A. La realidad de la crisis sanitaria y económica-social
El Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud de hoy, 5 de julio, indica que el número total de contagios por COVID19 superó las 330 mil personas y que 7.200 personas han fallecido. Si se agregan los fallecidos sin confirmación por PCR, las muertes superan los 10 mil. El número de nuevos contagios es aún muy elevado y, por ello, no se puede anticipar el término de la crisis sanitaria. Las medidas de confinamiento deben mantenerse por un tiempo aún indeterminado y las decisiones deben basarse en un diálogo no sólo con expertos sino con los municipios y la sociedad civil.
Al mismo tiempo, puede concluirse que al menos 2 millones de personas han dejado de trabajar o de buscar empleo, llevando la cifra de desocupación porsobre 20%, lo que refleja la brusca caída de -15,3% en el IMACEC de mayo. Esto evidencia que estamos frente a la crisis económica más profunda en varios decenios.
Los efectos agregados del confinamiento, la paralización de empresas y la pérdida de empleos e ingresos ya afectan severamente a la gran mayoría de la población. Los datos económicos y de empleo de junio serán aún peores. El gobierno no ha entendido que los US$ 12 mil millones deben concentrarse en esta fase de emergencia para apoyar a las familias y los trabajadores. Sus medidas son insuficientes y han llegado con retraso. El apoyo a las pequeñas empresas no tiene la cobertura y volúmenes requeridos. Las medidas de alivio para deudores y contribuyentes concluirán a fines de junio, pero la recesión se extenderá por más
tiempo. Y las medidas anunciadas el domingo 5 de julio, no son del alcance necesario. Por tanto, es urgente que el gobierno no demore más en reaccionar con medidas adicionales de mayor cobertura y profundidad a
las ya implementadas.
B. Lo que ha propuesto este Foro.
Como Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible hemos señalado, desde el mes de marzo y en ocho ocasiones anteriores, que el Estado debe realizar un esfuerzo excepcional en favor de las familias para facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias, paso inevitable para superar la crisis y abordar la posterior reactivación de la economía. Sostenemos que todas las familias deben contar con una Renta Básica de Emergencia equivalente a la línea de la pobreza, definida por el Ministerio de Desarrollo Social.
Como es de conocimiento público, tras mucha presión social y política, el Gobierno accedió a convenir un Marco de Entendimiento para incrementar el apoyo a las familias. Pero lo hizo en un rango inferior a la línea de pobreza, y con un compromiso de incremento de recursos, el Fondo Covid-19, por solo US$12 mil millones a ser ejecutados en dos años. Decisiones positivas, pero claramente insuficientes.
El gobierno ha planteado que el compromiso de gasto adicional en este año, cuando es más necesario, sería sólo de US$3.500 millones. Ello no es lo que se concordó en el Marco citado, ya que allí se indica que el esfuerzo fiscal adicional de este año no debe ser inferior a los US$ 3.500 millones. Es decir, esta cifra es el piso del entendimiento y no el techo. Al actuar así, sea por mezquindad, incompetencia o inconsciencia, no ha mostrado disposición para atender la urgencia en las magnitudes y cobertura necesarias, dejando fuera de todo apoyo a muchas familias que lo necesitan y que están empobreciéndose, a causa de la magnitud de la crisis.
C. El apoyo que necesitan hoy las familias
En esta perspectiva de inacción gubernamental, y en consideración a la situación de emergencia en que viven
las familias, han surgido iniciativas que, para asegurar la subsistencia de las familias y evitar el cierre de
empresas con su consecuente pérdida de empleos, sugieren el uso de recursos de ahorro individual de los
trabajadores. Ante ello, el Foro reitera que:
- El IFE debe transformarse en una Renta Básica Universal de carácter transitorio para todas las familias chilenas, financiada por el Estado haciendo uso del Fondo Covid-19, en particular, ampliándolo a las familias de clase media. Esto es mucho más eficaz que otorgarle créditos a la clase media.
- Dado el endeudamiento generalizado de las familias, valoramos lo anunciado hoy, pero insistimos que el alivio debe extenderse a las demás cuotas de créditos, considerando que hay muchas familias no tienen deudas con bancos sino con el retail y los supermercados.
- Consideramos que el Fondo Solidario y el Estado deben ser quienes financien los egresos establecidos por la Ley de Protección al Empleo. El Fondo Solidario tiene US$ 4 mil millones empozados y el Estado ha
comprometido US$ 2 mil millones adicionales. La profundidad de la recesión requiere que estos recursos se utilicen para ampliar la cobertura a quienes tengan cotizaciones en el Fondo y tengan un empleo informal. - La respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos debe ir desde las soluciones de mayor cobertura y progresividad, a las de menor alcance potencialmente más regresivas. En este marco, de mantenerse la inacción del gobierno frente a la emergencia, el acceso de los trabajadores a sus fondos de ahorro previsional puede ser un importante apoyo para enfrentar la crisis. Ello justifica que, de manera excepcional, se pueda hacer uso dichos recursos. En este caso, se debe fijar límites a los retiros y si hay compensaciones estas no pueden ser regresivas y deben beneficiar solamente a los trabajadores de menores recursos, considerando criterios de discriminación positiva para las mujeres y condiciones realistas de la evolución del mercado laboral.
D. Las nuevas medidas de apoyo a sectores medios
El gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas destinadas a proteger a sectores medios del empobrecimiento y pérdida de activos. El presidente lo hace llamando a la unidad del país, pero en una actitud sectaria, atribuye el origen de estas medidas a las inquietudes planteadas por los partidos oficialistas. Desconoce así centenares de peticiones emanadas desde los alcaldes y organizaciones sociales, desde el Colegio Médico, desde los partidos de oposición y desde este Foro. En todas ellas -desde el mes de marzo- se alertó al gobierno sobre la urgencia de acudir en apoyo de la gran mayoría de familias de ingresos bajos y medios que estaban perdiendo sus empleos o viendo reducir drásticamente sus ingresos.
Las medidas anunciadas nuevamente llegan tarde, a cuentagotas, con insuficiente cobertura y con letra chica. Incluyen créditos a baja tasa de interés; postergación de dividendos hipotecarios por 6 meses, pero que
incluyen los tres meses ya postergados por los bancos; ampliación del subsidio de arriendo por tres meses (con límite de 400 mil pesos) y nuevos créditos para estudiantes de educación superior. Salvo el subsidio de arriendo, que se amplía a 50 mil nuevos beneficiarios, las demás medidas agregan nuevas deudas a las ya endeudadas familias chilenas, en tanto la postergación de dividendos hipotecarios sólo será aplicable a quienes no tengan morosidad superior a 29 días.
Lamentablemente el gobierno se resiste a los apoyos directos y persiste en el camino de los créditos. Esto es poco sensato, pues la recesión sólo irá agravando la situación de millones de familias, haciendo inviable el
pago de estas obligaciones adicionales.
El gobierno insiste en suponer una rápida recuperación de la normalidad económica y ocupacional para los próximos meses, pero no entiende que a lo menos tomará un par de años recuperar los empleos perdidos y hacer que retornen a la fuerza de trabajo los trabajadores que desistieron de buscar empleo.
Como hemos señalado insistentemente, el país necesita y puede financiar un programa de ayuda más ambicioso. Sin embargo, la política del gobierno es insensible en lo social, es políticamente miope y sectaria, e inconsistente desde la perspectiva macroeconómica. Ampliar el IFE o impulsar medidas alternativas de apoyo a las familias requiere un cambio en la actitud del gobierno. La emergencia requiere de acciones y políticas públicas excepcionales.
