¿Estamos ante la más grave crisis en materia de combustibles? Según el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, “estamos enfrentando una crisis histórica del mercado del petróleo”. No obstante, la actual alza está lejos de ser inédita. En 1973-1974, el embargo de la OPEP tras la guerra del Yom Kippur hizo que los precios se cuadruplicaran en pocas semanas, pasando de aproximadamente $3 a más de $11,50 por barril. En 1979-1980, la revolución iraní y la guerra Irán-Irak provocaron otro aumento drástico, elevando los precios a niveles superiores a los $30 dólares, un aumento de más del 1.700% desde principios de la década. En los años 1980-1990, los precios tendieron a estabilizarse, o bajar a mediados de los 80, debido al aumento de la producción fuera de la OPEP y la búsqueda de energías alternativas. En los años 2000-2020, se observó una tendencia alcista a largo plazo, con máximos históricos por encima de $100 dólares en años como 2008 y 2011, impulsados por la demanda emergente.
Tras una caída histórica en 2020 por la pandemia, el mercado alcanzó niveles de precios extremadamente altos en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania, mientras ha superado los $100 dólares en marzo de 2026 por los ataques a Irán, aunque el promedio de lo que va del mes es aún inferior. El gráfico adjunto muestra, con datos hasta el 16 de marzo, que la situación de 2022 fue más crítica.
Ahora bien, ¿era necesario suspender la estabilización de precios de las bencinas y el diesel en Chile?
Para hacer que los consumidores paguen las alzas de combustibles prácticamente sin dilación, el gobierno de Kast ha decidido desmontar el sistema que permite atenuar el impacto de las alzas de precios externos. Ha modificado por decreto parámetros del existente Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles y fijó en cuatro semanas el período usado para calcular el precio de paridad de importación. El Mepco fue creado en 2014 para sustituir el Sipco creado en 2011, y cuyos cambios más importantes han sido ampliar la cobertura, aumentar su techo fiscal en 2022, cambiar la frecuencia de ajuste a 21 días en 2023 para evitar fluctuaciones semanales y extender el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al diésel para el transporte de carga. En vez de limitar los aumentos máximos a 26 pesos por litro cada tres semanas, la decisión del gobierno actual implicará que los precios internos subirán en 370 pesos por litro (un 32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos, desde los 1.170 pesos por litro en la Región Metropolitana, y en 580 pesos por litro en el de los del diésel (un 62%), desde los 932 pesos actuales. El valor de la bencina superará los 1.500 pesos por litro y el del diésel lo igualará por primera vez.
Tal vez la apuesta del gobierno es que la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán termine pronto y los consumidores vean también pronto bajas abruptas después de las alzas, con una percepción final de alivio rápido. Pero es plausible la hipótesis de que el gobierno de extrema derecha está en definitiva aprovechando la crisis de Irán para producir una regresión que restaure el enfoque según el cual los mercados deben mandar siempre en la economía y que las políticas públicas de estabilización deben ser desmontadas, y en general los mercados ser desregulados, con la convicción dogmática de que solo provocarían distorsiones perjudiciales. Este enfoque no está basado en evidencia alguna, la que más bien muestra que las fluctuaciones bruscas y de amplio rango crean una inestabilidad que inhibe la actividad económica y que las regulaciones corrigen múltiples fallas de mercado.
El enfoque racional y sensato es que, dado que el mercado del petróleo tiene ciclos de alzas y bajas, especialmente en momentos de conflicto armado en las zonas de producción más importantes, se debe procurar que estas fluctuaciones sean disminuidas mediante una política pública que lleve a aumentos de precios menos drásticos y bajas posteriores más lentas. Por eso existe en Chile un sistema de subsidios temporales a la parafina, mientras en el caso de las gasolinas y el diésel existe el mencionado Mepco, mecanismo que opera a través del impuesto específico como un crédito/débito de los consumidores al fisco. Este impuesto recauda US$ 3 mil millones anuales y puede sostener en lo básico el sistema en tanto mecanismo que se equilibra a sí mismo en los ciclos de alzas y bajas de precios. Otra situación sería que se produzca una sustancial alza permanente del precio de los combustibles. Pero eso supondría que no haya respuesta de oferta desde otras partes y una guerra sin fin en el Medio Oriente que destruya la infraestructura de extracción, refinación y transporte de petróleo y gas en la región, lo que no conviene a ninguno de los actores de la lucha por el dominio de esta zona del mundo. Esto incluye a Trump, con quien Kast está alineado y ha provocado esta crisis.
El argumento de la falta de recursos no se sostiene, por el mencionado efecto de recaudación del impuesto específico a los combustibles, entre otros factores. En cambio, el gobierno mantiene su voluntad de bajar impuestos a los más ricos por cerca de 1% del PIB, en vez de priorizar en esta crisis el enfoque de financiar transitoriamente la estabilización de combustibles. El argumento de que el MEPCO es socialmente regresivo al subsidiar -en realidad estabilizar precios- a quienes usan medios de transporte individuales -lo que incluye a amplios sectores medios y populares- no se sostiene frente a este empecinamiento simultáneo en bajar impuestos a los sectores de altos ingresos. Palos para unos, los de siempre, y zanahorias para los privilegiados parece ser definitivamente el sello de la política económica del actual gobierno, aunque tenga el negativo efecto de acelerar procesos inflacionarios desestabilizadores con impacto en toda la población.
Lo que ha ocurrido es que el gobierno de extrema derecha decidió por razones ideológicas y dogmáticas no mantener la estabilización de precios, que podría seguir funcionando con las alzas de precios internacionales producidas hasta ahora. Ha optado por medidas de subsidio compensado, las que deberán ser aprobadas por ley. Unos 53,8 mil millones de pesos (US$60 millones) se destinarán a que la parafina vuelva a los niveles de febrero de este año, del orden de mil pesos litro, con plazo máximo hasta fin de año, y un bono para los taxis colectivos entre abril y octubre, con una cobertura de 96.283 beneficiarios y un costo fiscal de $57,8 mil millones de pesos. Las medidas se financiarán con un cambio al impuesto específico al diésel, disminuyendo el crédito fiscal aplicable a los no transportistas y equiparándolo al vigente para los transportistas. Estos pasarán de recuperar un 100% del impuesto específico pagado a un 31%, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales por $124.463 millones hasta el 30 de septiembre. En suma, se recaudará más de lo que se proyecta gastar en subsidios.
