El discurso económico del nuevo gobierno insiste en describir una crisis económica de proporciones, lo que daría el espacio para medidas drásticas de ajuste en el gasto fiscal y, de acuerdo al ideario conservador, de esa forma, recuperar el crecimiento, lo cual inevitablemente exigiría desregular la economía, achicar el Estado y reducir los impuestos a la gran empresa.
La segunda autoridad del país, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acaba de sumarse al coro catastrofista que insiste en que “el país se cae a pedazos”. No se trata de postular que estemos creciendo a tasas asiáticas ni que tengamos una situación social nórdica. Lejos de eso. Pero de allí a ignorar las cifras y a insistir en un discurso sin vínculo con la realidad hay una diferencia sideral y es bien lamentable que este sea el debut de la presidenta del Senado.
Este análisis considera hasta la última semana de febrero, justo antes que Trump y Netanyahu bombardearan Irán, desencadenando la actual crisis energética. (este artículo se redactó antes de esta crisis, de modo que, al final, incorporaré sólo una breve mención a ella). Por ende, el foco el artículo es indagar en el estado de la economía que entregó a Kast el gobierno saliente, hasta antes del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel.
El presidente Kast hereda una economía creciendo levemente por encima de su tendencia, con inflación bajo 3%. Tras una década de virtual estancamiento, se recuperan la inversión, las exportaciones en volumen y la productividad. Las cuentas externas están ordenadas. Chile mantiene la mejor calificación crediticia en la región; el riesgo-país está en su menor nivel de los últimos 18 años y se detuvo el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB, relación que está 15 puntos debajo del promedio de países con similar clasificación de riesgo. Los salarios reales cumplen 34 meses consecutivos de incremento y durante 2022-2025 aumentó la tasa de participación y de ocupación laboral, se generaron 705.000 empleos, con una reducción gradual y persistente en la tasa de informalidad del empleo. 600 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024 y, pese a que persiste una marcada desigualdad distributiva, ésta se redujo entre 2022 y 2024. En el pasivo, persiste una alta tasa de desempleo, el déficit fiscal en 2025 fue superior al previsto y la productividad estuvo estancada durante 2022 y 2023.
La economía chilena está muy lejos de cualquier señal de “emergencia”. El gobierno del presidente Boric sí recibió una economía al borde de la crisis, con inflación de dos dígitos, un déficit fiscal efectivo de 7,7% del PIB (11,4% estructural) y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 10% del PIB. Con las decisivas medidas económicas iniciales se evitó la crisis, se restablecieron gradualmente los equilibrios macroeconómicos y se redujo la pobreza, pese al período más largo de estancamiento del crédito bancario desde los 80´s y de altas tasas de interés de política monetaria durante los cuatro años del gobierno saliente, que afectaron severamente la construcción y el empleo y retardaron la recuperación económica.
Favorables perspectivas de crecimiento. Hasta el 27 de febrero, el nuevo gobierno heredaba una economía creciendo cerca del 3% en el PIB no minero desde mediados de 2025. Para 2026 se esperaba un crecimiento levemente bajo el 3% gracias al dinamismo en la inversión, tanto doméstica como extranjera, el aumento de las exportaciones, la mejoría en la productividad y en los términos de intercambio. Una guerra prolongada en Medio Oriente podría variar este escenario.
Hasta antes de las locuras Trump-Netanyahu, las organizaciones empresariales proyectaban para 2026 crecimientos entre 3 y 5% para la agricultura, construcción, industria, comercio y turismo, sectores altamente intensivos en empleo. El crecimiento del PIB global dependerá de la recuperación de la minería, cuyos volúmenes de producción en años recientes prácticamente no han variado.
Vuelven a crecer la productividad, la inversión y las exportaciones reales. Mientras las exportaciones reales (en volumen) en promedio crecieron menos de 1% anual (0,7%) entre 2013 y 2024, en 2024 crecieron un 6,6% real y se estima que lo hicieron en 5% en 2025. La inversión, que durante más de una década creció menos de 1% anual, el BC estima que creció 7% en 2025. La productividad, en tanto, tras una década de estancamiento logró crecer en 2024 y 2025.
Se recuperan la inversión externa y doméstica. La inversión despegó hace más de un año. Los planes de inversión empezaron a cambiar en 2023, según los catastros de la Corporación de Bienes de Capital. El catastro del cuarto trimestre de la CBC proyecta para el quinquenio 2025-2029 una inversión de US$83.542 millones, en cuanto la privada llegaría a US$66.306 millones, marcando un récord para 2025. La cartera de proyectos de inversión extranjera superó los US$ 65 mil millones en 2025, con un incremento de 24% respecto de 2024. Se trata de un incremento de 132% respecto del cierre de 2022, encabezado por los rubros de energía, minería, infraestructura y servicios globales y tecnológicos. Desde fines de 2024, la inversión ejecutada trimestralmente se mantiene por encima del promedio de los últimos 5 años.
Sobre los permisos de inversión. La ley marco sobre permisos sectoriales es un gran avance. El nuevo gobierno redactará los reglamentos respectivos. El gobierno saliente envió proyectos de ley que permitirán avances importantes en permisos ambientales, concesiones marítimas y sitios arqueológicos, los que no han sido tramitados por el Congreso.
Simplificar y agilizar permisos no es lo mismo que desregular. Desregular significa eliminar estándares regulatorios en temas ambientales, urbanos o sociales. La desregulación en el uso de los suelos podría fomentar la construcción de ghettos, como ha ocurrido en algunos lugares de Santiago, o de viviendas colindantes con ríos o plantaciones forestales, sembrando las semillas de futuras catástrofes.
La restricción de una deuda pública que no supere el 45% del PIB no responde a ninguna justificación empírica ni teórica. Por de pronto, en 2021, el Plan de Gobierno 2022-2025 que presentó J. A. Kast indicaba en su página 15 “… un compromiso con una política fiscal responsable que permita una convergencia de un nivel de deuda pública inferior a 50% del PIB en el mediano plazo”. No se desprende de ello que cualquier nivel de deuda dé lo mismo. El equilibrio está en evaluar el nivel de deuda que la economía puede aceptar, compatible con la estabilidad macroeconómica y los desafíos económicos y sociales actuales y previsibles en la próxima década.
Evitar que las finanzas públicas desestabilicen la economía. El gobierno entrante ya ha instruido un recorte de 3% para todos los ministerios e instituciones presupuestarias. Esto significa un recorte cercano a un punto porcentual del PIB, dando inicio a los recortes de gasto cercano a 2 puntos del PIB anunciados durante la campaña presidencial. Insistir en esta vía sin distinguir entre los tipos de gasto (corriente versus inversión) y las necesidades de la población (salud y protección social entre otros) en plazos cortos podría generar presiones recesivas que frenen el actual ciclo de recuperación. Más aún, las rebajas tributarias y los nuevos gastos que se esbozaron en la campaña presidencial podrían aumentar la deuda pública. Hablamos de: i) rebaja inicial del impuesto de primera categoría a grandes y medianas empresas del 27 al 23%; ii) reintegración del sistema tributario; iii) eliminación del impuesto a ganancias en acciones de transacciones menos frecuentes; iv) fin a las contribuciones a la primera vivienda; y v) el Chao Préstamo.
La Curva de Laffer no tiene respaldo académico ni empírico. No existe evidencia alguna que respalde la idea que reducir el impuesto a las grandes empresas redunde en mayores niveles de inversión que, vía mayor crecimiento, se compense la pérdida de recaudación tributaria. Según el FMI, la abrumadora evidencia al respecto muestra un impacto marginal en la inversión y un marcado deterioro en las cuentas públicas.
La experiencia tributaria contemporánea indica que todas aquellas experiencias que han buscado rebajar impuestos y mantener el equilibrio fiscal con reducción de gastos y mayor incremento en recursos tributarios provenientes de mayor inversión y crecimiento han terminado en un incremento en el déficit fiscal, en la deuda pública y en la concentración de ingresos. Ese fue el resultado con Reagan, con Bush hijo, con Trump-1 y con los conservadores británicos.
No hay presión sobre inversión privada. Si el gasto fiscal fuese excesivo o se transformase en un impedimento para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, ello debiera reflejarse en incrementos en inflación, tasas de interés o riesgo país. Sin embargo, todos estos valores van a la baja. No hay “crowding out” que desplace a la inversión privada.
En marzo 2025, el último Ranking de Libertad Económica de la Heritage Foundation, entidad ultraconservadora y bastante cercana a Trump, ubicó a la economía chilena en el lugar 18 entre 176 economías, siendo superada en las Américas sólo por Canadá y superando a Estados Unidos. Lo relevante es que en ese indicador una de las variables claves que se examina es el tamaño de la carga fiscal, del gasto público y la sostenibilidad fiscal.
El Consejo Fiscal Autónomo no habla de “crisis fiscal”. Elige hablar de “estrés fiscal” La tendencia del crecimiento de la deuda pública desde 2013 es preocupante y debe corregirse. Sin mayores ingresos, es clave limitar el incremento del gasto y optimizar su uso. Errores importantes en la estimación de ingresos dificultan la gestión financiera. Llevamos más de una década en que el uso del FEES, operaciones bajo la línea, deudas flotantes o el uso de utilidades de Codelco y reservas de Corfo ayudan al cierre fiscal.
Hay margen para reducir el gasto, pero es reducido. El gasto puede ser racionalizado y reducido, como indicó la Comisión especial que creó la DIPRES a mediados del 2025. Los márgenes técnicos y legislativos para ello, sin embargo, son limitados y toman varios años.
El ajuste fiscal también debe preocuparse de los ingresos. En materia de recomposición y/o reducción de gasto, el desafío apunta a mayor eficiencia y ajustes viables que no compliquen ni el crecimiento ni los programas sociales. Sobre los ingresos, es clave reducir severamente la evasión y la elusión y algunas exenciones y concordar en nuevas fuentes de ingresos estructurales, siendo aquí los impuestos los más relevantes. Se requiere un amplio acuerdo para dotar de sostenibilidad de mediano plazo a las cuentas fiscales, en armonía con los desafíos en la provisión de servicios sociales y demográficos y las necesidades de infraestructura, innovación, cambio climático y protección del medio ambiente.
El debate en torno al déficit fiscal y al saldo de caja hay que ubicarlo en un contexto más amplio de evaluación de las cuentas fiscales. Los errores continuos en la proyección de los ingresos tributarios deben ser corregidos; la administración debería contar con más instrumentos legales para poder ajustar el gasto a lo largo del ciclo, sin depender en demasía de las decisiones legislativas. La situación fiscal está lejos de constituir una emergencia y puede ser corregida sin necesidad de recortes abruptos de gasto. Recortes de este tipo podrían afectar el crecimiento y el propio saldo fiscal, elevando el déficit y la deuda pública. Cualquiera sea el indicador internacional elegido (nivel del gasto público sobre PIB; déficit fiscal; presión tributaria; empleo público; deuda pública sobre PIB), la conclusión es unívoca: Chile no sólo se encuentra entre los mejores resultados en la región sino también entre todas las economías OCDE. Esta condición hay que cuidarla.
Corregir el déficit fiscal obliga a examinar tendencias de ingresos y gastos y a evaluarlos y proyectarlos con una mirada de mediano plazo que incluya los desafíos sociales (pobreza, vivienda, salud), económicos (infraestructura, innovación), demográficos (envejecimiento, PGU), ambientales y de abordaje de los desafíos que nos plantea el cambio climático. Una solución de mediano plazo para la sustentabilidad de las cuentas fiscales requiere un acuerdo transversal de mediano plazo. De otra forma, el escenario irá variando desde experiencias progresistas que no consiguen financiar sus propuestas a opciones más conservadoras que pueden reducir el déficit a costa de sacrificar objetivos económicos, sociales y ambientales, más allá de “los tres arbolitos” con que el actual ministro de Economía festina el tema.
Ejes fiscales claves: a modo de síntesis.
- la expansión fiscal de 2021 fue excesiva, innecesaria y condujo a severos desequilibrios que no se evaporaban en un año;
- la deuda pública como % del PIB ha crecido en todos los últimos 4 gobiernos;
- sigue siendo baja, comparada con cualquier otro país en el mundo;
- su tendencia al alza sí es preocupante y debe ser corregida;
- ninguno de los últimos 4 gobiernos le ha dejado holguras al siguiente;
- la economía chilena no está en condiciones de reducir su carga tributaria y, por ende, cualquier eventual rebaja a la tasa corporativa debe ser compensada con incremento en otro tipo de tributos.
El desafío fiscal persiste. Las razones son variadas y estructurales:
- la carga tributaria en Chile es baja no sólo respecto de la OCDE sino también respecto de Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo;
- la tasa que afecta a grandes y medianas empresas (27%, Impuesto de Primera Categoría) es efectivamente superior a la media de la OCDE (23%). Sin embargo, la tasa efectiva es bastante inferior a la nominal, al incluir los beneficios de depreciación acelerada, uso ilimitado de pérdidas tributarias y otros. De acuerdo a esta corrección, pese a que la tasa nominal es más alta que, por ejemplo, en Suecia y el Reino Unido, la tasa efectiva en Chile es inferior a la de esos países.
- Los cálculos de la propia SOFOFA indican además que la evasión en el Impuesto de Primera Categoría, que afecta a grandes y medianas empresas, es del 47%.
- La recaudación tributaria se apoya excesivamente en impuestos indirectos (IVA), haciendo que, en términos relativos a sus respectivos ingresos, las personas de menores ingresos tributen un porcentaje mayor respecto de los tributos que pagan las personas de mayores ingresos.
La economía enfrenta presiones estructurales para elevar el gasto público:
- el envejecimiento de la población presionará por mayores gastos en salud y en pensiones;
- inevitablemente el sector público tendrá que ir asumiendo nuevas obligaciones en reducción de emisiones y protección del capital natural;
- el combate al delito obliga a elevar el gasto en seguridad y equipamiento de las policías;
- la sociedad exige elevar la calidad en los programas públicos de vivienda y educación pre-escolar.
El shock en los precios del combustible no era necesario.
La existencia del MEPCO se justificaba exactamente para suavizar el impacto de shocks en el precio del combustible y así se actuó en varios de los gobiernos previos. De hecho, en 2022 el precio del petróleo estuvo sobre los 120 dólares el barril durante varios meses y el MEPCO ayudó a moderar la transmisión de estos shocks a los precios internos. Lo que eligió el ministro Quiroz es traspasar íntegramente este shock la economía nacional en lo que constituye el principal incremento histórico en el precio de la gasolina, estableciendo algunos mecanismos que compensarán y sólo muy parcialmente el impacto de esta alza sobre el ingreso de las familias más vulnerables.
El objetivo político es claro: agregar insumos a la tesis de la “catástrofe fiscal”, la caja vacía y la deuda pública desbocada. Sobre esa base, bien acompañada por la caja de resonancia de los medios de comunicación que les pertenecen, pavimentar el camino para “decisiones drásticas que requieren coraje” y que les irán permitiendo rebajar impuestos a quienes más tienen, achicar el Estado, poner fin a la contribución por la primera vivienda ( lo que reduciría drásticamente el financiamiento a los municipios más pobres, cuyo financiamiento depende entre 70 y 90% del Fondo Común Municipal, alimentado a su vez por las contribuciones que se pagan en las comunas adineradas).
Con los datos al día de hoy (24 de marzo) y aun cuando el conflicto en Medio Oriente concluyese en un par de semanas, las repercusiones del “bencinazo” persistirán por varios meses. El impacto se verá reflejado en una inflación que se moverá entre 3,5% y 4%; una tasa de interés que demorará en retornar a niveles de neutralidad, afectando la dinámica de la construcción y los créditos hipotecarios y con ello, el empleo y el crecimiento. Con esta medida, el crecimiento para 2026 estará más cerca del 2% que del 3%.
Es de esperar que las reacciones de actores económicos y sociales al “bencinazo” de Quiroz limiten bastante el espacio para persistir en rebajarle el impuesto a las grandes y medianas empresas. Cuando sectores de ingresos medios y bajos enfrentarán mayor inflación y deterioro en sus condiciones de vida resultaría una provocación persistir en bajarle el impuesto al 1,9% de las empresas de este país, las más grandes, otorgándoles un regalo de US$ 1.800 millones. Vale decir, plata para suavizar alzas en el combustible no hay, pero si hay espacio fiscal para favorecer a los más ricos. Un trabajo reciente de la DIPRES nos indica que el 98,5% de las rentas del capital pertenece al 1% de los contribuyentes de más altos ingresos. Cualquier reforma que beneficie a los receptores de renta del capital tendrá efectos marcadamente regresivos. Y como indica el FMI, ello elevaría sólo marginalmente el crecimiento y, junto con acentuar la desigualdad distributiva, elevaría el déficit fiscal y la deuda pública.
