Como parte de los debates post derrota del progresismo en 2025, circulan tesis según las cuales, más allá de la contingencia, se habrían transformado sustancialmente las bases de la acción política y de los movimientos sociales en Chile. Este es un factor a considerar, pero a la vez se debe evaluar qué explica el descontento y malestar recurrente frente a los gobiernos, lo que existe por lo demás hoy en buena parte de las democracias.
Los cambios en la estructura social y productiva en Chile
Algunos sostienen que Chile ya no es una sociedad industrial como en el pasado, y que las referencias a la centralidad del trabajo y a los conflictos distributivos ya no tendrían el lugar determinante de antaño. Para algunos ya no estaría ya tan claro, incluso, la importancia de relevar el tema de las desigualdades de ingresos y de riqueza.
Hay cambios de enorme significación que están a la vista y deben ciertamente ser abordados: en muchos sentidos el trabajo asalariado es hoy más heterogéneo en materia de posiciones sociales, de género (a lo que se agrega según la CASEN que la proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 20% en 1990 a 49% en 2024, con un 59% en los hogares pobres) y de imaginarios. Se orienta crecientemente a los servicios, en los que se han consolidado nuevos sectores medios. Se han producido además incorporaciones tecnológicas con impacto creciente en el empleo y también con impacto cultural en la comunicación interpersonal y la socialización de las nuevas generaciones; una mayor urbanización con deseconomías de aglomeración; un derrumbe demográfico; una disminución del tamaño promedio de los hogares; un aumento de la inmigración latinoamericana; un mayor peso de los cuidados de personas de edad avanzada; una depredación de los ecosistemas y un desorden climático creciente; un impacto del narcotráfico y de la delincuencia organizada en la seguridad ciudadana; violencias juveniles urbanas anómicas, entre varios otros procesos.
Pero recalquemos que en Chile nunca hubo propiamente una “sociedad industrial” al menos como la existente en Europa, Estados Unidos o Japón, y tampoco un “fordismo periférico” como en Brasil, México o Argentina en la posguerra. Chile alcanzó una industrialización intermedia en América Latina, según la ONUDI, con sectores básicos modernos, pero sin la escala, diversificación ni profundidad tecnológica de Brasil y México, y por debajo de la tradición industrial argentina. En realidad, solo Brasil desarrolló un gran sector doméstico de fabricación de maquinaria, mientras los demás mantuvieron la dependencia de importaciones de bienes de capital.
Eso describe la limitación industrial chilena en una sociedad periférica, desigual y productivamente heterogénea: podía producir acero, electricidad, alimentos elaborados, textiles, celulosa, productos químicos y algunos bienes intermedios, pero no llegó a construir un núcleo fuerte de bienes de capital y tecnología manufacturera propia. El rol de la minería y sus enclaves (núcleo central de las exportaciones) y de la agricultura permaneció siendo decisivo en el siglo XX, en medio de una urbanización con informalidad y marginalidad social significativa y una crisis del latifundio, que entre otras cosas influyó en la radicalización de los años 1960.
No obstante, según los datos de las cuentas nacionales, la participación de la industria manufacturera pasó de un 22% del PIB en 1960 a un 27% en 1973, un 19% en 1990, un 15% en 2000, un 10% en 2010 y a un 9% en 2025. La desindustrialización relativa temprana es un fenómeno que se observa claramente en Chile, aunque se ha duplicado el valor agregado a precios constantes entre 1996 y 2025, lo que no es un detalle. Como referencia, en China la manufactura representaba el 25% del PIB en 2024, según el Banco Mundial. Por su parte, la participación de la minería en el PIB chileno pasó de 6% en 2000 a 13% en 2025 y la de la agricultura del 4% al 3%. Los servicios son los que han experimentado una mayor expansión, especialmente el comercio, el transporte, las comunicaciones, los servicios de salud y educación y los servicios empresariales y financieros, lo que también ocurre con el empleo.
Se constata que el empleo en la producción de bienes ha pasado de sumar un 33% de la ocupación total en 2013 (año más antiguo de la encuesta actual del INE) a solo 28% en 2025. Ha aumentado la ocupación en la minería (de 262 a 304 mil empleos), la construcción (de 689 a 721 mil), el suministro de electricidad y gas (de 37 a 50 mil) y el de agua (de 41 a 72 mil). En cambio, ha disminuido la ocupación en la producción de bienes agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros (de 683 a 544 mil, una caída de 139 mil ocupados) y de bienes industriales manufacturados (de 909 a 898 mil, una caída de 10 mil ocupados) y, por tanto, también su participación en el total. Esto no ha sido compensado por la creación de empleo en la mencionada producción de otros bienes, pues en el agregado el empleo en esta área cayó en 39 mil ocupados.
No obstante, ha crecido la producción en términos de valor agregado: en la producción de bienes la productividad media del trabajo ha aumentado. En el suministro de servicios a la producción y a las personas, se ha producido una expansión general del empleo, que pasó de un 67% a un 72% de la ocupación total entre 2013 y 2025. La excepción ha sido el servicio doméstico (los hogares como empleadores) que pasó de 418 a 262 mil puestos de trabajo), con una contracción de 157 mil empleos. Los principales creadores de empleo de servicios han sido el comercio (que pasó de 1,562 a 1,745 millón), la enseñanza (de 655 a 802 mil), la atención de salud y la asistencia social (de 368 a 724 mil), el transporte y almacenamiento (de 508 a 592 mil), la administración pública y defensa (de 429 a 540 mil), el alojamiento y comidas (de 319 a 439 mil), las actividades profesionales (de 250 a 358 mil), las actividades de servicios administrativos y de apoyo (de 183 a 316 mil), la información y comunicaciones (de 167 a 226 mil), las actividades financieras (de 190 a 206 mil), las actividades artísticas y recreativas (de 99 a 112 mil) y las actividades inmobiliarias (de 63 a 97 mil).
El perfil educacional del empleo ha cambiado de manera significativa entre 2010 y 2025. La proporción en la ocupación de las personas que no completaron la educación primaria pasó de 7% a 3% del total; la con educación primaria pasó de 28% a 15%, mientras la con educación secundaria permaneció estable y pasó de 42% a 41% del total de ocupados. A su vez, la ocupación con educación superior de ciclo corto pasó de 5% a 13% del total (de 391 mil 1,263 millón de personas), la con grado universitario de 16% a 25% (de 1,173 a 2,385 millones de personas), la con nivel de maestría de 0,5% a 2,6% (de 36 mil a 247 mil personas) y la con doctorado de 0,1 a 0,3% (de 4 mil a 38 mil personas). Este cambio refleja un positivo aumento promedio de las capacidades humanas en Chile medido a través de los años de educación.
No obstante, entre los desocupados se registra una evolución preocupante. Los desocupados con formación superior de ciclo corto pasaron del 5% al 12% del total y aumentaron en 70 mil personas (con cerca de 50 mil más entre 2019 y 2025) y los con grado universitario pasaron del 12% al 23% con 135 mil más entre 2010 y 2025 (y 60 mil más entre 2019 y 2025). Las personas desocupadas adicionales con educación superior suman 235 mil y 110 mil en ambos períodos respectivamente. Esto abre una severa interrogante sobre la pertinencia de la educación técnica y superior en el Chile actual y sobre la capacidad de absorción de personas calificadas en la actual estructura productiva, pues se constata una tendencia de disminución del desempleo entre las personas menos calificadas y un aumento persistente entre las personas más calificadas.
La situación del trabajo asalariado y sus consecuencias para las izquierdas
Ya sabemos desde 1848 que en el capitalismo “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Pero ¿es la actual sociedad chilena una distinta de una en la que relación social principal es la del capital y el trabajo asalariado, con una reforzada concentración económica y una aún amplia desigualdad de ingresos y discriminación de género? El capitalismo sigue existiendo en Chile bajo formas heterogéneas y con inserción periférica y rentista.
Los ingresos del capital superan persistentemente a los del trabajo asalariado, que suman solo un 37% del PIB, siempre según las cuentas nacionales. El 98,5% de las rentas del capital se concentran en el 1% de contribuyentes de más altos ingresos, segmento que abarca a unas 150 mil personas y constituye la oligarquía económica en Chile. Se mantiene, aunque ha mejorado, una estructura concentrada de distribución de ingresos de las familias, con el 1% más alto que se apropia del 27% del ingreso nacional, mientras el 50% de menos ingresos consigue solo el 8% del mismo, según la World Inequality Database. Todo indica que la inteligencia artificial llevará a una concentración todavía mayor de los ingresos en las grandes empresas tecnológicas y en sus dueños en el mundo, y en Chile en quienes se las apropien con más celeridad.
Y por transformado que esté, el trabajo asalariado representa el 77% de la ocupación en Chile (contra el 73% en 1990), según la encuesta CASEN 2024: es más relevante que nunca antes en nuestra historia. El empleo asalariado privado representa el 62% de la ocupación (del cual un 10% es informal) y el empleo asalariado público representa el 15%. Esto ocurre en contraste con el trabajo por cuenta propia, que suma solo el 20% (el 23% en 1990) y el de los empleadores, que suman el 3% de los ocupados (cifra similar a la de 1990). Entre 2005 y 2025 la tasa de ocupación en Chile en la franja etaria de 15–64 años pasó de 54% a 64%, cerrando parte de la brecha con el promedio de la OCDE, que pasó de 65% a 70% en el mismo período. La casi totalidad se explica por el cambio en la tasa de ocupación femenina, que pasó de 37% a 57% de las mujeres de 15–64 años, según los datos de FRED-OCDE, lo que va en el sentido de una sociedad crecientemente integrada a través del trabajo asalariado, aunque desigual y con una alta proporción con remuneraciones bajas, incluyendo a muchas más mujeres, las que han ganado en autonomía, pero mantienen el peso principal en el trabajo de cuidado, sumando una doble jornada.
A la vez, hay un hecho medular para la plataforma política de las izquierdas: entre los ocupados, un 68% recibió ingresos menores o iguales al ingreso medio nacional de 897 mil pesos mensuales en 2024, última información disponible de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE. Las categorías de ingresos bajos y muy bajos, es decir las que se sitúan por debajo de la mediana de ingresos de 611 mil pesos, representaban del orden de 54% de los puestos de trabajo. El ingreso mediano de los asalariados privados alcanzó a 680 mil pesos, el de las personas que realizan trabajo doméstico a 353 mil pesos y el de los trabajadores por cuenta propia a 351 mil pesos. Estas categorías sumaban el 83% del total de los ocupados en 2024. Un 26% de los ocupados tenía educación universitaria y su ingreso mediano era de 1,19 millón de pesos (los con post grado eran un 2,8% con ingresos medianos de 1, 86 millón de pesos), mientras los con educación técnica sumaban un 13% con 698 mil pesos, los con educación secundaria un 41% con 549 mil de pesos y los con educación primaria un 15% con 499 mil de pesos.
Así, una parte significativa de los asalariados y los trabajadores por cuenta propia se siguen desenvolviendo en Chile en una situación de “precariado”, siguiendo la conceptualización de Guy Standing (2013): “gente que tiene múltiples trabajos y, aun así, no llega a fin de mes: desde las personas becarias hasta las migrantes en situación irregular”.
Dicho sea de paso, en el pasado los movimientos sociales no se restringieron al movimiento obrero y sindical articulado a partidos, y tuvieron diversas formas de representación, incluyendo las de tipo populista como la que representó Ibáñez o momentos de violencia popular inorgánica, como el 2 de abril de 1957. Según datos de la Dirección del Trabajo, desde fines de los años 1930 hasta mediados de los años 1960, la tasa de sindicalización osciló entre un 10% y un 15%, con un salto en 1966 con la sindicalización campesina: entre 1965 y 1970 la afiliación sindical pasó de 10% a cerca de 23%, y bajo la Unidad Popular llegó a casi 35%. En la actualidad es del orden del 19%. Se trata aún de una baja cobertura de la sindicalización de los asalariados y de la negociación colectiva, pero es hoy mayor que en el promedio de las décadas pasadas y no inferior a la de diversos países industrializados de altos ingresos.
Hasta donde se puede razonablemente percibir, aunque hay grandes cambios, no hay una “sociedad completamente nueva en Chile”, sino una sucesión de continuidades y rupturas socio- económicas como en todas partes.
La dinámica del descontento: ¿hay una derechización de la sociedad?
Existen consecuencias diversas de los mencionados cambios en el comportamiento político y electoral, claro está. En palabras de Thomas Piketty, “en todas las democracias occidentales se observa que el ingreso y el título educativo pasan a tener efectos divergentes sobre el voto. Ciertamente, a igual nivel educativo, un ingreso más alto sigue conduciendo a un voto más de derecha. Pero a igual ingreso, un nivel educativo más alto conduce ahora a un voto más de izquierda. Esto puede explicarse por varios factores estructurales, empezando por la complejización de la estructura social (con la democratización educativa, un mismo nivel de diploma abre ahora a ingresos muy distintos, por razones a la vez elegidas y padecidas) y por el espectacular aumento de la fractura territorial (las pequeñas ciudades tienen menos acceso que las grandes aglomeraciones a universidades y hospitales y están más sometidas a la competencia internacional). Pero la explicación principal radica en las decisiones políticas de los partidos socialdemócratas y afines, que fueron abandonando progresivamente toda ambición redistributiva, alejando así a una parte creciente de los electores más desfavorecidos (en particular entre los menos titulados de las pequeñas ciudades) hacia los nacionalistas y la abstención. Para salir de la crisis actual y del enfrentamiento ficticio entre élites, la izquierda debe reconectar con la ambición igualitaria del pasado y reunir a las clases populares de todos los territorios”
Volvemos entonces al dominio propio de la política y al análisis de las opciones para las izquierdas. Ciertamente, estas deben partir por minimizar y ojalá despojarse de las prácticas clientelísticas y de militancias centradas en el aparato del Estado, lo que resulta de haber sido parte de gobiernos en 28 de los 36 años transcurridos entre 1990 y 2025. Esto terminó por provocar, incluyendo a la nueva generación que gobernó entre 2022 y 2025, un fuerte desgaste de sus liderazgos ante la mayoría social.
Pero no tiene sentido que las izquierdas se orienten ahora a hacer algo distinto que procurar representar los intereses de los que viven de su trabajo, al mundo de la cultura y al de la emancipación de las mujeres y de los pueblos discriminados, que son en conjunto la inmensa mayoría de la población. Sería su muerte política por descentramiento y abandono de su rol histórico, en nombre de un diagnóstico de perfiles difusos según el cual “estamos en otra sociedad”.
Se puede sostener más bien la hipótesis (ver por ejemplo aquí) según la cual en la sociedad chilena siguen prevaleciendo jerarquías sociales y culturales, algunas tradicionales y otras nuevas, que reproducen una dominación de clase y de género que estructura la sociedad y sus impulsos y necesidades de cambio. Las estructuras de poder oligárquico han cambiado, pero no han dejado de determinar el curso de la evolución social y política, así como también la lucha por modificarlas, con derrotas y éxitos parciales.
Sin ir más lejos, la concentración del poder, las actitudes de desprecio elitario y la precariedad social extendida estuvieron en la base de la masiva rebelión inorgánica de 2019 (ver aquí). No obstante, después de la pandemia y el inicio azaroso del gobierno de Boric y su fuerte ajuste fiscal que provocó un alto desempleo, una parte significativa de los grupos socialmente subordinados terminó por inclinarse hacia el discurso de ultraderecha de orden y rechazo a la inmigración. Esto le ha permitido, con la reintroducción del voto obligatorio, transformarse en mayoría electoral desde 2022. No obstante, se trata de una adhesión fluctuante, al menos en aquella franja más despolitizada que perdió confianza en el progresismo y en su capacidad de defender sus intereses, pero que ya evidencia un movimiento de péndulo. Se constata hoy una sustancial pérdida de apoyo al gobierno de Kast, hoy ampliamente minoritario en la opinión pública, al cabo de solo dos meses de gestión. Muchos se preguntan, adicionalmente, si la tendencia principal en la conducta política y electoral en las democracias actuales es la prevalencia del descontento con el gobierno de turno, ante sus limitaciones o incluso impotencia frente a datos claves de la economía, como el costo de la vida y la precariedad del empleo. Lo que pone en el centro el debate sobre el Estado de bienestar moderno. En palabras del Nobel de economía de 2024, Daron Acemoglu: «Muchas economías avanzadas necesitan una red de seguridad social más sólida, mejor coordinación, regulación más inteligente, un gobierno más eficaz, un sistema de salud pública significativamente mejorado y, en el caso de EE. UU., formas de seguro de salud más equitativas y confiables. Prácticamente todos coinciden en que los gobiernos deben asumir más responsabilidades, pero también volverse más eficientes…En un momento de polarización sin precedentes, normas democráticas en decadencia y una capacidad institucional menguante, reformar y renovar el Estado de bienestar es una tarea realmente ardua. Pero, al igual que la generación de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos otra opción que intentarlo.”
Por eso no es convincente el diagnóstico según el cual las sociedades estaría virando estructuralmente a la derecha. Otra cosa es que las extremas derechas ganen electorado por el descontento socio-económico orientado al rechazo a la globalización y a la inmigración (ver acá), lo que también ocurrió en etapas del siglo XX, y por el desgaste de las gestiones de los gobiernos progresistas, incluyendo Chile, desde múltiples ángulos (ver aquí). No se puede pensar, por ejemplo, que el proceso de emergencia y consolidación de una nueva izquierda en México con López Obrador y Sheinbaum no tenga que ver con una orientación y práctica política muy diferente a la de los Fernández en Argentina, que llevaron al ocaso las opciones nacional-populares. Cada proceso político orienta los acontecimientos en un sentido u otro sin “leyes de hierro” de la historia.
La necesidad de una amplia reactualización
En Chile, las izquierdas y el progresismo empezaron a partir de un cierto punto en el tiempo a no hacerlo demasiado bien en el gobierno, con el resultado de que fórmulas de derecha lograron alternancias, incluyendo ahora el acceso de la extrema derecha al poder en 2026 con una amplia mayoría (ver acá). Pero cabe preguntarse si los cambios en la sociedad chilena han sido tan sustanciales como para significar que la izquierda y el progresismo tienen que cambiar completamente su plataforma e identidad social y cultural.
¿Debe esta corriente, frente al avance del individualismo negativo, dejar de reivindicar los valores progresistas -la tríada de libertad, igualdad, fraternidad y los de autonomía con responsabilidad y respeto hacia los demás- que están en disputa secular con los valores conservadores? ¿Debe dejar atrás aquello de que “el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos”?Otra cosa es que desde siempre procure poner la saludable individuación en concordancia con los deberes sociales y promueva los valores solidarios como alternativa a la anomia y los resentimientos.
¿Debe acaso la izquierda renunciar a tener una plataforma programática centrada en la lucha por más libertades y por la reducción sustancial de las desigualdades y la pobreza, proponiendo un crecimiento equitativo y sostenible con capacidad de creación y redistribución de empleos y sus retribuciones, que expanda los derechos laborales, sociales y de género, y también logre una resiliencia ecosistémica en beneficio del bienestar de las actuales y las nuevas generaciones?
¿Hay ahora que dejar de batallar por un Estado de bienestar que regule los mercados en función del interés general, financiado con impuestos progresivos que cubran programas suficientes de pensiones, salud, desempleo e inserción laboral y un mayor rol público en educación e innovación para una mayor igualdad de oportunidades y resultados en una economía más dinámica, diversificada y respetuosa del ambiente?
Que la actual se pueda caracterizar como una “sociedad de desindustrialización temprana” no implica, por otro lado, que la industria no siga estando en el corazón de las disputas hegemónicas globales (ver aquí) y que Chile no deba procurar expandir sus capacidades manufactureras hoy disminuidas para mejorar la inserción en algunas de las cadenas globales de producción más relevantes, en especial en materia de economía digital, biotecnologías, energías renovables y electromovilidad, que están en el corazón de las transformaciones tecnológicas en curso en la nueva era de los imperios.
Para lograrlo, ¿se debe renunciar a un horizonte de introducción progresiva de grados de socialización sustanciales de la inversión -especialmente en infraestructuras- y más áreas desmercantilizadas en la economía -en la provisión de servicios de salud, de pensiones, educativos, de servicios urbanos y de áreas protegidas- junto a una economía social y solidaria fortalecida y participaciones más importantes de los asalariados en las utilidades de las empresas con fines de lucro (ver aquí)?
En otra dimensión, ¿se debe dejar de batallar por saldar la deuda histórica con los pueblos originarios (ver acá) y la defensa de los derechos humanos?
Una respuesta positiva a estas interrogantes es la que realizan los que se inclinan -por conveniencia- hacia el clásico acomodo a los poderes fácticos. Algunos se apoyan en la visión social-liberal de tipo blairista, que en Chile quieren hacer pasar por socialdemócrata .¿No tiene acaso más sentido decantar lo positivo de los soportes socialdemócratas y socialistas en la izquierda, seguir recogiendo el aporte del feminismo y de la ecología y proyectarlos al futuro, sin perjuicio de dejar atrás todo resabio de ortodoxia leninista (ver aquí).
Lo anterior no implica que no se plantee hoy un desafío democrático de envergadura, siguiendo a Judith Butler: “Hay una tendencia entre ciertos sectores a querer más orden social porque les asusta el caos. O lo que a ellos les parece que es caos. Temen a los migrantes, al feminismo, al movimiento LGTBIQ… Lo que quieren es tradición y orden, y creen que el autoritarismo puede dárselo. Eso, por un lado; por otro, está la gente joven, que cree que el futuro no existe, que la educación no les va a conseguir un trabajo y que no van a poder tener una casa en este sistema económico terrible que se ha gestado bajo una democracia. ¿Por qué deberían confiar en ella?”.
Sostiene Butler que “solemos ser demasiado analíticos, críticos e intelectuales. Y eso puede ser contraproducente, porque la gente puede pensar que nos creemos más listos que ellos. Incluso puede interpretarse como una actitud clasista contra quienes no han tenido los medios posibles para costearse una buena educación. Tenemos que ser más simples. Si la derecha apela al odio y a lo que llamo ‘nostalgia furiosa’, la izquierda debe buscar referentes de corazón abierto, que hablen de amor y de tradiciones religiosas que se diferencien del nacionalismo cristiano”. Y agrega sobre Mamdani en Nueva York: “Él no es perfecto, pero es interesante. Durante su campaña, se acercó a los votantes de Trump y les preguntó por qué le apoyaban. ¿Qué temían y qué esperaban? Les preguntó, pero no les juzgó. Empatizó con esa gente, que resultó que no eran fascistas, sino que tenían problemas mundanos, y les propuso abordar sus preocupaciones de otra manera. Sólo así consiguió tener éxito con sus propuestas de mejora del transporte público y del control del mercado del alquiler. Son políticas que claramente ayudan a la clase trabajadora, pero que esta no siempre recibe tan bien como debería. La diferencia es que él, antes de presentarlas, supo empatizar con el votante. Es esencial que la izquierda deje de juzgar a la clase obrera que vota a la derecha.”
Esa es una pertinente recomendación, no basada en diagnósticos arbitrarios, que no debiera impedir retomar la idea de inspiración gramsciana de los años 1980 sobre la necesaria consolidación de un “bloque político y social por los cambios” mayoritario, con una plataforma actualizada centrada en la mejoría de las condiciones de vida cotidiana, de empleo y de seguridad de la mayoría social, en un país con mayores niveles de ingreso promedio, más participación de la mujer y más diverso en sus imaginarios y valores.
