La inflación ha venido convergiendo, con las usuales fluctuaciones coyunturales, hacia la meta de 3% desde hace meses. En el segundo trimestre de 2025, el IPC sin volátiles alcanzó un promedio de 0,27% mensual, mientras la cifra para situarse en la meta es de 0,25%. Sin embargo, el Banco Central acaba de bajar en solo 0,25% la tasa de interés de política monetaria, luego de que permaneciera injustificadamente en 5% desde diciembre pasado. Se mantiene por sobre la definición de tasa neutral (que no acelera ni disminuye la actividad) de la propia autoridad monetaria. La consecuencia, aunque intervienen diversos otros factores, ha sido un estancamiento del empleo, que pasó de crecer en 1% en el primer trimestre de 2025, respecto al anterior en términos desestacionalizados, a caer en -0,3% en el segundo. Esta es una mala noticia.
El enfoque basado en la ortodoxia neoclásica explica el desempleo solo por las regulaciones de contratación/despido y todo lo que pudiera encarecer el costo de contratar, sin considerar que lo que es válido para una empresa individual no lo es para la economía en su conjunto. Bajar salarios (precios) para aumentar la demanda de trabajo por los empleadores (cantidades) es la aplicación mecánica de las reglas de ajuste de oferta y demanda en equilibrio parcial, que desde Keynes (y antes) se ha demostrado se traducen en desequilibrios de subempleo por insuficiencia de la demanda efectiva. Las caídas en el consumo o la inversión provocan un menor dinamismo de la producción y, por tanto, menor creación o reducción del empleo. La secuencia es que si las empresas no prevén ventas suficientes, reducirán su producción y despedirán trabajadores. Al disminuir por este efecto el ingreso agregado de los hogares, la demanda caerá aún más, generando espirales recesivas que se autoalimentan y prolongan en el tiempo.
Se requiere, en tal caso, de estímulos fiscales o monetarios que modulen la demanda, como ocurrió durante la pandemia, pero en proporciones que no provoquen inflación. En el caso de Chile en 2021 y 2022, la inflación tuvo un origen básicamente externo, pues aumentaron fuertemente los precios de combustibles y alimentos a escala internacional, mientras el exceso de demanda provocado por los retiros de fondos de pensiones fue transitorio, pues fueron por una vez y su efecto se fue extinguiendo, así como fue desapareciendo una parte del déficit fiscal adicional vinculado a la emergencia. No obstante, en vez de programar un aterrizaje suave a medida que bajaba la inflación externa, se optó en Chile por un brusco sobreajuste fiscal en 2022 programado por el gobierno saliente y no corregido por el entrante, y una política monetaria ultra-restrictiva por las nuevas autoridades conservadoras del Banco Central en 2022 y 2023, la que, por lo demás, aún no se normaliza.
Por su parte, el salario mínimo puede generar cierto desempleo bajo condiciones de exceso de oferta y mercados muy competitivos, pero la evidencia empírica y los modelos analíticos más recientes muestran que, con un diseño adecuado, sus efectos sobre el empleo pueden ser mínimos o incluso positivos. Los aumentos recientes del salario mínimo no son lo que ha afectado primordialmente la creación de empleo, sino la persistencia de la lógica de sobreajuste, especialmente en la política monetaria.
El enfoque neoclásico sostiene que si el salario mínimo se fija por encima del «salario de equilibrio» en un mercado competitivo, la cantidad de trabajo ofrecida supera la demandada, generando desempleo, bajo los supuestos de mercados perfectamente competitivos sin fricciones, trabajadores intercambiables, y empresas tomadoras de precio. Un trabajo pionero del premio Nobel David Card, en un estudio de 1994, logró comparar los efectos de las evoluciones diferenciadas de salarios mínimos entre los estados de Nueva Jersey y Pensilvania en Estados Unidos y concluyó que un alza del salario mínimo no redujo empleos. Otros autores sucesivos, con distintos métodos, hallaron impactos modestamente negativos sobre empleo juvenil y en pequeños comercios, mientras las revisiones de múltiples estudios concluyen que el efecto sobre el empleo es generalmente pequeño y con frecuencia estadísticamente no distinto de cero.
Desde el punto de vista analítico, se ha puesto el énfasis en los efectos del poder de mercado. Las empresas con poder de monopsonio pueden fijar salarios por debajo del aporte del trabajador a la producción. En este caso, un salario mínimo puede aumentar el empleo al obligar a pagar un salario más cercano al valor que generan los trabajadores. Un salario mínimo del orden del 40–50 % de la mediana tendría, en todo caso, menos efectos adversos que un nivel cercano o superior al salario mediano. A su vez, los sectores con fuerza de trabajo poco sustituible resienten menos los aumentos que los de baja calificación fácilmente sustituible. En una economía en crecimiento y con bajo desempleo, el impacto negativo se atenúa, mientras un salario mínimo que varía con la productividad, complementado con políticas activas de empleo (formación, incentivos a las pequeñas empresas) ayuda a mitigar los eventuales efectos negativos.
Para avanzar socialmente, el estancamiento económico -que se prolonga desde hace más de una década- debe quedar atrás. Ni los sobreajustes fiscales y monetarios ni la privatización y la desregulación generalizada, las únicas recetas conocidas de los economistas conservadores, son la respuesta. El crecimiento promedio en la etapa neoliberal extrema fue menor que en las etapas de regulaciones e impuestos más altos. La economía debe crecer con equidad de manera sostenible para estar al servicio de la mayoría social, crear empleos decentes y permitir la redistribución de los ingresos y la riqueza altamente concentrados que la caracterizan, junto a preservar los ecosistemas. La economía debe definirse hacia el futuro como una que prioriza invertir en innovación y capacidad de crear empleos con derechos y mejor remunerados, para lo que se debe acelerar la inversión pública y privada y la transición energética, respecto de la cual el país tiene ventajas únicas, en el marco de la contención de la inflación y del endeudamiento fiscal junto a la diversificación de la inserción de Chile en los mercados externos con mayor valor agregado. Estos procesos solo pueden sostenerse mediante flujos de demanda externa e interna suficientes. Por el lado de las exportaciones, se debe cautelar el acceso a mercados en la nueva ola proteccionista y suponen una política industrial orientada a especializaciones que conecten con las cadenas más dinámicas de la economía mundial. Por el lado de los flujos domésticos en el corto plazo, deben promover la estabilidad sostenible del consumo y su aumento entre las familias de menos ingresos, además del esfuerzo de aceleración de la inversión y fortalecimiento del ahorro.
Reencaminarse hacia una senda de mayor crecimiento requiere una agenda compartida por los actores económicos y sociales. Lo primero es lo primero: sin imperio de la ley no hay vida en común civilizada. Los síntomas de penetración del crimen organizado en órganos del Estado (con la liberación espuria de un sicario y descubrimientos de redes de narcotráfico en el Ejército y la Fuerza Aérea como hechos más recientes) se combinan con las dificultades de control de transacciones que se sitúan fuera de la ley. Esto requiere no de campañas mediáticas de difusión del miedo para intentar validar regresiones autoritarias, sino de reforzamientos y adaptaciones en los organismos de orden y seguridad del Estado y en los de persecución penal. Al mismo tiempo, se requiere que las policías interactúen más directamente con las comunidades que sufren de la delincuencia, teniendo siempre a la vista la acción multinivel de los órganos del Estado y de la sociedad respecto a sus causas. Esto supone, en particular, abordar con fuerza programas de inserción de los jóvenes que no estudian ni trabajan y una mayor protección de la infancia.
Una nueva agenda compartida de crecimiento debe combinar el empuje prioritario de la inversión, el impulso de nuevas dinámicas exportadoras de mayor contenido tecnológico y el avance del poder adquisitivo de los salarios en base a las ganancias de productividad y a relaciones del trabajo más equitativas. Su soporte debe ser una asignación mixta de recursos, con un núcleo de suministro gubernamental más consistente de bienes públicos, regulaciones más eficaces en el ámbito laboral, monetario, financiero y ambiental, y un mejor funcionamiento descentralizado de mercados no monopólicos en la producción de bienes. Y también debe ser mixta la conformación y operación de unidades productivas por su tamaño (grandes, medianas y pequeñas), su orientación de mercado (exportadoras y locales) y su tipo de propiedad (estatales, privadas, mixtas, sociales, cooperativas y familiares). Cada una de estas modalidades cumple con finalidades valiosas para la sociedad.
En el corto plazo, en la perspectiva de la creación de empleo decente se inscriben temas como avanzar más rápido en la reactivación de la construcción y el apoyo a las pequeñas empresas; ampliar las políticas de empleo que aumenten los subsidios a mujeres y jóvenes; seguir fortaleciendo tanto el salario mínimo como el ingreso básico (que incluye salarios, asignaciones familiares y el bolsillo electrónico de devolución del IVA de bienes básicos a las familias de menos ingresos); ampliar de manera flexible la negociación colectiva supra-empresa; extender el seguro de cesantía; orientar la adopción de nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial hacia el soporte del trabajo calificado y no hacia su desplazamiento.
Entre las tareas sociales, destaca asegurar el reforzamiento de las pensiones más bajas, como prevé la reforma de pensiones, y ampliar su monto y cobertura según las condiciones económicas lo vayan permitiendo; disminuir de manera consistente las listas de espera hospitalarias; mejorar el acceso general a las atenciones de salud con un seguro unificado y una mayor coordinación de los prestadores y especialidades; ampliar los programas de cuidado; mejorar el acceso a la primera vivienda y a arriendos asequibles; mejorar la regulación de las tarifas de transporte y servicios básicos para impedir las sobre-utilidades de los operadores privados; aumentar la protección del consumidor y racionalizar la reajustabilidad por inflación, pero protegiendo la inversión; avanzar hacia una mayor cobertura de la educación preescolar, junto a pasos continuos de mejoramiento de la educación escolar de mayor calidad, con mayor participación de las regiones en su coordinación, y a sostener una educación superior de mayor pertinencia y vínculo con los desafíos productivos y de desarrollo humano y territorial.
Estas tareas deberán ponerse en práctica de manera necesariamente progresiva, pues las finanzas públicas requieren ser estabilizadas. Una consolidación fiscal que no lastre el crecimiento dependerá de ahorros en el gasto público no prioritario y de fortalecer la recaudación tributaria en proporción al PIB, acercándose a la media OCDE, especialmente la de los altos patrimonios, a los que no se debe renunciar, y atacar con mayor energía la evasión y la elusión. Tampoco se debe renunciar a que las regalías mineras deben captar proporciones mayores de la renta que pertenece a todos los chilenos, más aún en la perspectiva de un ciclo de alza del precio del cobre, y orientarse preferentemente hacia la investigación y desarrollo tecnológico y el estímulo de la innovación productiva. Se debe hacer más justo tanto el impuesto a la renta como el impuesto territorial y reforzar las importantes ventajas para las pequeñas empresas que propone el nuevo proyecto tributario del gobierno, así como hacer permanente la devolución del IVA a las familias de menos ingresos a través del mecanismo del “bolsillo electrónico”.
La prioridad hacia el crecimiento y la inversión no es contradictoria con nuevos avances sociales, en la perspectiva de seguir avanzando a un Estado democrático y social de derecho reformado y profesionalizado, a ritmos compatibles con el estado actual de la economía y considerando el difícil contexto internacional.
