independencia del contenido votacional concreto. En términos menos técnicos, el país vivirá un plebiscito sobre el gobierno y más concretamente sobre el presidente de la República. En estas instancias uno gana y el otro pierde, y no hay empate.
Cuatro. Se destruye el sueño dominante en el oficialismo, y en particular en las esferas presidenciales, de que la Izquierda, el Frente Amplio y los movimientos sociales se encontraban en estado de liquidación.
Cinco. Obliga a la mayoría parlamentaria a una mayor cautela en la aprobación de textos legislativos, pues ahora la amenaza de un recurso de referendum ya no es una balandronada, sino una amenaza real, concretable. En el plano parlamentario se equilibran las fuerzas, porque frente a la ventaja numérica de la mayoría en bancas, se alza un oponente en condiciones de apelar a la ciudadanía y poner un freno.
Seis. Lleva a la necesidad de prudencia en las decisiones estrictamente gubernativas, en lo que implica decretos, resoluciones y firmas del Poder Ejecutivo, pues por ejemplo decretar dos aumentos consecutivos de los combustibles en tres semanas provoca efectos políticos y reacciones de la sociedad. Ya no le es tan fácil a la mayoría parlamentaria implementar normas que debilitasen al Banco de la República, Ancap o Antel. Aparecen proyectos en discusión sensibles, como la Ley de Medios, con altas probabilidades de ser llevada a referendum de no haber un amplio consenso basado en un entendimiento oficialismo-oposición.
Siete. Dificulta el juego de los socios menores de la Coalición Multicolor, pues se enfrentan a un escenario necesaria e ineludiblemente binario. No es la arena más cómoda ni para el Partido Colorado ni para Cabildo Abierto.
Octavo. El Frente Amplio tiene el enorme desafío de no debilitar su éxito y la necesidad de corregir rápidamente sus falencias. Está exigido de construir una verdadera conducción política y definir de manera clara e inequívoca una estrategia.
Que la oposición política y social haya logrado convocar a la tercera parte del electorado nacional es una señal importante, que debe ser atendida. No solo demostró una capacidad movilizatoria significativa de organizaciones sociales y políticas, sino que encontró un terreno fértil para traducirla en captación de firmas (o más exactamente, de impresiones digitales). Hay pues espacios de malestar en la sociedad lo suficientemente importantes para que se traduzcan en actos, para que provoquen el paso del pensamiento a la acción.
Es probable que desde la Torre Ejecutiva, es decir desde la Presidencia de la República, se haya sobrevalorado algunos indicadores de opinión pública y se haya subvalorado otros, o directamente no se les haya prestado atención. Porque hay muchos matices a la hora de interpretar a la sociedad, es decir, de leer la expresión de esa sociedad en tanto opinión pública. De un lado hay un presidente que en tanto tal tiene un nivel interesante de aprobación, más elevado o menos elevado según la metodología empleada, pero siempre positivo. Y también una valoración positiva de la actuación del presidente y del gobierno en el tema salud (Coronavirus) y seguridad pública.
Pero desde hace doce meses se registran evaluaciones negativas del desempeño del presidente y del gobierno en materia de empleo, ingreso de los hogares, pobreza y aumento de precios de los productos de mayor consumo familiar. Y en los últimos tiempos estos temas vienen concitando la mayor preocupación de la sociedad.
Es interesante observar cómo desde personas vinculadas al oficialismo presidencial se ha evidenciado enojo público contra todo indicador de opinión pública o todo análisis que no coincidiese con el imaginario pre – existente o la realidad deseada. No se los vio como fueron: una advertencia, una señalización de riesgos.
La sorpresa habida con el resultado, pero mucho más aun la aparición de actos de negación de la realidad y la esperanza de un vuelco mágico en la verificación de las firmas, habla de la lectura unidimensional de esa realidad.
