Tropiezos en la ambición refundacional del gobierno

No son pocos los economistas, tanto oficialistas como de oposición, que han advertido acerca de los riesgos que presenta el denominado proyecto de reconstrucción nacional (emblemática Ley Miscelánea), tal como lo hiciera recientemente el Consejo Fiscal Autónomo de manera contundente, advirtiendo que generaría déficits fiscales al menos hasta el año 2031. Todo esto, en el supuesto que se cumplieran las optimistas proyecciones de crecimiento del ministro de Hacienda, que plantea crecer en torno a un 4 % a fines del presente mandato y una meta de crecimiento en torno a un 10 % a futuro, que algunos economistas han descrito como pensamiento mágico, dado el actual escenario internacional y las malas cifras del primer trimestre del año, que proyectan cifras de crecimiento más cercanas al 2 %, como ha afirmado el FMI y comparten sectores empresariales,

Si a ello se suma los esfuerzos por recortar el gasto fiscal en seis mil millones de dólares y despedir a cerca de 100.000 funcionarios públicos, como pretende el gobierno, la situación puede ser aún más catastrófica. La guillotina ha empezado a funcionar, inexplicablemente partiendo por la CORFO, pero rápidamente se extenderá hacia los otros ministerios que deberán minimizar programas para adecuarse a las instrucciones de reducción del gasto como lo ha instruido el ministerio de Hacienda.

Pese a todas estas advertencias, el gobierno, con un marcado ánimo refundacional, está empeñado a aprobar su megaproyecto en tiempo récord. Para ello ha renovado la extrema urgencia, negándose a escuchar a la oposición. Al parecer tiene los votos, luego que el PDG, en abierta traición a las capas medias que dice representar, decidiera sumarse al oficialismo, a cambio de concesiones menores.

Es un muy mal proyecto, que no tan solo mezcla materias tan diversas como la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios, con una reforma tributaria encubierta que favorece al 1 % más rico de la población, acentuando la brecha de las desigualdades y concentración de la riqueza, en desmedro de los sectores más vulnerables de nuestro país. Una amenaza que no parece inquietar en demasía a las nuevas autoridades.

La filtración de los decretos del ministerio de Hacienda recomendando discontinuar diversos programas sociales (en donde se incluía el programa alimentario de la JUNAEB) dista de ser un error comunicacional. Es un verdadero descriterio que no se subsana con la afirmación del gobierno de que no se afectarán planes sociales. Evidentemente, un recorte del gasto de un 3 % de los ministerios, como se ha instruido, no puede menos que afectar programas sociales en áreas tan sensibles como la salud, la educación o la vivienda, para no mencionar desarrollo social, obras públicas y la muy desatendida cultura.

Un desorden a ojos vista

En sus primeros casi dos meses de gestión el apoyo ciudadano al gobierno ha experimentado una fuerte caída de cerca de 20 puntos en las encuestas, superado por sus niveles de rechazo, que se aproximan al 60%, que no tan sólo se explican por el desorden registrado en su interior, sino muy esencialmente porque una mayoría de la población se distancia del confuso “relato” oficial. La idea que 
Chile enfrenta una crisis sistémica (económica, de seguridad y social), como país en quiebra, que requiere ser reconstruido o refundado. Con menos estado y más mercado, menos impuestos a los ricos y disminuido gasto social, garantizando invariabilidad tributaria por 25 años. De paso, como sin querer queriendo, con indultos a sentenciados por violaciones de los derechos humanos, omitiéndose de apelar a fallos que los favorezcan. 

Así, la megareforma que el gobierno busca aprobar de manera rápida (antes de su primera cuenta al país) no suma adhesión ciudadana y deberá enfrentar una fuerte oposición en su tramitación parlamentaria, sin descartar movilizaciones sociales.

No deja de ser curioso que las críticas por el evidente desorden del gobierno apunten al segundo piso y el rol asumido por su jefe administrativo, Alejandro Irarrázaval, un estrecho y antiguo colaborador del presidente, que renunciara a la UDI al mismo tiempo de Kast, para fundar el partido republicano. Por definición, el llamado segundo piso, el grupo de asesores del presidente, trabaja bajo sus instrucciones. Si se desordena o invade atribuciones propias del gabinete ministerial, el responsable es el propio mandatario, que no parece confiar en demasía en los partidos políticos. 

Tras la polémica, que tuvo como principales protagonistas al presidente de los republicanos, Arturo Squella, a la directiva de RN y diversas figuras del oficialismo, se ratificó que la coordinación ministerial le correspondía al ministro del Interior, algo inherente a su condición de jefe del gabinete, pero que se había puesto en duda, entre otros factores por la arremetida mediática del titular de Hacienda.

No ha sido el único ruido mediático del entorno presidencial en su período de instalación. Iván Poduje, con su peculiar estilo confrontacional, que lo ha llevado a protagonizar polémicas con diversos sectores de la oposición, no dudó en arremeter en contra del ministro Quiroz, cuestionando las instrucciones de recorte del presupuesto de su cartera, afirmando que tenía un solo jefe, José Antonio Kast y que el titular de Hacienda era solo un ministro más. Luego de reunirse con el presidente y de fuertes críticas de sectores del oficialismo, el impetuoso Poduje aceptó alinearse con los instructivos gubernamentales en materia de reducción del gasto, reconociendo que siempre se pueden mejorar las formas.

El inocultable desorden del gobierno inquieta tempranamente al oficialismo. Los reparos apuntan a diversos ministros y al segundo piso. Más allá de Poduje, que usufructa de su momentánea adhesión en las encuestas; al ahora vapuleado Quiroz en   su empeño por despachar el proyecto de reconstrucción nacional de manera exprés; ciertamente a la muy desafotunada vocera Sedini; y a los desatinos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que pide paciencia. Así, no son pocos los que especulan con un eventual ajuste ministerial cuando el gabinete aún no cumple los 60 días.

Pero mas allá de estos incidentes, que han tenido como protagonistas al propio mandatario ( con la comida con sus compañeros de universidad en el palacio de La Moneda y los eventuales efectos de su finaciamiento de campaña proveniente de la red ultraderechista liderada por el derrotado ex primer ministro húngaro Viktor Orbán) y a varios de sus ministros, atribuidos a un gobierno en proceso de instalación, subyace el problema de fondo. La ambición de refundar al país en clave ultraderechista, que no cuenta con respaldo social mayoritario.

El duro desafío de una oposición cuesta arriba…

La oposición o las oposiciones están en franca minoría en el parlamento y con dificultades para concertarse en un frente común ante oficialismo. En su interior existen diferencias manifiestas. Más allá del margen están los díscolos habituales, como Jaime Mulet y Rene Alinco, así como el PDG y su supuesto rol de partido bisagra. No es una tarea fácil coordinarse para enfrentar la ofensiva gubernamental. Pero ese es el rol que la ciudadanía les ha asignado desde la pasada elección y deben reconstruir un sendero exigido en la adversidad.

Por ahora, con suficientes razones, la oposición ha insistido en la necesidad de separar las diversas materias que contiene el referido proyecto misceláneo del gobierno, para debatir la reforma o contrarreforma tributaria en su mérito, introduciendo nuevas compensaciones a la rebaja de impuestos, así como una mayor gradualidad en su aplicación. Pero el ejecutivo no parece demasiado interesado en el dialogo y la necesidad de buscar acuerdos. Las propias críticas oficialistas a los encuentros del ministro García Ruminot con la oposición evidencian la voluntad de pasar la aplanadora.

Todo apunta a que el gobierno logrará aprobar la idea de legislar, con votos de la derecha, el PDG y algunos díscolos. De allí en adelante se abre un largo camino, que puede superar ampliamente los plazos fijados por el gobierno para la aprobación de su proyecto estrella. El parlamento no es un buzón y ningún proyecto sale como entra al legislativo. Existen mecanismos parlamentarios para extender una discusión que permita acoger indicaciones y escuchar a los expertos, que fundamenten los reparos (ya lo hizo el Consejo Fiscal Autónomo), someter algunas a consideración del Tribunal Constitucional y buscar mejorías, dentro de lo posible, del proyecto del ejecutivo. La derecha demostró gran habilidad en la materia mientras estuvo en la oposición y parece la hora de recoger esa experiencia.

El oficialismo, con el apoyo del PDG, podría imponer su pretencioso proyecto de reconstrucción nacional, pero debe quedar meridianamente claro que esa nueva legislación no tendrá mas vida que la del gobierno que lo impulsa o de aquel que busque proyectarlo a futuro. No será este el primer gobierno con afanes refundacionales que naufrague al perder el apoyo ciudadano.

Con todo, la acción opositora no puede agotarse en el terreno parlamentario. Están los municipios, en donde suma mayorías, así como las organizaciones sociales, la CUT, la ANEF, las federaciones estudiantiles, las organizaciones vecinales, PYMES, las asociaciones de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos, el movimiento feminista, la diversidad sexual y una no tan despreciable prensa independiente. Parece aproximarse la hora para movilizar, sumando diversidades y autonomías, ese significativo y diverso contingente social y político en lo que se perfila como una batalla cultural, en defensa de los derechos conquistados y los   valores democráticos. Un desafío nada menor para tiempos de crisis inocultable como la actual en Chile y el planeta.